La lucha global contra los alojamientos turísticos ilegales y los ofrecidos por el gigante tecnológico Airbnb ha recalado esta semana en Barcelona con la reunión internacional de 33 asociaciones hoteleras del mundo bajo el auspicio del Gremi d'Hotels de Barcelona, la segunda edición de las jornadas ReformBnB. Los empresarios quieren afrontar esta competencia "desleal" desde una perspectiva local, pues son las autoridades municipales y autonómicas (en el caso español) las que legislan en esta materia, y teniendo muy presente el modelo iniciado por Barcelona, al que califican de "pionero y exitoso" desde asociaciones turísticas de ciudades del peso de París o Nueva York.

Dicho modelo inspector, puesto en marcha en 2016, ha logrado cerrar definitivamente un total de 3.038 los pisos turísticos ilegales que operaban desde Airbnb en la capital catalana con un plan de choque centrado en tres medidas: la imposición de sanciones por malas prácticas en el mercado, que en el caso de esta empresa asciende a 600.000 euros y tienen recurridas; la obligación de que los apartamentos ofertados publiquen su número de licencia para verificar que cumplen con todos los requisitos legales y la batalla 'por la imagen', punto fundamental para esta compañía, y que le ha llevado a colaborar con el Consistorio activamente para reducir los "malos actores" en su plataforma.

El plan ha reducido de 5.875 a 272 los anuncios ilegales en webs, a fecha del pasado mes de marzo, y casi 1.200 de estos apartamentos han vuelto a incorporarse al parque de alquiler residencial de la ciudad.

Este martes, el regidor de Turisme del Ajuntament, Agustí Colom, ha abierto la puerta en una intervención dentro de este encuentro sectorial a la entrada en marcha de una cuarta medida: gravar un IBI comercial a los apartamentos turísticos y una tasa turística como la que abonan los establecimientos hoteleros, de 2,25 euros, que sirva como medida de legalización y "disuasoria" de su actividad ilícita.

Colom ha cifrado en 6.500 los apartamentos turísticos sin licencia que podrían seguir operando en la ciudad frente a los 9.606 legales. Los ilegales que se ofertaban desde plataformas online prácticamente han desaparecido a partir de la actividad inspectora iniciada por el Consistorio. Una tercera vía que ha contemplado el regidor pasa por conceder "licencias temporales dinámicas" que permitan una rotación de las mismas entre los diferentes barrios en función de su nivel de saturación de oferta de apartamentos turísticos.

Todas estas medidas incidirían, ha comentado el regidor, en una "menor rentabilidad para el propietario y el intermediario del inmueble que podría llevarles a operar de nuevo en el mercado inmobiliario".

Según ha explicado el presidente de la Asociación Hotelera de Nueva York, Vijay Dandapani, los hoteleros pagan unos 3.000 millones de dólares de impuestos en esta ciudad, mientras que Airbnb paga 500.000 dólares en todo Estados Unidos. En Barcelona, los hoteles aportan anualmente más de 320 millones de euros en impuestos (IVA, sociedades, sobre actividades económicas e IBI), en cálculos del Gremi d'Hotels, y recaudan al año más de 20 millones de euros del impuesto turístico (la mitad del cual va a parar al Ajuntament, que destina unos 4,5 de ese total a la promoción turística de Barcelona).

Aunque hecha la ley local, hecha "la trampa", ha apuntado el regidor y también el  secretario general del Gremi d'Hotels de Barcelona, Manel Casals, que ha elevado la cifra de apartamentos turísticos sin la correspondiente licencia "a entre 8.000 y 9.000". Se trata de la conversión de estos pisos a "habitaciones turísticas" aprovechando el vacío existente en la legislación catalana, ha recordado Colom. Actualmente no se puede sancionar esta actividad al no haber una regulación previa, según la única sentencia dictada hasta el momento. La Generalitat lleva años trabajando en un marco normativo.

Asimismo, Casals ha calificado de "muy buen trabajo" las medidas tomadas por el Ajuntament contra la oferta ilegal durante el mandato de Ada Colau teniendo en cuenta que no tiene capacidad reguladora.

Colom ha recordado que "las plataformas no están tan preocupadas por los importes económicos de las sanciones como por quedarse sin oferta en sus sitios web". Un modelo que Barcelona podría implantar respecto a las habitaciones es el incorporado en Nueva York o en Amsterdam, donde los particulares pueden alquilar habitaciones "si no es una actividad profesional".

El decreto de regulación del turismo para regular estas habitaciones turísticas, en el que está trabajando la Generalitat, podría obligar a que los propietarios hayan de obtener una autorización y también pagar una tasa turística durante los siete primeros días de estancia. Lo ha avanzado Anna Martínez, subdirectora d'Inspecció Turística de la Direcció General de Turisme, quien ha afirmado que podrían estar operando hasta 15.000 de estas habitaciones en el área metropolitana de Barcelona.

Por otra parte, algunos hoteles de la capital catalana se anuncian desde la plataforma Airbnb, caso de los de las cadenas Yurbban, Room Mate, Axel, Vincci y Casa Bonay.

Fruto de las reuniones llevadas a cabo estos días en Barcelona, los actores turísticos presentes han consensuado un paquete de recomendaciones a las administraciones territoriales para luchar contra la oferta ilegal, tales como aprobar por ley un número de registro para cada alojamiento, el cumplimiento de una serie de normas de seguridad e higiene en cada vivienda turística y marcar niveles de responsabilidad tanto para los anfitriones como para las plataformas.

La plataforma Airbnb ha criticado mediante un comunicado emitido este mismo martes que los grupos hoteleros reunidos en la cumbre ReformBnB vayan en contra de la compañía "para proteger sus ganancias" y ha asegurado que seguirán trabajando por un modelo de negocio turístico "que facilite que todos puedan beneficiarse".

También ha recordado que, en paralelo a este ataque, "los anuncios de habitaciones de hotel en su plataforma han aumentado más de un 150% en el último año" y que trabaja con hoteles boutique, B&B y albergues para "brindarles nuevas formas de atraer a los mejores huéspedes".

La plataforma ha explicado además que Barcelona no cuenta con una regulación "para compartir el hogar" y que las grandes cadenas de hoteles "han presionado de manera sistemática para que las familias locales no puedan recibir huéspedes en sus hogares".