El presidente del Govern, Quim Torra, ha dicho tras declarar ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que lo investiga por no retirar los lazos amarillos de edificios públicos en la campaña del 28A que "en defensa de la libertad de expresión" le encontrarán "en la primera línea hasta las últimas consecuencias".

En una declaración ante la prensa en el Palau de la Generalitat, también ha afirmado que "el presidente de la Generalitat no puede desfallecer nunca en la conquista de derechos y libertades" y que este es un "nuevo intento de que la libertad no triunfe".

Ha tachado, además, de nula de pleno derecho su causa judicial, porque considera que la Junta Electoral Central (JEC) no tiene competencias, pero está dispuesto a pagar "el precio que haga falta".

Torra ha argumentado que quien debía decidir sobre esa cuestión es la Junta Electoral Provincial (JEP), que asegura que es la competente en estos casos, y ha sostenido que los denunciantes recurrieron a la JEC porque hay "miembros afines al PP que se han expresado en contra del independentismo y de candidatos independentistas" a las elecciones.

Asimismo, ha afirmado que "el lazo amarillo no es un símbolo de partido, sino de democracia y de justicia".

"Cataluña es una nación que quiere la libertad, que respeta los derechos humanos", ha continuado, y ha añadido: "Pedimos que se abrace la democracia para respetar la voz del pueblo catalán".

Por otro lado, ha denunciado "la regresión democrativa, la deriba autoritaria y la vulneración de derechos del Estado español" y ha apuntado que "la represión no es el camino y negar los derechos fundamentales tampoco".

"No he ido al TSJC a defenderme, he ido a defender los derechos del pueblo de Cataluña", ha concluido.

Según fuentes jurídicas, Torra se ha escudado en el TSJC en que la orden de la Junta Electoral Central (JEC) era imprecisa. También ha hecho alusión a la libertad de expresión y a los derechos humanos -entre ellos los políticos-.

El presidente catalán, que se ha negado a responder a la acusación popular ejercida por Vox por "decencia democrática", sí ha contestado al fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres.

Torra ha terminado su declaración a las 11.15 horas, y ha prestado declaración unos 45 minutos ante el TSJC, que le investiga por un presunto delito de desobediencia al no acatar la orden de la JEC de retirar los lazos amarillos y las 'esteladas' de los edificios públicos, tras llegar acompañado de sus abogados Gonzalo Boye y Jaume Alonso-Cuevillas.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha pedido, tras escuchar la declaración como investigado por desobediencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, que el Síndic de Greuges aporte su informe recomendando la retirada de los lazos amarillos y quién y cuándo le solicitó que lo aclarara.

Así lo acuerda el magistrado del TSJC Carlos Ramos, en una providencia que ha redactado tras tomar declaración durante unos 40 minutos a Torra, quien ha apelado a la libertad de expresión y se ha escudado en que la orden de la Junta Electoral Central (JEC) que le ordenaba retirar durante la campaña del 28A los lazos amarillos y las pancartas a favor de los independentistas presos era imprecisa.

Tras la comparecencia de Torra, el juez ha remitido un oficio al Síndic de Greuges para que le facilite lo antes posible su resolución del 15 de marzo pasado relativa a la exhibición de símbolos ideológicos o partidistas en edificios y espacios públicos en período electoral.

Además, el juez requiere al Síndic que detalle "con precisión" la persona, la fecha y la forma -de palabra o por escrito- en que se le solicitó una aclaración a este informe, que emitió finalmente el 20 de marzo.

El Síndic, Rafael Ribó, hizo público el pasado 20 de marzo un informe en el que defendía la "plena libertad de expresión" en los edificios públicos, aunque durante "el período electoral" se mostraba "de acuerdo" con la orden de la Junta Electoral de que no hubiera ni lazos amarillos ni pancartas a favor de los presos en dependencias de la Generalitat.

Por ello, el Síndic recomendó a Torra que retirara los lazos, esteladas y otra simbología partidista solo durante el período electoral.

Ribó desveló en una rueda de prensa el 20 de marzo pasado que el documento ya estaba elaborado, de oficio, desde cinco días antes, el 15 de marzo, con las mismas conclusiones, y que Torra conocía su contenido porque tuvieron una conversación telefónica en donde se lo comunicó.

