Francisco Serrano
Serrano es el líder de Vox en Andalucía. Este juez de familia, que ya fue el candidato de la formación para presidir la Junta en 2015, rechaza, entre otras cosas, lo que él considera "ideología de género". EFE

Vox ha trasladado este martes una petición al Gobierno Andaluz  de PP y Ciudadanos para que "colabore en la repatriación de 52.000 inmigrantes ilegales" que, según el partido, pueden ser identificados en Andalucía.

Esta petición ha sido formulada en un comunicado remitido inmediatamente después del acto de toma de posesión de los once consejeros del nuevo Gobierno Andaluz celebrada en el Palacio de San Telmo, en el que la formación de ultraderecha se declara a sí misma "pieza clave" del "cambio político en Andalucía", y llega en medio de la controversia originada por la recepción de fondos de sectores islamistas de la oposición iraní, reconocida por el propio partido.

Por ello, afirman que "para hacer posible la elección de ese Gobierno, Vox acordó con el PP un paquete de 37 medidas que ha llegado el momento de aplicar", y señalan el punto 28 como uno de los "más urgentes".

En este punto, ambas formaciones acordaron "apoyar material, humana y documentalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen encomendada la protección de las fronteras, garantizando una inmigración ordenada, legal, respetuosa con nuestra cultura occidental y vinculada siempre al mercado laboral".

Según Vox, "los sindicatos policiales llevan años exigiendo la documentación que posee la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía con la que se podría identificar a 52.000 inmigrantes ilegales". Según el partido, además, "la Confederación Española de Policía (CEP) y la Unión Federal de Policía (UFP) han reiterado que existe un archivo con la copia de los pasaportes que los inmigrantes ilegales habrían entregado para optar a la tarjeta sanitaria".

Vox critica que "pese a las repetidas solicitudes de los representantes policiales", la Consejería de Sanidad no haya entregado esta información, y exige que el nuevo Gobierno "haga entrega inmediata de las copias de los 52.000 pasaportes para que se proceda al inicio de los expedientes de expulsión".

Las demandas del partido nacional-populista chocan con la legislación en materia de protección de datos actualmente vigente en España (el Reglamento Europeo de Protección de Datos aprobado en 2018 y de cumplimiento obligado para los estados miembros) que dicta que las administraciones no pueden compartir datos entre sí para fines distintos de aquellos para los que dichos datos fueron originalmente recogidos. Además, los datos sanitarios son considerados especialmente sensibles, por lo que su cesión únicamente está permitida con consentimiento explícito del paciente, en el marco de una investigación y bajo autorización de un juez o la Fiscalía, o para fines históricos o estadísticos siempre que se mantenga el anonimato de los afectados.

La cifra de 52.000 inmigrantes procede además de un sindicato policial y no tiene ningún respaldo oficial.

Vox ha pedido adicionalmente "el cumplimiento íntegro de los puntos del acuerdo alcanzado para la investidura del presidente actual de la Junta de Andalucía" y sostiene que "los 400.000 votantes" del partido "exigen medidas de urgencia" en materia laboral, una bajada de impuestos, defensa de "la familia" y "la vida", eliminación de "leyes ideológicas" y "respeto" a la "decisión de los padres para decidir la educación de sus hijos".

En esa línea han señalado que trabajarán "en el compromiso adquirido para la defensa de las tradiciones como la tauromaquia y la caza y las festividades de profundo arraigo popular", en muchos casos "ligadas a la tradición cristiana de España".

En el comunicado, Vox finaliza señalando que "se propondrán las medidas necesarias para la reducción de la administración paralela, la duplicidad administrativa y la eliminación de los chiringuitos vinculados al PSOE tras 37 años en la Junta de Andalucía".

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