El Gobierno vuelve a usar el polémico acuerdo con Marruecos para devolver a 55 inmigrantes que saltaron la valla

Imagen de archivo de un intento de salto a la valla de Melilla.
Imagen de archivo de un intento de salto a la valla de Melilla.
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Imagen de archivo de un intento de salto a la valla de Melilla.

La Delegación del Gobierno en Melilla ha informado de que ha devuelto a Marruecos este mismo lunes a 55 de los 209 inmigrantes que lograron pasar este domingo a la ciudad autónoma en un salto masivo protagonizado por unos 300 subsaharianos.

Según ha comunicado un portavoz de la institución, "el Gobierno ha aplicado el tratado hispanomarroquí de readmisión a 55 personas", que al mediodía estaban siendo trasladadas al país árabe.

El Ejecutivo ha seguido el mismo sistema que puso en marcha en Ceuta en agosto con la expulsión de 116 personas que saltaron la valla como respuesta a la violencia empleada por los inmigrantes, que usaron cal viva, bolas de heces y sprays para sortear a los agentes de la Guardia Civil.

En el caso de Melilla de este domingo resultaron heridos seis agentes, aunque ninguno de ellos requirió hospitalización, pero no se ha precisado cómo se lesionaron ni si se emplearon los mismos materiales que en Ceuta.

Marruecos ha emitido un escueto comunicado en el que asegura que doce militares marroquíes resultaron heridos "al intentar evitar" el salto a la valla de Melilla de un grupo de unos 300 subsaharianos. Entre los doce militares heridos y trasladados al Hospital de Nador "hay varios en estado grave", añadió el comunicado, sin dar otras precisiones.

140 solicitudes de asilo

Las fuentes de la Delegación del Gobierno agregan que "140 personas se han acogido a la solicitud de derecho de asilo", por lo que permanecen todos ellos en Melilla pendientes de la resolución de sus expedientes y que "tres inmigrantes han sido confirmados como menores", por los que son acogidos en aplicación de la legislación vigente en materia de acogimiento de menores.

De los 19 inmigrantes que resultaron heridos en el salto "cinco siguen hospitalizados" y otros "cinco cuentan con lesiones que no requieren hospitalización, pero sí reposo".

El portavoz gubernamental no ha ofrecido este lunes novedades sobre el caso del inmigrante fallecido después de que el domingo avanzara que se le practicará una autopsia para conocer las causas de su fallecimiento, aunque subrayaba que todo parece indicar que se produjo a causa de una parada cardiorrespiratoria.

La delegada del Gobierno, Sabrina Moh, confirmó que el salto se había producido a las 9.00 horas en la zona de Rostrogordo, tras un intento de entrada por parte de unos 300 subsaharianos, de los cuales 209 lo consiguieron según la cifra definitiva ofrecida ya este lunes, todos ellos varones.

Moh indicó que, una vez producido el acceso, se activó el protocolo habitual y se montaron dos dispositivos policiales, uno en Jefatura y otro en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) para proceder a la filiación de los migrantes —nombre, huellas, procedencia—, tras lo que se les daría asistencia letrada.

"No debe ser el camino"

Esta medida ha vuelto a provocar la indignación de ONG como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). "Nos parece que volver a poner en práctica el experimento ya utilizado en agosto en Ceuta no debe ser el camino", ha criticado Paloma Favieres, su directora de Políticas y Campañas. Favieres ha lamentado que, pese a estar en el CETI, estos inmigrantes "se encuentran en calidad de detenidos" y que los servicios jurídicos de la comisión no han podido acceder a ellos.

"Según nuestra información la mayoría proceden de Mali y supuestamente muchos de ellos no hablarán francés. Queremos pensar que han tenido la mejor asistencia en materia de interpretación de bambara", ha resaltado la abogada, quien ha insistido en que "Marruecos, y quedó de manifiesto en los días posteriores a la expulsión de las personas que llegaron a Ceuta, no es país seguro".

Favieres ha resaltado que "no respeta el principio de no devolución, no es un país que esté respetando los derechos humanos de las personas que están siendo devueltas y no facilitó información entonces ni la va a facilitar ahora". "Muchas organizaciones que trabajan al otro lado reportaron situaciones de detención de las personas que habían sido devueltas y creo que, como Estado de Derecho, no debemos permitirlo", ha concluido.

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