Los cinco miembros de La Manada continuarán en libertad provisional, después de que la Audiencia de Navarra haya desestimado la petición de ingreso en prisión del Ministerio Fiscal y las acusaciones, presentada con posterioridad a la sentencia condenatoria del TSJN a 9 años de prisión por un delito continuado de abusos sexuales perpetrado en los Sanfermines de 2016.

Por dos votos contra uno, los magistrados desestiman la prisión provisional solicitada por la fiscalía, la acusación particular, ejercida por la víctima, y las dos acciones populares —el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra—.

Alegan que "no se han aportado razones suficientes para modificar la situación personal de los encausados", que la pena de prisión ratificada por el TSJN no es una sentencia firme, porque será recurrida por todas las partes al Supremo, ven "endeble" el argumento del incremento de riesgo de fuga y consideran que las circunstancias personales de los condenados no han variado desde que en junio les pusieran en libertad.

La decisión de permitirles seguir en la calle tampoco esta vez ha sido unánime. Uno de los tres jueces del tribunal, el presidente de la Sección Segunda de la Audiencia, ha formulado un voto particular en el que aboga por decretar la prisión provisional sin fianza de los condenados tras la ratificación de la pena de 9 añosde prisión.

En el auto dado a conocer este jueves por la Audiencia de Navarra —firmado el 28 de diciembre— los magistrados que lo firman, Ricardo González y Raquel Fernandino, mantienen que no se justifica el ingreso en prisión provisional lo suficientemente en las peticiones de fiscalía y acusaciones.

Las acusaciones adujeron en sus recursos que el hecho de que dos de cinco magistrados del TSJN considerasen violación lo ocurrido en un portal de Sanfermines incrementaba "el riesgo de que los acusados intenten eludir la acción de la justicia".

Los magistrados de la Audiencia consideran, sin embargo, que "el argumento del riesgo de fuga, aparece bastante endeble en este preciso supuesto. Y no solo porque durante casi seis meses han acatado las condiciones impuestas por esta Sala, sino porque desde que se tuvo conocimiento de la confirmación de la sentencia de esta Sala, ha pasado casi un mes y los encausados han continuado cumpliendo aquellas, mostrando así su intención de no eludir la acción de la justicia".

Estos dos jueces añaden, citando al letrado de La Manada, que no deben "jugar a ser adivinos" sobre cuál será el fallo final del Supremo. Y que mientras los recursos no se hayan resuelto, la culpabilidad de los procesados sigue siendo provisional.

El auto alcanzado en mayoría por la sección segunda de la Audiencia de Navarra señala que la gravedad del delito y la demora en la aplicación de la pena exigen "que se ponderen más individualizadamente circunstancias personales del preso preventivo". Así, justifican su decisión de mantener la libertad en la estabilidad de la situación "personal, familiar y laboral" de todos ellos.

González (autor del polémico voto particular que pidió la absolución de La Manada) y Fernandino se refieren particularmente al expediente de expulsión del Ejército de uno de ellos —"si bien no es firme", puntualizan. Creen que no incrementa el riesgo de fuga, "sino que, en cierta forma, lo limita".

También hacen mención al episodio en el que otro de los condenados intentó sacarse el pasaporte, pese a tener prohibida la salida del país. Ahí, los dos magistrados del tribunal recuerdan que ya fue denegado su ingreso en prisión por dicho motivo.

Y en cuanto a los delitos leves de lesiones y hurto por el robo de unas gafas del condenado Ángel Boza, los magistrados que firman el auto señalan que son hechos "que afectan a bienes jurídicos muy diferentes y más livianos que los que han determinado su condena por un delito de abusos sexuales" y concluyen que "no justifica" su reingreso en prisión.

Respecto al caso que contra cuatro de ellos se sigue en Pozoblanco, el auto asegura que "tampoco incide a esos efectos" porque no se ha celebrado todavía el juicio y por tanto "no ha recaído sentencia ni se tampoco se ha acordado la prisión preventiva por tales hechos".

Sin perjuicio de que se revise de nuevo la libertad provisional ante cualquier situación, los cinco miembros de La Manada seguirán en la calle a la espera de una sentencia firme, que llegará con el fallo del Tribunal Supremo, esperable en el plazo aproximado de un año.

Los cinco condenados mantienen las mismas restricciones que ya impusieron a su libertad provisional en junio de 2018, tras permanecer casi dos años encarcelados. Han designado el domicilio donde pueden ser hallados, tienen prohibida su salida del territorio nacional sin autorización judicial, y deben de comparecer todos los lunes, miércoles y viernes ante el Juzgado de Guardia de su residencia.

El juez que ha emitido el voto particular, el presidente del tribunal, José Francisco Cobo Saénz, es el mismo magistrado que ya se opuso el pasado junio a ponerlos en libertad. A su juicio, la confirmación de la condena por parte del TSJN en diciembre, teniendo en cuenta la gravedad de la pena impuesta, "consolida y refuerza" la necesidad de un ingreso en prisión para "la evitación de la sustracción a la acción de la justicia".

La ley permite ampliar la prisión provisional hasta un máximo de la mitad de la condena, lo que en este caso serían cuatro años y seis meses, descontando los casi dos años que ya estuvieron presos.

El Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra han anunciado que recurrirán este auto que mantiene en libertad provisional a La Manada. Pero sus recursos no parece que puedan tener excesivo recorrido, al recalar en el mismo tribunal que ya ha decidido mantener a los cinco sevillanos en la calle.