La decisión sobre quién pagará el impuesto de las hipotecas tendrá que esperar casi dos semanas. Así lo ha decidido el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, tras reunirse con los magistrados que dictaron el pasado jueves la polémica sentencia en la que se instaba a la banca a hacerse cargo de estos costes hipotecarios. Será el 5 de noviembre cuando se tome la decisión sobre quién los asume: banca o clientes.

Consumidores, bancos, el sector inmobiliario y la judicatura son algunos de los actores implicados, y todos ellos coinciden en la incertidumbre que genera este aplazamiento.

La asociación de Técnicos de Hacienda Gestha estima que 1,5 millones de contribuyentes podrían reclamar la devolución del impuesto de la hipoteca si se confirma la decisión del Supremo el próximo día 5. El portavoz de la organización de consumidores Facua, Rubén Sánchez, apunta a 20minutos que"la decisión del viernes, independientemente del plazo que se elija, es inaudita por el argumento que esgrime el presidente de la sala".

Sánchez culpa a los bancos de haber creado "más incertidumbre" y agrega que el anuncio "pone en tela de juicio la independencia de la judicatura".

Además, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se suma a las críticas al Tribunal y ha convocado para mañana un escrache en el Tribunal Supremo. La asociación considera que esta decisión "provoca vergüenza suprema".

"No es la primera vez que el TS opta por aplicar medidas económicas frente a las jurídicas, que son las únicas que le competen", critican, y denuncian que "los poderes económicos han debido hartarse ya y han decidido presionarla para impedir que hagan Justicia, y conseguir que sigan haciendo su justicia".

El sector de la banca es el principal afectado de la sentencia del Tribunal Supremo, y el aplazamiento no hace más que sembrar la incertidumbre sobre el futuro de las hipotecas. Desde la Asociación Española de Banca (AEB), su portavoz, José Luis Martínez Campuzano, aclara a este periódico que "hasta conocer la decisión definitiva, cada banco tomará las decisiones que considere oportunas de acuerdo a su política comercial".

"Todavía es pronto para sacar conclusiones", apunta Campuzano, "Pero si cambian las características en la formalización de hipotecas podrían también cambiar las condiciones de financiación". Por ahora, los principales bancos españoles han decidido retirar de sus páginas web la información sobre préstamos hipotecarios, según indica la agencia EFE.

Las empresas inmobiliarias también se encuentran expectantes ante la decisión. Así lo confirma el director gerente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA), Daniel Cuervo.

"Todavía es pronto para analizar esta medida y qué consecuencias tendría si se aprobara, pero actualmente hay incertidumbre y preocupación". La organización considera que el plazo de dos semanas "es razonable", pero cree que durante este tiempo "se puede retrasar la entrega de viviendas a algunos compradores".

"La incertidumbre es mala para el sector financiero y el sector inmobiliario", destaca Cuervo."Pero también para la sociedad en general".

Tanto la decisión del supremo de paralizar la sentencia como la de aplazarla no ha sentado bien en algunas asociaciones de jueces. La organización Juezas y jueces para la Democracia –de tendencia progresista–, exigió ayer en un comunicado la dimisión "inmediata"  del Presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo Giménez. Los magistrados consideran "sorpredente" e "insólita"  esta decisión,  y valoran la actuación del juez como una "nefasta gestión".

Para la organización, Díez-Picazo "ha generado alarma social, ha provocado desconcierto en la ciudadanía que no saben qué hacer con sus hipotecas y toda su economía doméstica, ha generado inseguridad jurídica, ha utilizado indebidamente las facultades legales que la legislación le encomienda a un Tribunal colegiado y ha puesto en tela de juicio la imparcialidad e independencia de los jueces".

No es la única asociación de jueces que valora de manera negativa estos hechos. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria lamentó ayer la "confusión" creada por el Supremo, y asegura que  "no contribuye a la imagen de independencia del Poder Judicial".

"No tenemos conocimiento de que se haya producido ningún precedente similar en el que el Presidente de una Sala avoque a Pleno un asunto después del prácticamente inmediato dictado de una Sentencia y cuando la misma ha provocado importantes efectos sociales y económicos", destaca la organización. "Pero, sobre todo, sin el dictado (o al menos para nosotros desconocido) de una resolución jurisdiccional motivada en un asunto concreto".