Pero ese día Ribó decidió no hacerlo público porque, según su versión, el presidente catalán le pidió una serie de "clarificaciones", que se resolvieron finalmente el 20 de marzo.

En concreto, según el Síndic, las aclaraciones que pidió Torra eran dos: qué se entendía por período electoral y qué sucedía en el caso de edificios de la Generalitat gestionados por personal público o funcionario.

El Síndic clarificó que el período electoral abarcaba desde el momento de la convocatoria de los comicios hasta la finalización de la votación, y sobre los funcionarios precisó que, si bien tienen derecho a la libertad de expresión en su puesto de trabajo, la administración puede circunscribirlo a "determinados espacios del interior de la dependencia" para garantizar la coexistencia de este derecho y el de una "administración neutral".

Paralelamente, el magistrado del TSJC que investiga a Torra por desobediencia también ha requerido al gabinete de Comunicación del presidente de la Generalitat que le remita una copia de las notas de prensa que difundió el 20 y el 22 de marzo relacionadas con los requerimientos de la Junta Electoral, precisando la hora en que fueron publicados.

Además, como es habitual en los procedimientos judiciales, solicita al registro central de penados la hoja histórico-penal actualizada del investigado.

Unas 200 personas se han concentrado este miércoles ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para arropar a Torra.

La ANC, Òmnium, AMI y ACM han convocado una movilización de apoyo a Torra a las 9.30 horas, que ha contado con presencia de alcaldes y de representantes de la sociedad civil y de la cultura catalana.

Torra ha hecho un recorrido a pie desde Arc de Triomf hasta la escalinata de acceso al Palau de Justícia, sede del TSJC, acompañado de miembros del Govern; representantes de partidos independentistas; la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie; el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, y los presidentes de la AMI y la ACM, Josep Maria Cervera y David Saldoni, respectivamente.

Los concentrados han gritado proclamas como 'President', 'Independència' y 'Lo llaman democracia y no lo es', y Torra los ha saludado ante la puerta del TSJC antes de entrar a las 10.21 horas acompañado de sus abogados y su esposa.

Al salir del tribunal, donde está citado en la sala de declaraciones de la Sala Civil y Penal, Torra hará una comparecencia ante los medios de comunicación desde el Palau de la Generalitat.

Torra fue citado en una providencia del magistrado instructor de la causa, Carlos Ramos, el 6 de mayo, después de que el 2 de abril el alto tribunal catalán admitiera a trámite la querella presentada contra él por la Fiscalía Superior de Catalunya por presunta desobediencia.

En un tuit esta mañana, Torra ha avanzado que irá "a acusar al Estado de esta deriva autoritaria" y ha añadido: "Con la libertad de expresión, hasta las últimas consecuencias".

Antes de entrar, en la escalinata del TSJC y junto a su mujer, que le ha acompañado, Torra ha mostrado el pulgar de la mano hacia arriba y ha saludado con la mano abierta a los asistentes.

El presidente catalán ya explicó, al recibir la citación, que ante el juez defendería la "libertad de expresión" y asumirá las consecuencias en su declaración, y valoró que, a su juicio, la Junta Electoral ha demostrado parcialidad y arbitrariedad en sus decisiones.

En su querella, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, atribuyó a Torra un presunto delito de desobediencia a resoluciones judiciales o a decisiones u órdenes de la "autoridad superior", cometido por una autoridad o funcionario público.

Según el Ministerio Público, el presidente incumplió "consciente y deliberadamente" lo decidido por la JEC en dos acuerdos del 11 y el 18 de marzo, en los que ordenaba la retirada de banderas no oficiales y símbolos partidistas en cualquier edificio público de la Generalitat, en base al deber de imparcialidad y de actuar al margen de cualquier posición ideológica.

La querella también indicaba que la JEC dictó un nuevo Acuerdo el 21 de marzo de 2019 en el que, después de constatar el "flagrante incumplimiento" de las órdenes, decidió ordenar al conseller de Interior, Miquel Buch, que ordenara a los Mossos d'Esquadra retirar los símbolos.

