Uno de los agentes de la Guardia Civil encargados del análisis de los correos de la exconsellera catalana Dolors Bassa declaró este miércoles como testigo en el juicio del 'procés', donde aseguró que Bassa recibió un correo del secretario general de su departamento, Josep Ginesta, en el que le remitía el acuerdo del Govern de la Generalitat, del mes de septiembre de 2017, que autorizaba a las consejerías a realizar "los gastos, acciones administrativas y cesiones de instalaciones públicas para llevar a cabo el referéndum" del 1-O.

Durante su declaración, el agente explicó que entre los 1.000 y 1.500 correos de la entonces consellera Dolors Bassa se hace una selección de 14, que son los que constan en el informe que realizan los agentes. El criterio de selección respondía, explicó, a los que "entendemos que pueden tener relación con la causa que se está investigando".

De esta manera, el testigo concretó que entre los correos de Bassa se encontraba el "acuerdo del Govern en el que se autorizaba a los departamentos para realizar los trámites para las contrataciones necesarias para el referéndum del 1-O". En este sentido, continuó, el secretario general del departamento de Trabajo, Josep Ginesta, "le remite por correo este acuerdo del Govern, de septiembre de 2017, para autorizar los gastos, acciones administrativas y cesiones de instalaciones públicas para llevar cabo el referéndum".

Además, añadió, "en la parte final enumera una serie de hechos jurídicos, como la publicidad, contratación de páginas web, compra de urnas, boletos, voto en el extranjero, censo...". El último párrafo de este correo "dice que esta medida se adopta de forma colegiada y se asume solidariamente entre todos los miembros del Govern", apuntó el testigo.

En relación a los enviados por la exconsellera, el guardia civil recordó uno enviado al secretario general de CCOO en Cataluña, Javier Pacheco, para informarle del derecho de los trabajadores a ausentarse durante la jornada del 1-O para ejercer su derecho a voto. "Esto iba acompañado de la ley del referéndum y otras normas complementarias", explicó, así como un correo en el que Bassa "recibe una nota interna, a la que le da el visto bueno, para hacer llegar a todos los trabajadores de la Conselleria por la respuesta e indignación creada por lo que define como un acto injusto de la Fiscalía y les anima a seguir así".

Durante el registro de la Conselleria de Treball, el 20 de septiembre, recordó que también se registró el despacho de Josep Ginesta, en el que se encontraron "la planificación de la legislatura, un proyecto de bienestar social y otro de implementación del voto telemático en el extranjero", entre otros documentos.

También el del empleado de David Palanques, donde había "documentos relacionados con tributos, contribuciones y la agencia catalana de bienestar social", y el del gestor de proyectos de la Conselleria, David Franco, donde "se intervinieron soportes informáticos y un proyecto de centralización de proyectos estatales y contribuciones".