La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de procesar al president de la Generalitat, Quim Torra, por su negativa a descolgar los lazos amarillos y demás simbologías soberanistas de la fachada del Palau de la Generalitat y de otros edificios públicos y, a pesar de la orden expresa de la Junta Electoral Central (JEC) durante la campaña de las elecciones generales del 28-A, los días 11 y 18 de marzo, deja al jefe del ejecutivo catalán al borde de ser juzgado por un delito de desobediencia, el cual puede comportar pena de inhabilitación, o de denegación de auxilio.

Aunque el president acabó retirando los lazos amarillos de la fachada de la Generalitat y de otras sedes públicas, y sustituyéndolos por blancos, lo hizo fuera de plazo –el día 21 de marzo– para luego recurrir la orden.

En el auto dictado por el instructor de la causa abierta en el TSJC, Carlos Ramos, este solicita a las acusaciones ejercidas por la Fiscalía y VOX que redacten sus escritos de acusación o pidan la apertura de juicio oral en un plazo máximo de 10 días.
La defensa de Torra, ejercida por el abogado Gonzalo Boye, alega que el JEC no puede considerarse una "autoridad superior" y que además, la orden que emitió era "contradictoria"  y ni clara ni tampoco concreta. Este último argumento es el que, precisamente, esgrimió la defensa de Torra en el momento de sustituir los lazos amarillos por los blancos.
El escrito del magistrado Ramos se puede recurrir aunque rechaza la petición de archivo del caso hecha por Torra. Argumenta su decisión en el hecho de que el president tenía "perfectamente" a su alcance la posibilidad de cumplir los mandatos de la JEC e hizo caso omiso para optar por "persistir en la desobediencia".
El juez también indica que símbolos como lazos, esteladas y pancartas exigiendo la libertad de los presos del 'procés' a juicio en el Tribunal Supremo, ahora a la espera de sentencia, pueden ser "legítimamente utilizados" por las formaciones políticas en su propaganda electoral. Pero "no pueden ser exhibidos por las administraciones y por los poderes públicos sin infringir gravemente su deber de objetividad y de neutralidad, al menos no durante los periodos electorales".

El juez califica de "argucia" apelar al Síndic de Greuges

También se refiere el magistrado en su auto a la petición que hizo el president Torra al Síndic de Greuges, Rafael Ribó, para que este se pronunciara sobre la polémica. El defensor del pueblo catalán se pronunció el día 20 de marzo asegurando que se debía obedecer a la JEC.
Ramos califica de "argucia" este movimiento hecho por el president "con el propósito de disimular su firme designio de incumplir o, en cualquier caso, de retrasar lo máximo posible el cumplimiento del mandato del árbitro electoral". En esa misma jornada, el Govern publicó una nota de prensa en la que reconocía que se había mantenido el lazo amarillo tras cumplirse los plazos impuestos por la JEC.
Además, el escrito recoge que, un día antes del posicionamiento público de Ribó, la entonces portavoz del Govern, Elsa Artadi, afirmó en rueda de prensa tras la reunión del consejo ejecutivo que Torra había reafirmado su decisión personal de mantener la pancarta a favor de los políticos presos que pendía del balcón del Palau de la Generalitat en plaza de Sant Jaume.

Tampoco merece crédito para el magistrado la argumentación esgrimida por Torra en su declaración como investigado en este caso, el pasado 15 de mayo, reiterando que la JEC no tenía competencia. 

Cs alude al 155

El líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha exigido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que pregunte a Torra si acata la Constitución enviándole el requerimiento previo a la aplicación del artículo 155 en Cataluña y que, en caso de no hacerlo, lo aplique nuevamente.

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