El fiscal consideró que el mandato de la JEC, como máxima autoridad administrativa en materia de control de los procesos electorales, ha sido reiteradamente desatendido, según él "circunstancia de especial gravedad en cuanto incide directamente en el derecho de participación política de la ciudadanía".

Para él, esta negativa "no puede quedar enmascarada ni por una supuesta voluntad de acudir a otros órganos informantes, que carecen de cualquier competencia", en alusión al Síndic de Greuges, ni por la sustitución de los símbolos por otros que según él pretendían significar lo mismo.

El vicepresidente de la ANC, Pep Cruanyes, ha tildado de "represión política" la citación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, a declarar en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por un presunto delito de desobediencia y ha acusado al Estado de parecerse a un Estado no democrático.

"Tenemos que plantar cara ante esta situación que cada vez se parece más a un Estado ademocrático. Nos acercamos a lo que era el franquismo", ha alertado en declaraciones a los medios durante la concentración de apoyo a Torra ante el TSJC.

La presidenta de la entidad, Elisenda Paluzie, ha sostenido que esta declaración es una "muestra más de la represión política que utilizan las diferentes instituciones del Estado" y ha tachado a la JEC de censurar la libertad de expresión por haber ordenado retirar lazos amarillos.

El diputado electo de ERC en el Congreso de los Diputados Gerard Gómez del Moral ha criticado este miércoles que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, haya sido citado a declarar en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC): "Estamos hartos de que la respuesta sea siempre el Código Penal a las reivindicaciones políticas de la sociedad catalana".

Lo ha dicho en declaraciones a los medios, en la concentración de apoyo a Torra.

Gómez del Moral ha enmarcado esta citación en la "causa general contra el independentismo" que considera que la justicia española está haciendo y ha insistido en que seguirán manifestándose para defender la democracia, los derechos civiles, la libertad y la justicia.

El presidente de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Josep Maria Cervera, ha llamado a no normalizar la situación de "regresión democrática" que cree que vive Catalunya.

Lo ha dicho este miércoles en la concentración de apoyo al presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Cervera ha asegurado que tras las elecciones municipales del 26 de mayo los ayuntamientos catalanes no solo se tendrán que preocupar de la gestión de sus municipios, sino que también deberán "velar" para que se respeten los derechos políticos de la ciudadanía.

El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha advertido este miércoles de que no normalizarán la "represión" y siempre defenderán derechos fundamentales como el de la libertad de expresión tras acompañar a Torra a declarar ante al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

"Estamos aquí para defender la libertad de expresión que Torra ha querido defender, como también defiende Jordi Cuixart y el resto de presos políticos desde el Tribunal Supremo", ha subrayado en declaraciones a los medios ante el TSJC.

También ha dejado claro que no darán un paso atrás en la defensa de los derechos fundamentales y las libertades "porque esto sería poner en riesgo la propia democracia".

El presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM), David Saldoni, ha pedido este miércoles "no confundir la propaganda política con la libertad de expresión" que, a su juicio, representa colgar lazos amarillos en las instituciones públicas.

Lo ha dicho también en declaraciones a los medios durante la concentración de apoyo al presidente de la Generalitat.

Saldoni ha argumentado que colgar lazos es una muestra de libertad de expresión, por lo que ha pedido no perseguir los lazos amarillos y las pancartas que se cuelgan en los ayuntamientos y en la Generalitat: "Queremos que haya libertad para poder poner democráticamente lo que queramos en las fachadas de los ayuntamientos, que es lo que han decidido los plenarios".

La alcaldesa de Barcelona y candidata de BComú a la reelección, Ada Colau, ha considerado "desproporcionado y fuera de lugar" juzgar al presidente de la Generalitat por mantener los lazos amarillos en los edificios públicos en la campaña del 28A, contra la orden de la Junta Electoral Central.

"Denuncio una vez más esta judicialización que está impidiendo el debate político que todos nos merecemos. Tenemos discrepancias políticas y las queremos debatir políticamente y no alteradas por esta intervención judicial permanente que creo que nos aleja de la solución", ha considerado la líder de los comunes.