La Generalitat contaba con un plan para después del referéndum ilegal del 1 de octubre, pero esa hoja de ruta intentó ser destruida por Josep Lluís Salvadó, asesor del entonces vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras. Salvadó pidió a su secretaria que tirase "por el balcón" esas notas antes de que pudieran ser incautadas por la Guardia Civil en el registro de su despacho el 20 de septiembre de 2017. En cambio, los agentes no dieron tiempo a la empleada para que cumpliera con las órdenes: encontraron los documentos en una papelera. Así lo reveló uno de los guardias civiles que declararon ayer en otra jornada del juicio del procés.

Salvadó, a quien ERC expedientó por afirmar que había que contratar a las mujeres por su físico, guardaba un total de ocho documentos que dividían la deriva del Govern en cuatro fases: noche electoral, recuento y proclamación formal, transitoriedad jurídica y proceso constituyente. Además, también se incautó un dossier con dos hojas manuscritas bajo los títulos "Escenario de guerra" y "Escenario de guerrilla", los cuales recogían las "posibles respuestas" por parte del Gobierno español.

Por otra parte, el agente reveló que durante el registro hubo un "pequeño forcejeo" cuando Oriol Junqueras se personó acompañado de unas diez personas, algunas de las cuales grabaron el momento con su móvil. Pese a que le dijeron que no podía tener contacto con Salvadó, Junqueras "hizo caso omiso, lo saludó, se abrazaron o se dieron la mano" y mantuvieron una breve conversación.

Los movimientos de los manifestantes centraron la comparecencia de otro agente,encargado de las diligencias en la Conselleria de Exteriores tras el arresto de Xavier Puig Farré, responsable del área de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Generalitat. "En la Conselleria empezó a concentrarse gente rápidamente, con una actitud cada vez más crispada", desveló, para añadir que la secretaria judicial salió escoltada y estuvo "llorando" mientras los congregados "zarandeaban" el coche en el que iba. Trataron incluso de "sacar al detenido" de otro vehículo policial. El testigo situó a Carme Forcadell en el lugar. La expresidenta del Parlament pasó por la zona en coche oficial y "alentó a la masa".

Otro de los testigos –todos ellos comparecieron sin mostrar su rostro ni dar a conocer sus datos– se centró en lo ocurrido en la Conselleria de Economía el 20-S. Este agente debía llevar a Josep María Jové, mano derecha de Oriol Junqueras, a la Conselleria para practicar un registro y apuntó que era "imposible" acceder por la concentración. Cuando contactaron con el líder de la ANC, Jordi Sànchez, este dijo que no permitiría que entrara "ningún vehículo de ninguna comitiva".

El mismo agente intentó arrojar luz sobre uno de los nombres más mencionados a lo largo de la vista. Asoció al "tal Toni" que encargó las campañas de publicidad del 1-O con Antoni Molons, secretario de Difusión del Govern, que se negó a declarar en el Supremo por estar investigado en otra causa. A esa revelación se llegó después de que la Benemérita encontrase en el domicilio del propio Molons una tarjeta prepago que usó para ponerse en contacto con Enric Vidal, el diseñador gráfico que hizo de mediador con las imprentas para terminar de confeccionar los carteles promocionales.

El último de los guardias en sentarse ante la Sala explicó cómo se desarrollaron los registros en las sedes de Unipost en Terrassa y Manresa, que según el agente se llevaron a cabo después de que recibieran "una llamada anónima que decía que se guardaba material sobre el referéndum".

Reconoció que había "gente concentrada" que fue desalojada por los Mossos. Entre las dos operaciones, la Guardia Civil incautó 45.000 sobres con notificaciones de las mesas del 1-O. En dichos actos, eso sí, se vivieron momentos de tensión. El testigo confesó que hubo "un intento de atropello" a un agente, pero también otros más graves: "Patadas en la cabeza a dos agentes" o "lanzamientos de sillas", especificó. También acusó a los Mossos de "pasividad" ante estas acciones.

Además de los testigos policiales, también se sentó ayer en el Tribunal el exsubsecretario de Hacienda con Cristóbal Montoro, Felipe Martínez Rico. Explicó que no se puede descartar que se destinasen fondos públicos al 1-O porque la información remitida por la Generalitat, que estaba intervenida, fue a veces "inexacta" y los controles de Hacienda no responden a "la realidad material de los hechos". Según Rico, cuando la información no fue clara "se tomaron medidas" y se remitió a la Fiscalía General del Estado hasta en tres ocasiones. En cambio, el exministro Montoro elevó esa cifra a siete en su declaración y el expresidente Mariano Rajoy habló de nueve notificaciones en total.

Otro agente ha declarado que existen cinco notas de entrega a Unipost con el sello original de salida de cada uno de los cinco departamentos de la Generalitat con un pedido oficial de 5,6 millones de tarjetas censales y 56.000 certificaciones para mesas electorales el 1-O.

Los encargos de Presidencia, Vicepresidencia, Economía y Hacienda, Trabajo y Asuntos Sociales eran para repartir las 56.000 cartas certificadas a los componentes de las mesas electorales del 1-O y las 5.346.734 tarjetas censales. Dichos encargos entraron en el sistema de contabilidad de Unipost, que a su vez generó una secuencia de facturas que quedaron en suspenso en cuatro de las cinco consellerías, salvo en Trabajo.

Aquí, la secuencia informática generó una factura final que se intentó cobrar a esta consellería, si bien fue rechazada en dos ocasiones por ese mismo departamentos: una por un error en la numeración de la factura y otra por un operario. Ninguna se pagó.

El agente ha explicado que existió una petición a Unipost en base a un contrato marco para que se repartiera todo este material electoral y aunque no se materializó porque la Justicia intervino, esa gestión sí que generó un compromiso de gasto, que está aun pendiente y que asciende a 979.661,96 euros.

En el juicio, el exconseller Jordi Turull aseguró que no hubo "ningún encargo ni ninguna adjudicación" ni se habló "absolutamente con nadie" para encargar material electoral. No obstante, un directivo de Unipost reveló en la vista oral que acudió un sábado de septiembre a un polígono de Barcelona a un encuentro con unos "transportistas" que le entregaron tres palés con las miles de certificaciones de mesas electorales con el logotipo de la Generalitat y sin albarán.