La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, firma con los representantes sindicales, en la sede del Ministerio,
La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, firma con los representantes sindicales el IV convenio único. Marta Fernández / Europa Press

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha firmado este lunes con los representantes sindicales el IV convenio único para el personal laboral de la Administración del Estado, que fija mejoras retributivas generales y un salario mínimo de 1.136 euros al mes este año, así como el acuerdo sobre los fondos adicionales, con los que se sufraga parte de la subida salarial, que supondrá 280 euros al año (20 euros más al mes) con efectos desde el 1 de enero de 2018.

En el acto de firma del acuerdo, suscrito tras la reunión de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, Batet ha destacado la voluntad de los sindicatos de alcanzar acuerdos y la mejora de derechos laborales y salarios que se consigue con el acuerdo suscrito, tras 10 años sin renovarse, y que afectará a más de 40.000 trabajadores.

El convenio supone un incremento salarial para los trabajadores integrados en los grupos profesionales con retribuciones más bajas, que será financiado con los fondos adicionales aprobados para los años 2018 y 2019.

En concreto, se aprueba una subida del 5,5% de media para todas las tablas salariales del personal laboral de la Administración del Estado, incluyendo el 2,25% de subida general de los funcionarios de este año y los fondos adicionales de 280 euros al año (20 euros al mes), según han explicado los sindicatos.

De esta forma, el salario mínimo del personal laboral, en torno a 10.000 trabajadores, subirá un 9,36% este año, que unido al 2,25% de subida general alcanza el 11,6%, hasta llegar a los 1.136 euros. Para el año 2020, la subida podrá alcanzar un máximo del 14% y llegar casi a los 1.200 euros (entre 1.161 y 1.198 euros) que reclamaban los sindicatos.

Además, se contempla una subida lineal para todo el personal laboral de 280 euros anuales (20 euros al mes) con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2018, de forma que una vez que entre en vigor el convenio, los trabajadores cobrarán los atrasos, previsiblemente antes del verano.

El convenio tendrá un coste en torno a 25 millones de euros, de los que 10,17 millones de euros se financian con los fondos adicionales. Además, desde el año 2020 se comprometerá un 25% más de los fondos adicionales para implementar medidas retributivas de homogeneización y desarrollo de la carrera profesional del personal laboral.

Clasificación profesional y jubilación parcial anticipada

Batet ha explicado que con el IV convenio único se establece una clasificación profesional conforme al sistema educativo y al Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, equiparándose así al personal laboral con el resto del mercado laboral del Estado.

Además, se ordenan los puestos de trabajo en función de los niveles de titulación, formación y capacitación necesarios para las diferentes funciones requeridas por los servicios públicos, se ordena la movilidad del personal laboral y se favorece su promoción profesional.

También recoge la posibilidad de que el personal laboral de la AGE pueda acogerse a la jubilación parcial anticipada, en las mismas condiciones que el resto de trabajadores del mercado de trabajo, a partir del 1 de enero de 2021.

Igualmente, recoge por primera vez el concurso abierto permanente, que facilitará la movilidad y la cobertura de puestos de forma más rápida, con la consiguiente cobertura de necesidades en los servicios públicos afectados.