El empresario Ángel Pérez-Maura, emparentado con la familia Botín, ha sido detenido en el caso Villarejo por el pago de 10 millones de euros al excomisario para evitar su extradición a Guatemala, que le acusa de sobornar en 2016 al gobierno guatemalteco con 30 millones de dólares para que favoreciera a su naviera.

La Policía ha detenido también en el marco de la denominada pieza Pit del caso Villarejo a otras cuatro personas: el empresario Adrián de la Joya, imputado en el caso Lezo; el hermano de Pérez-Maura, Álvaro, así como a Francisco Javier Soucheiron Marcet, CEO de la naviera catalana Grup Maritim TCB, y al abogado Enrique Maestre Cavanna, según informa en una nota la Fiscalía Anticorrupción.

Además de las detenciones, que han sido practicadas por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, se han realizado diversos registros en sus respectivos domicilios así como en el de algunas sociedades vinculadas a los hechos objeto de investigación.

En este procedimiento se investiga el pago de una comisión de 30 millones de dólares entre los años 2012 y 2015 al expresidente y a la exvicepresidenta de Guatemala, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, entre otros.

Con este soborno pretendían que la mercantil Grup Maritim Terminal de Contenedores de Barcelona S.L., a través de su filial en Guatemala Terminal de Contenedores Quetzal S.A, obtuviera de forma ilícita del Gobierno guatemalteco la adjudicación para la construcción y explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal, según Anticorrupción.

Estos hechos llevaron a las autoridades guatemaltecas a reclamar la entrega de Pérez Maura, que finalmente fue denegada por la Audiencia Nacional.

En la pieza Pit se investiga también la contratación por 10 millones de euros del entramado empresarial del excomisario José Manuel Villarejo por la mercantil A Pérez y Cia S.L., para tratar de impedir la detención y extradición reclamada por Guatemala el 14 de abril de 2016. Trataba así, según la Fiscalía, de obtener su impunidad en los procedimientos penales que pudieran incoarse contra él tanto en Guatemala como en España.

El Confidencial, que ha adelantado las detenciones, vinculó con este procedimiento de extradición al exjuez Baltasar Garzón y a la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, como posibles intermediarios. Ambos lo han negado y, de hecho, la Fiscalía de la Audiencia Nacional desvinculó a la ministra, entonces fiscal en este tribunal, de este procedimiento de extradición.

Hoy, en su nota, Anticorrupción destaca que la investigación no atañe a la ministra y señala que no consta tampoco que tuviera intervención alguna en el procedimiento de extradición.

Guatemala pidió la entrega de Pérez-Maura por los delitos de asociación ilícita, fraude y cohecho, pero la Audiencia Nacional, cuando denegó su entrega por ser de nacionalidad española, afirmó que en España solo se le puede investigar por este último delito y abrió la puerta para poderle enjuiciar en territorio español.

Ello "resultaría sumamente fácil", según indicó el tribunal, y se haría "mediante la aportación de la oportuna documentación" por parte de Guatemala.