Alcoa, uno de los gigantes en la producción de aluminio a nivel mundial, anunció el pasado octubre el cierre de sus plantas en Avilés y A Coruña, lo que amenazaba los empleos de 686 personas. Finalmente este miércoles empresa y trabajadores han alcanzado in extremis un preacuerdo que incluye mantener a más de la mitad de la plantilla, prejubilaciones y despidos, así como un plazo de 6 meses para buscar inversor.

Las siguientes son algunas de las claves de la negociación.

Alcoa (su nombre proviene de Aluminum Company of America) es el tercer productor mundial de aluminio. Sus orígenes se remontan a Estados Unidos, donde nació en 1888. Hasta 2017 empleaba a más de 14.000 empleados en 10 países. La multinacional entró en España en 1972 con la compra de la antigua Empresa Nacional de Aluminio (Inespal) en Avilés, donde a día de hoy trabajan 317 personas. A ello sumó después la planta de A Coruña (369 trabajadores) y el complejo industrial en San Ciprián (Lugo), donde trabajan unas 1.200 personas.

El pasado 17 de octubre, Alcoa anunció su decisión de cerrar las dos plantas, abriendo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para los trabajadores. En un comunicado, la multinacional enumeró sus razones. "Las plantas de Avilés y La Coruña se encuentran afectadas por problemas estructurales productivos y tecnológicos como su menor capacidad de producción, una tecnología menos eficiente y elevados costes fijos", señala el texto. "Estos problemas estructurales, unidos a factores externos de mercado, como la sobrecapacidad de producción de China, el elevado precio de las materias primas y el coste de la energía, han generado pérdidas significativas en estas plantas en los últimos dos años. Pérdidas que previsiblemente continuarán". 20minutos.es intentó con la empresa sin recibir respuesta.

Los representantes de los trabajadores rechazan estos argumentos. "Alcoa miente", aseguró el pasado 8 de enero a 20minutos.es el presidente del comité de empresa de la planta de Avilés, José Manuel Gómez de la Uz. "Hay fábricas exactamente iguales a las de Avilés y A Coruña operando sin ningún problema en Noruega".

"Alcoa aduce razones de sobrecapacidad en el sector del aluminio y es mentira, Europa es deficitaria en aluminio en 3,5 millones de toneladas", dijo Gómez de la Uz. "Alcoa dice que tenemos problemas en tecnología, pero es ella la que debe invertir para que esos problemas no estén ahí. Y también está diciendo que tenemos un marco energético que no es el adecuado, es algo que el Gobierno está intentando cambiar".

El representante sindical tampoco cree en las cuentas de la empresa, "Parecen hechas ad hoc". Gómez cree que la verdadera razón es la de ganar más dinero: "No le vale ganar un 10% ni un 20% más, quiere ganar un 27%, es lo único que quieren".

Según la agencia EFE, la multinacional estadounidense ofrece en el preacuerdo con los sindicatos una solución a hasta 355 trabajadores, más de la mitad de la plantilla que componen los centros de Avilés y A Coruña.

De ellos, 205 mantendrán su empleo en las fundiciones de ambas plantas y la torre de pasta de A Coruña, dos líneas de actividad que seguirán en funcionamiento.

A ellos se suman los 106 empleados que la empresa calcula que puedan recolocarse en San Ciprián (Lugo), supeditado siempre a un plan de bajas en ese complejo industrial (ver siguiente punto).

Los empleados con mayor antigüedad y no prejubilables tendrán preferencia en las recolocaciones y como compensación por traslado de residencia, se ofrece un pago de 10.000 euros por trabajador.

Además, el preacuerdo recoge un plan de prejubilaciones obligarorias, una medida que, según cálculos de la empresa, afectaría a 44 trabajadores de 53 años o más a 31 de diciembre de 2018. De esos 44, 8 trabajan en Avilés y 36 en Coruña.

Se podrán adherir los trabajadores de 57 años o más a 31 de diciembre de 2018. Estas bajas incentivadas generarían vacantes para empleados de Avilés y A Coruña en los mismos grupos funcionales, que se distribuirían de forma equitativa entre las dos plantas.

Son empleados de menos de 53 años a 31 de diciembre de 2018 no incluidos en las medidas anteriores. Este colectivo percibirá una compensación por despido consistente en una indemnización bruta de 60 días de salario por año de servicio sin límite de anualidades más una aportación de 10.000 euros.

Hasta el 30 de junio, estas personas participarán en programas de formación, continuarán de alta en la Seguridad Social y seguirán percibiendo su retribución de la jornada ordinaria. El Gobierno se ha comprometido a trabajar para lograr minimizar el impacto final en el empleo del cierre parcial de Alcoa, pero ha admitido que el resultado no depende de él y no se compromete a más medidas más allá del 30 de junio.

Se abre un plazo de seis meses, hasta el 30 de junio, para encontrar un inversor para las cubas de electrólisis, la parte de las plantas que deja de funcionar como línea de actividad. Alcoa se ha comprometido a adoptar las medidas precisas para la parada programada de las cubas de modo que puedan ser arrancadas de nuevo por un potencial comprador, para lo que deberá contar con la colaboración de los trabajadores, un proceso que se llevará a cabo en un plazo aproximado de 30 días.

La empresa asumirá el coste de rearrancar las cubas por un máximo de 40 millones de euros (20 millones por planta) si se concreta una oferta de compra antes del 30 de junio, pero ha precisado que esa venta y asunción estará condicionada a que el comprador asuma la totalidad de los trabajadores de las plantas, para que Alcoa no deba realizar despido, recolocación ni prejubilación alguna y proporcione las garantías que permitan concluir que el proyecto empresarial es viable.

Los sindicatos han calificado este miércoles como "positivo" el preacuerdo pero han exigido un mayor compromiso al Gobierno, que se ha mostrado "optimista" sobre el impacto final sobre el empleo.

"Creo que es un acuerdo positivo, porque no teníamos absolutamente nada", ha dicho en una rueda de prensa en el Ministerio de Industria el presidente de Comité de Empresa de Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, que ha subrayado que es "muy importante" que se haya ganado tiempo para buscar un inversor.

Ha admitido, no obstante, que esperaban un mensaje "más contundente" del Gobierno, que si bien ha garantizado que estará detrás de os sindicatos y trabajará activamente en la búsqueda de un inversor, no ha ofrecido, ha dicho, "un compromiso tangible" de garantía de todos los empleos a partir del 1 de julio. Las asambleas de trabajadores someterán a referendo el documentos este jueves.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha mostrado su satisfacción por el "buen" preacuerdo alcanzado esta madrugada entre Alcoa y los sindicatos, y ha señalado que ha sido posible gracias a la voluntad de todos los agentes involucrados e instituciones que han trabajado para ello.