La comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este martes una proposición de Cs que insta al Gobierno municipal a coordinarse con el resto de administraciones para impulsar un plan de choque para ayudar a los menores no acompañados de la ciudad.

La propuesta ha recibido los votos a favor de todos los grupos municipales, en una proposición que también reclama ampliar la plantilla de educadores sociales, tanto en las calles como en los espacios en los que viven estos menores, jóvenes tutelados y extutelados.

Asimismo, Cs también ha pedido revisar el protocolo de derivación de los recursos para evitar la rotación de menores, jóvenes y extutelados por los distintos equipamientos de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Genealitat (Dgaia), así como aumentar los planes de acogida y formación.

La misma comisión ha aprobado una proposición del PP que instaba al Gobierno municipal a listar los equipamientos y plazas destinadas a acoger menores; a intensificar el trabajo de atención a los menores, y a reforzar la presencia de Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana en los centros que acogen menores.

La proposición del PP ha obtenido el apoyo del PDeCAT, Cs, PSC y PP, mientras que BComú, ERC, CUP y el concejal no adscrito Juanjo Puigcorbé han votado en contra y el también no adscrito Gerard Ardanuy se ha abstenido, dado que consideran que la última parte de la proposición estigmatiza al colectivo de menores.

La segunda teniente de alcalde, Laia Ortiz, ha recordado que el Ayuntamiento no tiene competencia en la protección de menores y por eso ha expresado que también apuestan por tener más trabajadores y más protocolos, pero ha lamentado que PP y Cs critiquen lo que pasa en las calles de Barcelona: "Todos tendríais que haber hecho vuestro trabajo antes".

La edil del PDeCAT Maite Fandos ha recordado que desde 2015 la llegada de menores ha aumentado en más de un 600%, y por eso ha pedido que se aborde la situación mediante el trabajo conjunto del Ayuntamiento y el Estado: "La mayoría de menores que llegan están en situación precaria y tenemos que encontrar soluciones conjuntas".

La concejal de Cs Marilén Barceló ha criticado que los recursos actuales para los menores son deficientes, y ha afeado al Gobierno municipal que hable de Barcelona como ciudad de acogida: "Si queremos que sea ciudad de acogida no es suficiente poner una pancarta en el Ayuntamiento".

La concejal de ERC Montserrat Benedí ha recordado que el 80% de los menores no acompañados provienen de Marruecos: "Las personas que trabajan con ellos lamentan que hacen de vigilantes, no de educadores", por lo que ha instado a trabajar junto a la Generalitat y el Gobierno central en la ayuda a estos jóvenes.

Carmen Andrés (PSC) ha mostrado su apoyo a la iniciativa pero ha criticado que tanto el PP como CS actúen a nivel estatal en contra de estos colectivos y pidan, ha dicho, su expulsión, y asimismo ha invitado a los partidos a aprobar los Presupuestos Generales del Estado, dado que "por primera vez 30 millones de euros son destinados a los menores".

Alberto Villagrasa (PP) ha insistido en que la situación actual provoca problemas de convivencia y de seguridad graves, por lo que ha reclamado incrementar la presencia de Mossos y de la Guàrdia Urbana y elaborar planes de seguridad específicos para las zonas en los que se detecta más presencia de estos jóvenes.

"Ninguno de los partidos que están aquí ha movido un dedo para modificar la Ley de Extranjería racista y clasista que afecta a estos jóvenes", ha reprochado Maria Rovira (CUP), que ha recordado que huyen de regímenes dictatoriales y fascistas que, en algunas ocasiones, tienen el apoyo del Estado español.

Ardanuy ha apostado por "poner al día" los recursos para dar respuesta a esta situación y ha pedido que las actuaciones se hagan sobre todo sobre la formación y educación de los menores, mientras que ha pedido al PP que no estigmatice al colectivo.

La comisión también ha aprobado por unanimidad una proposición del PDeCAT que reclama un diagnóstico urgente sobre la afectación del incremento del Salario Mínimo Interprofesional en los Centros Especiales de Trabajo de Barcelona, con el objetivo de que se revisen y actualicen los convenios, contratos y ayudas.