Puzle y rompecabezas se utilizan como sinónimos pero no son lo mismo. El puzle es un juego plano con un número variable de piezas que tienen que ensamblarse, con sus entrantes y salientes, para formar un dibujo. Un rompecabezas, en cambio, es un puzle múltiple, formado por varios cubos que, convenientemente arrimados, permiten formar diversas imágenes. Pues bien, el procés tiene mucho de puzle para probar la malversación y bastante de rompecabezas para que aparezca por algún lado el delito de rebelión o sedición. La testifical del exministro Cristóbal Montoro puso el marco general para reconstruir la malversación al reconocer que detectaron posibles desvíos de fondos para el referéndum, denunciándose todo ello ante la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas. Este martes, su número 3, Felipe Martínez Rico, fue más allá al admitir que pudo producirse un uso fraudulento del dinero pese a los controles de Hacienda, porque la información remitida por la Generalitat a menudo fue inexacta y se detectaron problemas en diversos expedientes. "Una cosa son los certificados formales y otra la realidad material de las cosas", resumió. El exsubsecretario del Ministerio apuntó irregularidades en la "campaña de civismo", de la que derivaron los anuncios de las vías del tren en TV3 con dos facturas emitidas, y en los gastos de Diplocat.

Si Martínez Rico completó el perímetro del puzle, el guardia civil (K47019K) fue el testigo revelación al colocar en su lugar valiosas piezas para acreditar la malversación ante la protesta de las defensas. Suministró una enorme cantidad de información al haber participado en diversas pesquisas del juzgado 13 de Barcelona. Señaló los gastos de la campaña "catalanes en el extranjero", con la creación de un registro de votantes que más tarde se vincularía al 1-O. Incidió en los anuncios que la máxima responsable de TV3, Núria Llorach, calificó en su momento de campaña de pago. Explicó con solvencia que la Generalitat contrajo con Unipost un compromiso de pago y que hubo dos intentos de cobrar una de las facturas.

También aclaró el novelesco mecanismo que Antoni Molons, responsable de Difusión del Govern, había establecido para relacionarse con sus proveedores a través de móviles de prepago cuya tarjeta SIM la Policía encontró en un jarrón de su domicilio cuando fue detenido. Y remató su testifical con los gastos en observadores y visitantes internacionales de Diplocat, vinculados inequívocamente al 1-O, que la Generalitat abonó casi en su totalidad.

El puzle de la malversación va cogiendo forma. El rompecabezas de la rebelión, otro día.