La presidenta del Congreso, Ana Pastor, sigue posponiendo la convocatoria de la Diputación Permanente que, con las Cortes disueltas, debe votar la convalidación de los llamados "decretos sociales" del Gobierno de Pedro Sánchez. "No parece" que vaya a suceder esta semana, han indicado este martes fuentes de su entorno, que tampoco confirmaron si será la siguiente.

La importancia de convocar la Diputación Permanente estriba en que éste es el órgano competente para votar la convalidación de los de momento cuatro reales decretos-ley que el Gobierno ha aprobado desde el último Pleno de la legislatura.

Los decretos entraron en vigor a partir de su publicación en el BOE tras su aprobación por el Consejo de Ministros. Si no al día siguiente, algunas partes lo harán 1 de abril, como la ampliación de la baja de paternidad.

Que la Diputación Permanente los ratifique permitirá que sigan aplicándose. Si no lo hiciera decaerían, pero es improbable, puesto que desde que Sánchez anunció la fecha de las generales ha insistido en que su Gobierno piensa seguir trabajando hasta el último día pero no enviará al Congreso decretos que no cuenten con mayoría para ser convalidados.

Pero aunque no tengan que esperar al Congreso para entrar en vigor, los decretos sí tienen una fecha de caducidad. Obligatoriamente tienen que ser convalidados –o derogados– en los 30 días hábiles siguientes a su aprobación en el Consejo de Ministros. Y es aquí donde entra la obligación de Pastor de convocar la Diputación Permanente dentro de este plazo. No lo hará previsiblemente esta semana y nada garantiza que lo vaya a hacer la siguiente.

La ausencia de pistas sobre cuáles son los planes de la presidenta del Congreso ha provocado reacciones dispares entre los otros tres partidos que forman parte de la Mesa, el órgano que ordena los trabajos del Congreso.

Ciudadanos se limita a recordar que es competencia exclusiva de Pastor y que no tienen "ni medio dato" de sus planes.

El PSOE y Podemos critican el hermetismo de la presidenta del Congreso. Admiten también que es decisión exclusiva de Pastor, pero le reprochan que no "comparta nada" con los miembros de la Mesa. "No se nos ha consultado ni se nos va a consultar", concluye la diputada de Unidos Podemos Gloria Elizo, que acusa de uso "partidista" de las instituciones, al PP por la actuación de Pastor y al PSOE, por ponerse a aprobar decretos-ley a semanas del 28-A. Para PSOE y el Gobierno, la no convocatoria de la Diputación Permanente muestra el intento de "torpedear" el trabajo del Congreso.

Los tres decretos más antiguos fueron aprobados en el Consejo de Ministros del 1 de marzo, por lo que deben votarse antes del 6 de abril. Ese día expiraría para ellos el plazo de 30 días hábiles. El límite para convalidar el cuarto, que recibió luz verde en el Consejo de Ministros del 8 de marzo, sería el 11 de abril, un día antes de que el 12 empiece la campaña electoral de las generales del 28-A.

En su reunión del 15 de marzo el Gobierno no aprobó ningún real decreto-ley. Fuentes de Moncloa pusieron este martes en duda que vaya a haberlos en el Consejo de Ministros del próximo viernes en ausencia de Sánchez, que estará en Bruselas participando en el Consejo Europeo.

Además de cuándo convocará la Diputación Permanente, también es un misterio si Pastor decidirá llamar a una única sesión para votar todos los decretos o a varias. La hipótesis que otros partidos ven como más probable es la primera.

De momento, hay cuatro reales decretos-ley por convalidar. Fueron aprobados en los Consejos de Ministros del 1 y del 8 de marzo.

Por otra parte, cuanto más cerca del fin del plazo se convaliden los decretos, más difícil será que los grupos puedan presentar enmiendas antes del 28-A, según dictaminaron los letrados la semana pasada a instancias de PP y Cs.

"Después de tanto revuelo no va a dar tiempo", dicen en el PSOE. Cs insiste en que su intención es presentar enmiendas, algo que Podemos ve del todo inadecuado porque caería "en plena campaña electoral".

Plan de contigencia ante un 'brexit' sin acuerdo (aprobado en el Consejo de Ministros del 1 de marzo). Medidas fiscales, de pensiones, paro o asistencia sanitaria sobre los residentes españoles en Reino Unido y viceversa si hay una salida abrupta de la UE.

Medidas urgentes de igualdad en el ámbito laboral (1 de marzo) Planes de igualdad en las empresas, registro de retribuciones para luchar contra la brecha salarial, cotizaciones para las cuidadoras de familiares enfermos y la ampliación progresiva de la baja de paternidad hasta 16 semanas en 2020.

Medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler (1 de marzo). Extiende la duración de los contratos de alquiler y limita al IPC la subida anual de los ya firmados, entre otras.

Medidas urgentes de protección social y lucha contra la precariedad laboral (8 de marzo). Rebaja de la edad, 55 a 52 años, para que los parados puedan recibir un subsidio de 430 euros hasta su jubilación; ayudas para familias en pobreza severa de hasta 588 por hijo a cargo, bonificaciones por la contratación de parados de larga duración, y la recuperación de la cotización de cuidadores no profesionales.