El Tribunal Supremo ha confirmado la decisión adoptada en su día por el CGPJ al denegar la rehabilitación y el reingreso al servicio activo en la carrera judicial del exjuez Ferrín Calamita, condenado en 2009 a diez años de inhabilitación especial por el "retraso malicioso" de los trámites de adopción de una menor por dos mujeres casadas.

El Tribunal Superior de Justicia Murcia condenó a Ferrín Calamita a dos años por retardo malicioso en la Administración de Justicia con la agravante de desprecio a la orientación sexual por retrasar los trámites de adopción de una menor por parte de la mujer de su madre biológica en 2006, cuando era juez de familia.

Sin embargo, el Supremo, elevó la pena a diez años al apreciar prevaricación dolosa. Un tipo penal, que según la sentencia de lo Contencioso, "parece difícilmente compatible con la idea de rehabilitación" según la gravedad del delito, "el daño" a la Justicia y la relación con el cargo.

Y es que, según el Supremo, la prevaricación es el delito más grave que puede cometer un miembro de la carrera judicial dado que supone la quiebra de la esencia del poder judicial.

La Fiscalía también se opuso al reingreso del exjuez por la descripción de su actuación como "una auténtica compulsión homófoba".

También mencionó las "convicciones derivadas de su ideología jurídica o meta jurídica", expresión usada en la sentencia en la que el Supremo le condenó.