El Partido Popular propone, en la Ley de Apoyo a la Maternidad que quiere aprobar si llega al Gobierno, que las mujeres inmigrantes que están en situación irregular y vayan a dar a un hijo en adopción no puedan ser expulsadas mientras dure el proceso.

Esta propuesta, explican,  está recogida en el Protocolo contra el Abandono de recién nacidos de la Comunidad de Madrid puesto en marcha en 2009. El objetivo del PP es implementar esta normativa a nivel nacional, según indicaron a Efe y Europa Press fuentes populares.

Según este protocolo, dirigido a personas en riesgo de exclusión social, la entrega del bebé no tiene consecuencias legales ni administrativas para la mujer. Es un proceso de carácter confidencial que evita su conocimiento en el entorno social y laboral de la mujer, dado que sus datos están sujetos a reserva.

La propuesta del PP, adelantada por El Mundo, contempla que se puedan retrasar los trámites de expulsión de las mujeres inmigrantes sin papeles en el caso de que den a sus hijos en adopción durante el tiempo de la gestación. Una vez efectuada la entrega en adopción del bebé, si la madre continúa en situación irregular puede ser expulsada "por cualquier otro motivo recogido en la ley", indicaron desde el PP.

Fuentes del partido insistieron en que se trata de evitar por "razones humanitarias" que se utilicen datos que hay que facilitar en un proceso de entrega en adopción como excusa para tramitar un expediente de expulsión.

La propuesta es ampliar a toda España "una medida que ya funciona con éxito en Madrid", pero, prosiguen, el PP "en ningún caso propone no expulsar a mujeres en situación irregular a cambio de que entreguen a sus hijos en adopción", algo que las citadas fuentes tachan de "literalmente una barbaridad".

"Todas las mujeres, estén en la situación que estén, legal o ilegal, gozarán de las mismas garantías, protección, derechos y ayudas en caso de dar a su bebé en adopción", explican las fuentes en relación con esta propuesta.

Sin embargo, expertas en la ley de extranjería aseguran que España no expulsa a las mujeres embarazadas sin papeles.

La ley de extranjería, en su artículo 57.6, referido a las expulsiones, dice: "La expulsión no podrá ser ejecutada cuando ésta conculcase el principio de no devolución, o afecte a las mujeres embarazadas, cuando la medida pueda suponer un riesgo para la gestación o la salud de la madre".

Según las fuentes consultadas, la interpretación que se hace de la ley es que solo se podría expulsar si no hay riesgo para la mujer embarazada y eso no lo asumen a día de hoy ni la Policía ni las subdelegaciones del Gobierno.

La propuesta del PP ha recibido duras críticas en las últimas horas, cuando se interpretó que el PP lo que pretendía era fomentar que las mujeres sin papeles dieran a sus hijos en adopción a cambio de evitar su expulsión del país.

"Esta reforma es repugnante e inconstitucional, por lo que de ser puesta en marcha se enfrentará inmediatamente con la total oposición de todo el estamento jurídico", subrayó este martes Daniel Méndez, presidente de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, al tiempo que instó al Gobierno a "condenar y confirmar su ilegalidad de forma inmediata", informa Europa Press.

A las críticas también se sumó el candidato de Más Madrid a las elecciones a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, quien consideró "moralmente repugnante" la propuesta del PP para que dar a un hijo en adopción sea una causa para evitar la expulsión inmediata de una mujer inmigrante en situación irregular.

Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, escribió en Twitter, en relacin con la propuesta: "Machistas. Racistas. Clasistas. Sólo faltaba secuestradores de niños. Fascistas".

La intención de aprobar una Ley de Apoyo a la Maternidad fue adelantada el pasado domingo por el presidente del PP, Pablo Casado, durante la clausura de la Convención de Familia e Igualdad del PP en Cartagena (Murcia). El líder del PP dijo que su partido apostará por la "cultura de la vida" con medidas fiscales, económicas y de apoyo a la familia, pero no hizo referencia a esta cuestión en concreto.

Casado conectó esta iniciativa con el reto demográfico al que se enfrenta España, con un descenso de la natalidad que relacionó con el hecho de que cada año "de cada cinco embarazos uno se interrumpa".

En este sentido, prometió "mantener e incrementar" medidas que favorezcan la decisión de tener hijos, como la desgravación de 1.200 euros por hijo, las ayudas a madres "que están solas", el abaratamiento de los precios del alquiler, además de su apuesta "para que las barreras que tienen las mujeres no se incrementen cuando deciden ser madres".