Las monjas de una residencia en Ávila niegan haber manipulado las papeletas de discapacitadas para votar a Vox

Unas monjas del convento de las clarisas ejercen su derecho el 28-A.
Unas monjas del convento de las clarisas ejercen su derecho el 28-A.
EFE/J.M.GARCÍA
Unas monjas del convento de las clarisas ejercen su derecho el 28-A.

Las religiosas de la residencia de Gotarrendura (Ávila) han negado haber manipulado los votos de sus internas, todas ellas con discapacidad intelectual, en las pasadas Elecciones Generales, ni haber inducido a las residentes a votar a Vox y han asegurado que solo las ayudaron en aspectos "secundarios".

"Las religiosas que gestionan dicho Centro no han inducido ni manipulado de forma alguna el voto de las internas, ejerciendo éstas su derecho al voto de manera completamente libre, individual y personal", aseguran en un comunicado remitido a Europa Press.

Las monjas se refieren a distintas informaciones, según las cuales las religiosas de la residencia Villa Santa Teresa supuestamente habrían preparado las papeletas de las internas para que votaran a Vox, partido que fue el más votado en ese municipio.

Las responsables de la residencia afirman que las internas "han podido en todo momento elegir su voto entre todas las opciones posibles" en las pasadas Elecciones Generales y explican que las Hermanas del Centro "únicamente" las han "ayudado en aspectos secundarios, como acompañarlas desde el Centro hasta el colegio electoral".

Denuncia por irregularidades

El pasado martes, la Asociación Plena Inclusión anunció que iba a pedir al Ministerio Fiscal que investigara las supuestas irregularidades en la residencia para ver si se ha vulnerado la Ley electoral o el Código Penal.

En un comunicado, la Asociación recuerda que estas supuestas irregularidades, reveladas por el diario El País, apuntan a que no se respetó el derecho de las mujeres de libre elección. De acuerdo con el diario, una de las internas aseguró: “Las hermanas nos dieron la papeleta y nos dijeron que no comentásemos nada”.

A juicio de Plena inclusión, estos hechos y la publicidad que se hace de ellos "resultan especialmente graves para un colectivo que ha tardado años en conseguir el pleno reconocimiento de este derecho al voto, y que finalmente lo logró a finales del año pasado para 100.000 personas privadas del mismo".

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