El Congreso ha convalidado este jueves el real decreto ley para regular la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), que limitará la concesión de licencias y trasladará esta competencia a comunidades autónomas y ayuntamientos, con los votos positivos del PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV o PDeCAt y el voto en contra del PP y Ciudadanos.

Finalmente, los nacionalistas vascos y los independentistas catalanes han inclinado la balanza en favor del decreto del Gobierno al término de un debate en el que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, no ha tenido más remedio que acceder a que después se tramite como un proyecto de ley, para que los grupos puedan presentar enmiendas. En todo caso, la nueva regulación para limitar la expansión de los VTC tal y como demanda el sector del taxi, entrará en vigor inmediatamente.

En el debate que ha precedido a la votación, Ábalos ha defendido la convalidación de un real decreto qu diferenciará nítidamente la actividad de Uber o Cabify de la de los taxis y frenará un número creciente licencias que, ha dicho, ha puesto "en peligro" la gestión de la movilidad en grandes ciudades y núcleos turísticos.

Ábalos ha pedido a la Cámara que votara a favor de un decreto que dará competencia a comunidades autónomas y, en algunos casos, a los ayuntamientos, para otorgar licencias para que los VTC puedan prestar servicio a partir de empresas como Uber o Cabify.

Según ha dicho, "el incremento de las autorizaciones de VTC que operan en el mercado, junto con el aumento muy significativo de autorizaciones derivadas de procedimientos judiciales, ha desembocado en una situación inasumible que tiene que ser abordada".

Para el ministro, este incremento de autorizaciones "pone seriamente en peligro la eficacia de la racionalización del transporte local". "Es un hecho fehaciente que las condiciones en el mercado de las principales ciudades, de gran tamaño y por actividad turística, están siendo alteradas por el gran incremento de las autorizaciones de la VTC", ha señalado.

En este sentido, el decreto busca que el número de licencias sea de una de VTC de cada 30 licencia de taxi, aunque establece una moratoria de cuatro años para que las que ya existen o están en tramitación puedan circular, con el fin de "compensar los perjuicios".

El decreto ley traslada la competencia de autorizar las VTC desde el Estado hasta las comunidades y algunos ayuntamientos, para que "puedan gestionar de manera adecuada la movilidad dentro de su territorios y controlar de manera efectiva" estos servicios, ha explicado el ministro de Fomento ante los diputados.

En estas licencias se fijarán un esquema tarifario con horarios, calidad del servicios y del vehículo y habrá otra autorización para que los VTC puedan prestar servicios fuera del municipio por el que tienen licencia, que concederán las delegaciones el Gobierno a través de los gobiernos autónomicos.

En esos casos, un VTC podrá actuar "en todo el territorio nacional", pero siempre que haya recogido al cliente en la localidad a la que está adscrita el vehículo.

En su intervención ante el Congreso, que votará el real decreto a final de la mañana de este jueves, Ábalos se ha referido a la nueva realidad que ha supuesto la aparición de la VTC, gracias a las nuevas tecnologías, los teléfonos inteligentes y las aplicaciones para móviles, pero también ha puesto el acento en que, en otras ocasiones, coger un taxi o un Uber o Cabify, suponen contratar un servicio de forma muy similar que el decreto busca diferenciar.

Ábalos ha precisado que la "diferencia fundamental" entre VTC y taxis es que los primeros "tienen que ser siempre precontratados", pero también ha afirmado que hay ocasiones en los que no median más que "segundos" entre que se contrata un VTC y llega, lo que hace que apenas haya diferencias con coger un taxi en calle.

"Los servicios prestados por taxis y VTC hoy en día resultan muy difíciles de distinguir, en particular en el ámbito urbano y metropolitano", ha dicho.

No obstante, para mantener estas diferencias, Ábalos ha recordado que los VTC no podrán coger clientes en la calle, sin contratación previa, y no podrán esperarlos en lugares destinados a ello, como las paradas de taxi para los taxistas.

Al término del debate, Ábalos se ha mostrado confiado en que el decreto ley a regular la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) será aprobado este jueves y, por tanto, podrá entrar en vigor inmediatamente. No obstante, para ello no ha tenido más remedio que admitir a tramitarlo después como proyecto de ley para que los grupos puedan emnendarlo, tal y como le han exigido los partidos catalanes.

PdeCAT y ERC han comprometido al ministro su voto a favor en un debate que por momento se ha visto desbordado por la negativa del Gobierno a abrirlo después a enmiendas. En ese escenario, los dos le han recordado a Ábalos que "no tiene mayoría absoluta" y le han reprochado que pretenda tener el apoyo para un decreto que no ha negociado con los y negándose después a permitir enmendarlo.

Aunque finalmente será así, el ministro considera que una tramitación parlamentaria sólo contribuirá a provocar "incertidumbre" entre taxistas y conductores de VTC. Teniendo en cuenta la división que ha encontrado este jueves el decreto ley en el¡ Congreso, ha dudado de que después vaya a haber acuerdo. "¿Alguien cree que si se tramita va a haber consenso?", se ha preguntado.

El PNV también votará a favor y, como estaba previsto, el PP y Ciudadanos han anunciado que votarán en contra.

Para los populares, el decreto no soluciona el problema y "nace con el único objetivo de quitarse el marrón de encima". Se han mostrado en contra de transferir las competencias a las comunidades y a los "ayuntamientos podemitas de [Manuela] Carmena y [Ada] Colau".

Ábalos ha insistido en que el decreto "habilita pero no obliga" comunidades y municipios a regular las VTC, de manera que "el que no tiene el problema no tiene que regular".

Ciudadanos ha puesto el acento en la inseguridad jurídica y los posibles litigios que puede generar la reducción de concesión de licencias VTC, algunas ya en trámite.

Estos dos partidos, a los que Fomento considera más cercanos a multinacionales como Uber y Cabify, que a los trabajadores, han reprochado a Ábalos que no haya escuchado a todos los actores del sector.

"Tengamos el valor de decir las cosas, de venir y decir aquí de parte de quién estamos", les ha respondido Ábalos, que ha asegurado que "no se trata de echar a la competencia", sino de no dar "ventajas regulatorias" a un sector que, por "innovador", ya tiene "ventajas de mercado" frente a un sector "obsoleto" como se considera al taxi.

Con más vehemencia, el diputado de Podemos Rafael Mayoral ha considerado que el decreto demuestra que "David puede vencer a Goliat" y ha acusado a las multinacionales detrás de las licencias VTC de operar en "paraísos fiscales" para "eludir impuestos". Son, ha dicho, "empresas antisociales y atacan a la democracia".

La norma no satisface ni al colectivo de las licencias de VTC ni al del taxi, aunque la patronal Fedetaxi aplaude en líneas generales su contenido, si bien han manifestado sus discrepancias sobre la moratoria de cuatro años para que las administraciones autonómicas y locales adapten la legislación.

Un plazo que ha establecido el Ejecutivo para compensar los perjuicios que pueda ocasionar a los titulares de las VTC otorgadas con arreglo a la normativa anterior y que puedan ser anuladas para respetar el ratio legal de 1/30 (una VTC por cada 30 de taxis).

Las que están aseguradas son las protestas de los conductores de VTC y de los taxistas frente al Congreso. El primer colectivo comenzará a manifestarse las 9.30 en el paseo de la Castellana, a la altura del Ministerio de Fomento, y tiene previsto acabar en la plaza del Emperador Carlos V (Atocha), mientras que la concentración de los de los taxistas será a las 10.30 en la esquina de la calle de Cedaceros con la carrera de San Jerónimo.