Manifestación feminista sentencia de La Manada
Concentración feminista contra la sentencia de La Manada en la Puerta del Sol (Madrid). EFE/CHEMA MOYA

El movimiento feminista español prepara una página web, un manifiesto y movilizaciones en todos los territorios para dar respuesta a los postulados del partido de ultraderecha Vox, que ha condicionado su apoyo al Gobierno de Andalucía de PP y CS a la retirada de las leyes y medidas públicas contra la violencia de género.

Organizaciones estatales como la Federación Española de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Federación de Asistencia a Mujeres Violadas, Mujeres Progresistas, las juristas de Themis, la Fundación Mujeres, el Partido Feminista, Enclave Feminista, Movimiento Democrático de Mujeres o el colectivo 7N contra todas las violencias machistas se han unido para combatir el mensaje de Vox. Su lema es "Feminismo, ni un paso atrás".

La acción más inminente será la convocatoria de varias ruedas de prensa en las principales ciudades españolas este miércoles, 9 de enero, para dar a conocer el comunicado y una página web propia www.feminismoniunpasoatras.com En dichos encuentros se dará lectura al manifiesto que fija su postura respecto las últimas pretensiones avanzadas por Vox sobre las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de género, "que buscan desmontar el andamiaje legal y de apoyo a las víctimas del terrorismo machista levantado con décadas de trabajo feminista en España".

Las organizaciones feministas también apoyan la convocatoria planteada por el feminismo andaluz de manifestación el próximo 15 de enero, frente al Parlamento en Sevilla, para pedir el respeto a las leyes de igualdad, el cumplimiento de la ley andaluza contra la violencia de género y el pacto de Estado.

Vox ha exigido al PP y a Ciudadanos, como medida innegociable para sustentar el nuevo gobierno, el fin de las ayudas en el marco de las leyes andaluzas contra la violencia machista. El PP anunció su intención de proponer ayudas a los hombres víctimas de violencia familiar. El caso ha desatado una polémica sobre el retroceso que supone equiparar la violencia de género a la violencia doméstica, un paradigma superado en España desde hace más de quince años.