El juez del caso Gürtel ha imputado al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps en la pieza que investiga contrataciones de la Generalitat con sociedades de Francisco Correa, concretamente por una adjudicación pública que pudo ser en realidad un pago encubierto por trabajos al PP.

El juez le investiga a petición de la Fiscalía en la pieza número 5 de la causa en relación con un contrato de la feria turística Fitur de 2009 adjudicado a la empresa Orange Market, relacionada con la trama mafiosa y que hizo a su vez trabajos para campañas electorales del PP, aunque De la Mata no concreta en su auto cuándo le citará como investigado.

Se trata de la adjudicación del expositor "Grandes eventos" hecha por la directora general de Promoción Institucional de la Generalitat Valenciana, Salvadora Ibars, y ahora el juez quiere aclarar si ella recibió indicaciones de sus superiores para dársela a Orange Market.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata cree que esas instrucciones pudieron venir de Camps y basa sus sospechas en revelaciones de acusados en el juicio por la financiación irregular del PP valenciano, en el que Ricardo Costa aseguró que el expresidente creó ese sistema de financiación, lo que fue corroborado por Correa, Pablo Crespo o Álvaro Pérez, el Bigotes.

Para el magistrado, de las revelaciones del juicio se extrae que Ibars dependía directamente de Camps y fue ella quien comunicó a las instituciones valencianas que iban a exponer en ese estand que Orange Market sería la empresa que ejecutaría los trabajos.

A estas instituciones Ibars les dijo, según recuerda el juez, que recibirían de Orange Market los presupuestos y que vendrían autorizados por Presidencia, así que se tenían que limitar a contratar a la empresa de la trama y validar esos presupuestos.

En paralelo a esa adjudicación, que se produjo el 30 de diciembre de 2008, se estaban produciendo "intensas negociaciones entre personal de Orange Market y el PP de la Comunidad Valenciana" para cobrar servicios que la empresa de la Gürtel había hecho al partido, destaca el juez.

Como Camps, dice De la Mata, estuvo "directamente relacionado" con la contratación de Orange Market por el PP valenciano "para distintas actividades relacionadas con la campaña electoral", pudo "intervenir de modo decisorio en el sistema irregular de pagos del PP de la Comunidad Valenciana a Orange Market".

"A tales efectos -prosigue el juez-, Camps pudo participar directamente, o mediante órdenes a terceros, en las relaciones con los empresarios que financiaban al partido abonando sus deudas. Y, en particular, que pudo hacer estas gestiones en relación con Orange Market".

También pudo "desplegar un papel determinante en la decisión irregular de diversas adjudicaciones de contratación pública, tal como la indicada de Fitur 2009, para beneficiar indebidamente a Orange Market compensándola por tales deudas".

Por estas circunstancias "sobrevenidas" resulta para el juez "razonable y pertinente dirigir la investigación contra Camps, a quien se incluirá como persona investigada en esta pieza" para determinar si "está incluido entre las autoridades superiores jerárquicamente" de Ibars que pudieron participar en la decisión.

Y ver así si esta adjudicación pudo ser en realidad una manera de pagar a la empresa de la Gürtel trabajos que había hecho realmente para el PP valenciano y que estaban pendientes de cobro.

Con esta nueva imputación, Camps acumula cuatro causas en sendos procedimientos por corrupción de su etapa al frente de la Generalitat, uno en la Audiencia Nacional y otros tres en juzgados valencianos.

A esta investigación hay que sumarle una de posibles irregularidades en la visita del papa en 2006 y otras dos en la organización de los grandes premios de Fórmula Uno en Valencia, en el llamado caso Valmor.

Por su parte, Camps recurrirá su imputación porque considera que "no hay ningún elemento fáctico o declaración" que la sostenga. Así lo han indicado a Efe fuentes de la representación jurídica de Camps, quienes han señalado que la acusación del juez del caso Gürtel, que investiga la adjudicación a Orange Market de un contrato de la feria turística Fitur 2009, "carece de cualquier fundamento jurídico".

En un comunicado, la representación legal de Camps, que ejerce el despacho Delgado y asociados, apunta que el recurso se justifica en la "falta de rigor jurídico y fáctico" de la imputación, porque "no hay un hecho concreto ni un fundamento jurídico que sostenga está imputación".

En opinión del abogado de Camps, el juez De la Mata pretende imputar a Camps "hechos que nadie ha referido en diez años de instrucción", y menciona la conocida como 'causa de los trajes' por la que ya fue juzgado y declarado no culpable el expresident en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Asimismo, se insiste en que "no hay una sola declaración que relacione a Camps ni directa ni indirectamente con adjudicación alguna", a pesar de que "desde el comienzo del proceso llamado Gürtel, las fiscales Myriam Segura y Concepción Sabadell intentaron que el juez que instruyó la causa de los trajes imputara a Francisco Camps en esta causa sobre adjudicaciones a la mercantil Orange Market".

"El instructor rechazó en cuatro autos tal pretensión, autos de 29 de mayo, del 6 de junio, del 14 de julio y del 16 de julio de 2009; e igualmente el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana lo rechazó en autos de 19 de junio de 2009 y mediante los autos del 25 de mayo y del 4 de julio de 2011", por lo que la defensa de Camps entiende que esta cuestión está "cerrada" jurídicamente.

Se apunta asimismo que los altos cargos de la Administración valenciana llamados a declarar por el asunto de los trajes "negaron haber recibido instrucción alguna en las contrataciones realizadas".

"Ninguna de las personas llamadas como testigos o imputados en esta excepción procesal" ha indicado "ni someramente referido que haya recibido encargo alguno para adjudicar a aquella  mercantil", sino que más bien al contrario, "las declaraciones de investigados han sido aclaratorias de la legalidad del procedimiento, exquisitas, concretas  y coherentes", entiende la defensa de Camps.