Tenía la Sala Segunda del Supremo una tarea pendiente en la jornada de este jueves antes de dar inicio, con los interrogatorios, a la fase de prueba del juicio procés: resolver las cuestiones previas planteadas, el martes y el miércoles, por las partes.

El tribunal que preside Manuel Marchena adelantó que no daría respuesta a las alegaciones de derechos fundamentales -como los de libertad de expresión, de manifestación, de autodeterminación...-, pero sí resolvió en el acto otras.

El Tribunal decidió rechazar el uso de un sistema de traducción simultánea para preguntar y contestar en lengua catalana. Lo hizo "porque restringiría el principio de puricidad". "Los que no disponen de auriculares dentro y fuera de la sala no podrían entender las respuestas de los acusados", justificó Marchena.

Cualquier acusado que quiera responder a las cuestiones en su lengua materna podrá hacerlo, si bien el presidente del tribunal quiso matizar: "No por la hipotética indefensión que se produciría si lo hicieran en castellano". La Sala ha previsto, para ello, la intervención de dos traductores.

Algunas defensas pidieron la suspensión del procedimiento para que se incorporaran a la causa documentos pendientes.

Refiriendo el derecho a ser procesado en un plazo razonable y para evitar que supusiera una "quiebra del derecho de defensa", la Sala Segunda optó por reconocer "todos los argumentos de defensa que quieran esgrimir los procesados". "Si, transcurrido el interrogatorio, faltaran documentos por incorporar, se abriría un segundo interrogatorio limitado a las preguntas que no se hubieran podido formular por falta de incorporación de documentos", garantizó el tribunal.

"Percibimos permanente esfuerzo de los procesados por comunicarse con sus abogados", dijo el juez Marchena refiriéndose a los constantes intercambios de información entre unos y otros -estos días, se han sentado los primeros frente al tribunal y los segundos, en los laterales-.

En ese sentido, preocupado por "hacer más efectivo el derecho de defensa", la Sala les da la opción de "ocupar los sillones de la parte de atrás", junto a sus letrados. Pero el magistrado avisó: "Si optan por quedarse donde están, no puede continuar el trasiego de documentos".

Aceptó el Tribunal incorporar a la causa una prueba documental solicitada por el abogado de Jordi Sànchez, un pen drive con imágenes del 1-O. Igualmente, ha admitido un informe de unidades de emergencia respecto al número de heridos.

Con contundencia manifestó Marchena el rechazo de la sala a que el expresident Carles Puigdemont, declarado en rebeldía y encausado en una pieza separada, comparezca como testigo. "En un proceso penal no se puede cambiar el formato con el que uno comparece. No se puede venir por la mañana de acusado y por la tarde de testigo, es inviable en nuestro proceso penal", explicó el magistrado.

La Sala ha aceptado la petición de la defensa de Joaquim Forn sobre la comparecencia del exministro del Interior Juan Ignacio Zoido como testigo en la vista oral. Quiere la Sala que pueda dar explicaciones sobre su intervención en la Comisión de Seguridad del Senado respecto a la intervención policial del 1-O.

La defensa de Jordi Cuixart solicitó la expulsión de la causa de la acusación popular, Vox, aduciendo que en su escrito de acusación se hacían "añadidos ideológicos".

"En este momento de la causa no podemos zambullirnos en ningún escrito de acusación con criterio selectivo", explicó Marchena, "pero el interrogatorio de las acusaciones va a poder centrarse solo en los aspectos fácticos, no va a ser posible un debate ideológico sobre la posición de cada uno de los acusados o de la acusación popular".