La armadora del 'Prestige', imputada como responsable civil directo de la catástrofe

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Corcubión (La Coruña), María Jesús Souto, decretó el embargo de bienes y cuentas de la armadora del "Prestige", Universe Maritime LTD., a la que ha imputado como responsable civil directo de la catástrofe ecológica que ocasionó el vertido del petrolero.
Souto, que con esta decisión ha dado un vuelco al proceso judicial, exige en el auto el pago de una fianza de más de 87 millones de euros para garantizar "las posibles responsabilidadespecuniarias y que se afiancen y aseguren sus bienes allí donde seencuentren" para hacer frente a los gastos derivados del vertido.

Esta medida preventiva, que podrá ser recurrida por la empresa en laAudiencia Provincial de A Coruña, respalda la tesis que había defendidola Abogacía del Estado, que era partidaria de ir contra el entramadoempresarial existente en torno al petrolero.

La juez, quienrecientemente asumió la instrucción del caso que sesigue en Corcubión, considera que existen indicios de que el capitándel petrolero, el griego Apostolous Mangouras, no actuó sólo, sino quelo hizo con el respaldo de su empresa, informaron fuentes jurídicas.

Por este motivo, ha decidido imputar a la armadora, como solicitó elMinisterio Fiscal, por entender que ésta "es quien controla lasincidencias durante la navegación del barco, negocia el rescate y aquien se dirigen todas las pretensiones posteriores".

Para avalar la implicación de los propietarios del "Prestige", latitular del Juzgado de Instrucción número 1 de Corcubión
aduce "lascontinuas comunicaciones" entre el capitán del barco y la empresaarmadora que es quien "asume en todo momento el control de los hechos".

Entre las pruebas aportadas para adoptar esta decisión, y que laAbogacía del Estado considera cruciales, destaca el
vídeo tomado desdeel helicóptero de la Xunta "Pesca II" en el momento en que el "Ría deVigo" acudió a remolcar al petrolero.

De esta forma, señala que existen motivos "más que suficientes" paradeterminar la mora, entre ellos el hecho de que
el Estado español llevapagadas indemnizaciones por más de 87 millones de euros.

La titular de este juzgado coruñés pide que la medida cautelar seejecute mediante el embargo de bienes y activos financieros, cuentascorrientes, dinero en efectivo y otros muebles o inmuebles de quepudieran ser propiedad de la armadora.

Para que se haga efectiva esta solicitud, Souto autoriza a que seapliquen los instrumentos de las correspondientes comisiones rogatoriaspenales, a través del auxilio judicial en el ámbito de la UniónEuropea, para garantizar el pago de las posibles responsabilidades.
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