Este viernes entrará en funcionamiento, salvo catastrofe de última hora, Madrid Central, la gran área de prioridad residencial para el distrito Centro. La medida del Ayuntamiento de Madrid para combatir la contaminación, incluida en el Plan de Calidad del Aire de la ciudad, ha suscitado numerosas críticas por parte de la Comunidad de Madrid, de partidos políticos de la oposición y de diferentes colectivos afectados. Pero durante esta semana, sus detractores han multiplicado esfuerzos para intentar visibilizar los efectos negativos de la iniciativa municipal.

Los últimos intentos para paralizar la iniciativa se produjeron este miércoles. Por un lado, Automovilistas Europeos Asociados (AEA) recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM) tanto la Ordenanza de Movilidad Sostenible aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid el pasado 5 de octubre como el acuerdo de la Junta de Gobierno del pasado 29 de octubre que desarrolla Madrid Central. La organización de conductores solicitó su suspensión cautelar inmediata. Según el presidente de AEA, Mario Arnaldo, el tribunal debería pronunciarse en 48 horas al haber pedido medidas cautelarísimas.

Por otra parte, la Plataforma de Afectados por Madrid Central, que agrupa a unos 80 colectivos, sobre todo comerciantes y hosteleros, anunció la puesta en marcha una campaña de movilizaciones ante "el peligro inminente al que se va a someter al tejido socioeconómico del centro histórico de la capital". Entre las acciones anunciadas, destaca el apagado símbólico mañana de una artería comercial del centro, calle que no quieren especificar por evitar posibles presiones al colectivo. Será sobre las 19.00 horas.

Otra de las medidas será la realización de estudios de percepción e impacto económico para desenmascarar "los defectos, injusticias e inconsistencias" de Madrid Central. La plataforma también va a elaborar una 'Guía para Sobrevivir a Madrid Central' que responda a todas las peticiones de información. La guía incluirá por ejemplo cómo se tramitarán los permisos para acceder a la zona o las plazas de aparcamiento disponibles.

Los partidos políticos de la oposición también se han movilizado en los últimos días. La reacción más llamativa ha sido la del secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco. El dirigente regional dejó clara su posición en un artículo publicado el pasado lunes en este diario. «El Ayuntamiento de Madrid debe escuchar a los vecinos y vecinas de la zona, a los transportistas, al pequeño empresariado y, por supuesto, llegar a acuerdos con la Comunidad para facilitar una movilidad sostenible, aunque eso suponga retrasar su entrada en vigor unos días. Si no confluyen estas circunstancias, hay que decir que las cosas no se están haciendo bien», escribió Franco. El también diputado en la Asamblea se posicionó así en contra del criterio del Grupo Municipal del PSOE en el Consistorio, que apoya la entrada en vigor de la medida.

La ofensiva política contra Madrid Central en los tribunales la ha encabezado el Partido Popular, tanto desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid como desde el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid tenía previsto resolver los recursos presentados contra la medida la semana pasada entre este miércoles y este jueves, pero decidió retrasar hasta la próxima semana su deliberación. Esta decisión se ha tomado después de que los magistrados hayan pedido más documentación al Ayuntamiento de Madrid. Pero la protesta más llamativa contra Madrid Central ocurrió el pasado lunes. Unos 300 autobuses turísticos y escolares colapsaron durante la mañana el tráfico sin aviso previo en el centro (en plaza de España, Cibeles, Colón...) para reclamar su derecho a trabajar pese a las restricciones.

El presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, aseguró este miércoles que cada día hay "más voces" que exigen la paralización del proyecto, "también el PSOE que es socio de gobierno en el Ayuntamiento pide que no se ponga en marcha sin los estudios pertinentes y sin tomar las medidas que sean imprescindibles". "Es unánime", añadió. Garrido insistió en que la falta de planificación es uno de los problemas que desde le Gobierno regional han denunciado. "No se puede poner en marcha un proyecto de la magnitud de 450 campos como el Bernabeú sin ella", afirmó.

Frente a todo ello, el Consistorio que encabeza Manuela Carmena ha hecho oídos sordos y ha cerrado filas. "No hay ninguna posibilidad de que se paralice Madrid Central. Hay un compromiso con la salud de los ciudadanos y un mandato claro de la Unión Europea (UE)", señalan desde Cibeles.

>Conductores. AEA considera que la obligación de exhibir el distinto ambiental no debería entrar en vigor hasta el 23 de abril de 2019, como recoge la ordenanza de movilidad aprobada el pasado 5 de octubre en su artículo 52. Sin embargo, el acuerdo de la Junta de Gobierno del 29 de octubre obliga a su exhibición a partir de mañana, lo que la organización califica de «ilegal» porque se infringe el principio de jerarquía normativa.

>Comerciantes y hosteleros. Denuncian que la entrada en vigor de Madrid Central afectará de forma negativa a los ingresos de sus negocios.

>Oposición política. Mientras el PSOE regional opina que a la medida le falta consenso social y está mal planificada, la Comunidad de Madrid asegura que la tramitación de proyecto se ha realizado de forma incorrecta por, entre otros motivos, la falta de informes o la afectación a competencias autonómicas.

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