La sala presidida por el juez Manuel Marchena expondrá este martes sus conclusiones finales y reiterará su acusación de rebelión con una condena de 25 años de cárcel para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras.

Tres meses después del comienzo de la vista oral del juicio del 'procés', el ministerio público se reafirma en sus argumentos, que considera respaldados por el testimonio del que fuera mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, quien declaró que advirtió al Gobierno de la Generalitat del peligro de acciones violentas si mantenía la convocatoria del 1-O.

A continuación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado expondrán también sus conclusiones. Rosa María Seoane les acusa de sedición y solicita su mayor pena, 12 años de cárcel, también para Junqueras. Después intervendrá la acusación popular ejercida por Vox.

El ministerio público enmarcará la "situación insurreccional" de Cataluña durante el otoño de 2017 amparándose en la declaración de Trapero o del comisario de los Mossos Ferran López. Ambos dijeron en su declaración como testigos que advirtieron expresamente al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont del riesgo de actos violentos y le pidieron que desconvocara el referéndum.

La cúpula de cuerpo autonómico se reunió con Puigdemont, Junqueras y el exconseller de Interior Joaquim Forn para alertarles de que podría haber enfrentamientos y de que los Mossos estaban dispuestos a cumplir con el mandato judicial que prohibía el referéndum y cuya desconvocatoria era lo único que podía garantizar la seguridad. El expresident aseguró en esa reunión que "si el 1 de octubre había violencia declararía la independencia".

Además, después de escuchar a centenares de testigos, la Fiscalía considera que fue la ANC la que provocó un cambio en la hoja de ruta y que el referéndum se adelantara a septiembre de 2017.

La Fiscalía mantiene la acusación por rebelión contra Oriol Junqueras y los otros ocho acusados de este delito en el juicio del 'procés' y eleva a definitivas sus conclusiones provisionales. Sin embargo, el ministerio público ha modificado sus conclusiones en lo relativo a los miembros de la Mesa del Parlament porque serán juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Una vez terminada la exhibición de las pruebas documentales, la Fiscalía aseguran que hay motivos para mantener la acusación de rebelión porque considera acreditado el uso de violencia "permitida y dirigida" por los líderes independentistas.

La Abogacía del Estado, que les acusa de sedición, también mantiene su acusación. El que fuera vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, se enfrenta a una pena de 25 años de cárcel como cabeza visible del 'procés'. En sus conclusiones provisionales, y ya definitivas, la Fiscalía solicitaba en total 176 años para los 12 acusados: la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; el entonces líder de ANC, Jordi Sànchez; el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y ocho exconsellers del Gobierno que presidía Carles Puigdemont. El ministerio fiscal mantiene, por tanto, la acusación de malversación y rebelión contra el exvicepresident Oriol Junqueras, para el que pide 25 años; para el exportavoz del Govern Jordi Turull y los exconsellers Joaquim Forn, Dolors Bassa, Josep Rull y Raül Romeva solicita 16 años por malversación y rebelión; para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell pide 17 años por rebelión; para el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y para el líder de Òmnium, Jordi Cuixart, solicita 17 años por sedición y rebelión, y para los exconsellers Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs pide siete años por malversación y desobediencia.

Además de retirar la mención a los miembros de la Mesa del Parlament, el fiscal Jaime Moreno anunció cambios que no afectan al núcleo de sus conclusiones en relación a Unipost, a la reunión del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont con la cúpula de los Mossos d'Esquadra y a la hoja de ruta de la ANC.

En su escrito, el ministerio público indica que la concesión del tercer grado penitenciario debe condicionarse al cumplimiento de la mitad de la pena de prisión que finalmente imponga el Tribunal Supremo. Este aspecto no figuraba en las conclusiones provisionales de la fiscalía que ahora "interesa la aplicación del artículo 36.2 del Código Penal, en los términos que establece la citada previsión legal", de manera que "la concesión del tercer grado penitenciario debe condicionarse al cumplimiento de la mitad de la pena de prisión que finalmente se imponga", que según fuentes del ministerio público es un inciso habitual en los escritos de calificación siempre que se juzga un delito muy grave.

También la Abogacía del Estado transforma en definitivas sus conclusiones iniciales de sedición.

Por su parte, la acusación popular de Vox ha retirado la acusación por organización criminal y malversación de caudales públicos que formulaba sobre el exconsejero Santi Vila, y mantiene para él la acusación de desobediencia.

Igualmente, los abogados de las defensas han elevado a definitivas sus conclusiones. Los letrados que representan a Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Cuixart solicitan como aplicación subsidiaria una "circunstancia eximente" para sus defendidos. La eximente que piden las defensas de estos seis acusados de modo "alternativo y subsidiario" es la que contempla el artículo 20.7 del Código Penal, que cita siete supuestos en los que una persona está "exenta de responsabilidad criminal". En concreto se acogen al punto 7, que exime a quienes obran "en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo".

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