Pedro Sánchez lo anunció y este jueves se hizo realidad. El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto para asegurar que sean los bancos los que asuman el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas.

Pero siempre "con todo respeto a la autoridad judicial", ya que el Gobierno ha cumplido con su deber dentro de su capacidad ejecutiva con este decreto, que entra en vigor este viernes tras su publicación en el BOE. Por tanto, los bancos asumirán desde el sábado el pago de ese impuesto.

Esta medida fue anunciada por el presidente del Gobierno tras la decisión adoptada por el Tribunal Supremo que eximía a los bancos del pago de ese impuesto. Sánchez explicó que no se trata de eliminar el impuesto, sino que la intención es atribuir los actos jurídicos documentados al sector bancario.

Tal norma, que afectará al artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, seguirá un cauce independiente respecto de la nueva ley hipotecaria, redactada conforme a la directiva europea durante el mandato del PP y que será tramitada por el Ejecutivo socialista tras casi dos años de retraso. Se establece, en el párrafo añadido, que el sujeto pasivo es "el prestamista", es decir, el banco. Además, ese gasto será no deducible por parte de dichas entidades, de tal manera que los bancos no obtendrán beneficios fiscales y el Gobierno no tendrá que devolver dinero en este concepto.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, justificó la urgencia de estos cambios por la "confusión" generada tras la decisión del Tribunal Supremo. El decreto tiene como "único" objetivo "que los ciudadanos no tengan que pagar más este impuesto, que ahora pagarán los bancos", añadió, y si no se ha planteado su eliminación, ni siquiera en aquellas comunidades autónomas donde gobierna, esgrimió la ministra, es porque aporta unos 2.000 millones de euros a las arcas públicas, que se destinan a Sanidad, Educación y Dependencia.

Asimismo, mandó un mensaje a todas las formaciones políticas que abogaron estos días por la eliminación del impuesto. "Tendrán que plantear qué instrumentos alternativos ofrecen para estos recursos", o habrá que "pensar" que quieren "limitar" el Estado del bienestar, concluyó Montero, que se sumó a las palabras de Sánchez de que ahora le tocaba actuar "al poder ejecutivo, después de que lo hiciera el judicial". Insistió además en lamentar "el cambio de criterio" experimentado por el alto tribunal. "El objetivo es dotar el sistema de seguridad jurídica desde el respeto a la justicia y a la separación de poderes", concluyó la titular de Hacienda.

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo que esta medida se adopta para expresar "con toda contundencia y claridad" que el impuesto lo paga la banca. Incluso antes de conocerse la "controvertida" sentencia del Supremo, que atribuía a los clientes la tasa, el Gobierno había manifestado su voluntad de estar junto a los ciudadanos y prestar el apoyo necesario a las comunidades autónomas depositarias de este gravamen, dijo, defendiendo la postura de los socialistas en este asunto.

Repitió que será la banca la que se haga cargo de esta tasa y según ella, con este paso, el Gobierno muestra una vez más su responsabilidad y su rapidez en la actuación "al estar junto a los problemas de los ciudadanos y su resolución", en un tema que afecta a millones de personas

Por otro lado, Montero confirmó también también que el Ministerio de Economía anunciará en unas semanas la puesta en marcha de una autoridad para evitar que las entidades financieras apliquen cláusulas abusivas para contrarrestar el pago del impuesto. Asimismo, confía en "no tener dificultades para su convalidación", ya que la mayoría de los grupos políticos se han mostrado partidarios de la defensa del consumidor.

Entre las reacciones, Ciudadanos confirmó que apoyará la iniciativa del Gobierno y acusó al PP de "oportunista". En las filas populares, Rafael Catalá salió en defensa del TS por fijar "una postura común" y se volvió a pedir la supresión del impuesto.

Los bancos han asumido con normalidad la decisión adoptada por el Gobierno, pero al mismo tiempo piden diálogo y una mayor seguridad jurídica. Sin sobresaltos en Bolsa, las entidades bancarias mantienen una postura que habían anunciado ya: la de respetar las decisiones que se tomen.

Eso sí, solicitan una serie de nuevos pasos a Pedro Sánchez. En ese sentido, el consejero delegado del Banco Santander España, Rami Aboukhair, pidió ayer al Ejecutivo socialista que para que el sector financiero pueda seguir dando financiación y avanzar "necesitamos seguridad jurídica" y "suprimir obstáculos y favorecer la inversión". Aboukhair considera necesario "escuchar" a la banca para desarrollar una sociedad más social y justa.

Por otra parte, la agencia de medición de riesgos Moody's cree que el hecho de que sean los bancos los que asuman el impuesto tendrá un impacto "limitado" en sus beneficios. Y ven además positivo que no tengan que hacerse cargo con carácter retroactivo. En cambio, anticipa que la banca aplicará probablemente costes adicionales a sus clientes de préstamos hipotecarios, para compensar el pago de este gravamen.