Puigdemont hizo caso omiso a una advertencia de los Mossos. Esa es la principal conclusión que se saca de la declaración de Manel Castellví. El jefe de inteligencia de la policía catalana durante el 1-O confesó este jueves  en el Supremo, en una nueva jornada del juicio del procés, que trataron de convencer al Govern de suspender el referéndum ante la posibilidad de que se produjera una "escalada de violencia" el día del referéndum independentista del 1 de octubre, y se quejaron de que desde la Generalitat se estaba mandando un "mensaje de tranquilidad" que no "atendía a la realidad".

Según Castellví, esta "preocupación" se basaba en que aunque los llamamientos para participar en el referéndum eran "pacíficos", la actitud de los manifestantes se podía tornar violenta ante la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En este sentido, aseguró que el despliegue de los tres cuerpos (Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil) fue "insuficiente" durante la jornada de la consulta. "Yo pienso que en el análisis de riesgos nos equivocamos todos. No éramos conscientes de la magnitud, del gran movimiento social que hubo el 1 de octubre", manifestó a las preguntas del fiscal Javier Zaragoza. Eso sí, se encargó también de defender la labor de Josep Lluís Trapero. "El mayor Trapero ordenó que se abriera una investigación de Asuntos Internos al ver que un agente no había tenido el comportamiento adecuado", explicó.

Sobre las intervenciones, Castellví aclaró que más de 200 colegios ya no abrieron el 1-O y que los Mossos cerraron otros 134, ateniendo a la orden judicial. Si no se hizo antes fue, según sus palabras, porque las actividades que se estaban desarrollando "no estaban relacionadas" con el referéndum. Por otro lado, negó cualquier tipo de enfrentamiento con la Policía Nacional y la Guardia Civil, al mismo tiempo que quitó importancia a los movimientos de los CDR a los que calificó como grupos "heterogéneos" con gente "de distintas organizaciones".

Esa teoría, en cambio, no la secundaron los otros dos comparecientes de la jornada. El máximo responsable de la Policía Nacional en Cataluña el 1-O, el comisario Sebastián Trapote acusó de "inacción" a los Mossos, y reveló que tuvieron que optar por el "plan b" ante esta situación. Por ello, decidieron sustituir al Cuerpo autonómico.

En este sentido, aseguró que el dispositivo planteado por un Trapero "reacio" a ser un subordinado de las fuerzas del Estado era una "utopía". "Era imposible que con dos o tres mossos por colegio pudieran hacer una intervención", sentenció.

Por otro lado, su homólogo en la Guardia Civil, Ángel Gozalo, continuó con las premisas planteadas por Trapote. Ante el juez, acusó a los Mossos de desarrollar una especie de "espionaje" durante el 1 de octubre y de oponer resistencia cuando iban a intervenir en algunos centros, además de rechazar ayudarles cuando se lo pidieron y mantener una actitud general de pasividad. Además, aclaró que las dudas respecto a la Policía autonómica surgieron antes del referéndum ilegal.

Estas sospechas las situó, en concreto, el 19 de septiembre, durante el registro de la oficina de la empresa de mensajería Unipost la localidad barcelonesa de Terrasa, cuando los agentes sufrieron "un lapsus de 40 minutos" de espera, con muchos ciudadanos congregados, desde que pidieron ayuda a los Mossos y finalmente se les auxilió. Una respuesta ni "adecuada ni oportuna", a su juicio, y que le llevó a pensar: "Aquí algo me está fallando". Resumió esa posición recalcando que en el ambiente había una sensación de que los congregados en la calle tenían "ganas" a la Guardia Civil.

El propio Castellví tendrá que responder el lunes a las preguntas de las defensas, en una semana también marcada por la comparecencia, el jueves, del mencionado Trapero.