Carlos Lesmes
El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, en la apertura del año judicial militar. EUROPA PRESS

El Govern ha anunciado este viernes que presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que investigue si el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y el presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Luis Díez-Picazo, cuyo voto fue determinante, cometieron delito en la polémica sentencia de las hipotecas.

Desde el Parlament, la consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha explicado que la denuncia se presentará presumiblemente el próximo martes, día 13, tras la reunión del ejecutivo catalán.

Según Artadi, la Fiscalía está "obligada a investigar" si ha habido delito en el "cambio de una sentencia firme", después de que el Supremo acordara que sea el cliente quien abone el impuesto de Actos Jurídicos Documentados vinculado a la firma de una hipoteca, con lo que dio un paso atrás en la reciente doctrina, dictada hace tres semanas, que imponía a la banca el pago de este gravamen.

Europa dice que el sistema judicial español funciona

Por otra parte, también este viernes la Comisión Europea (CE) dijo que el sistema judicial español "funciona" y que no existe "preocupación" al respecto para el Ejecutivo comunitario, que tiene "competencias limitadas" en materia de Justicia.

"No tenemos ninguna preocupación fundamentada por ninguno de los asuntos mencionados", dijo hoy la portavoz comunitaria Mina Andreeva, a la pregunta de si a Bruselas le inquieta el sistema judicial español, tras la decisión esta semana del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas y la sentencia de la Corte de Luxemburgo por el caso de Arnaldo Otegi.

"A la CE no le corresponde comentar casos judiciales específicos en los estados miembros", subrayó la portavoz comunitaria en la rueda de prensa diaria de la institución.

Recordó asimismo las "competencias limitadas de la CE en el área de Justicia", que hacen que actúe solo en relación con el mecanismo del Estado de derecho, "para detectar problemas más sistémicos en los sistemas judiciales" de los países.

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