A finales de noviembre, los miembros del Gobierno publicarán sus agendas de trabajo. No la relación de los actos institucionales de cada día, esos que están disponibles, por ejemplo, en la web de La Moncloa y de los que suele quedar constancia en fotografías o declaraciones a la prensa. Se trata de dar acceso a sus agendas de trabajo con las reuniones no públicas que mantienen presidente, ministros y secretarios de Estado, para que los ciudadanos sepan a quiénes escuchan y, por tanto, quiénes son susceptibles de influirlos.

De momento, el plan para abrir las agendas del Gobierno lo ultiman desde la Dirección General de Administración Digital del Ministerio de Política Territorial y Función Pública que dirige Meritxell Batet, y la Vicepresidencia del Gobierno. En breve, se comunicará a los distintos Ministerios cuál es el procedimiento a seguir, de manera que las agendas puedan ser públicas en el plazo previsto de finales de noviembre.

A más de mes y medio de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haga su particular destape, en lo que se trabaja todavía es en los "criterios", es decir, qué información sobre reuniones y conversaciones debe quedar fuera del escrutinio público, por motivos de confidencialidad.

El motivo que se da para ello es que en el Gobierno "hay mucho trabajo que se hace por debajo" y no todo puede ni debe publicarse. Así, se plantea la cuestión de qué parte de las reuniones que mantienen, por citar dos departamentos especialmente sensibles, los ministros de Interior y de Defensa, Fernando Grande Marlaska y Margarita Robles, deben hacerse públicas.

Según explicó esta semana la ministra de Función Pública, primero se desvelarán las agendas de ministros y secretarios de Estado en un proceso que será gradual y en el que posteriormente entrarán otros altos cargos como los directores generales. Aunque Batet no se refirió en concreto al presidente, fuentes de La Moncloa entienden que este plan también se aplicará a Pedro Sánchez. "La transparencia no puede ser unilateral, los ciudadanos tienen que situarse en el centro de las decisiones de la Administración", explicó la ministra.

Según este plan, el Gobierno sigue el plan de acción que en enero de 2017 marcó el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el organismo creado para velar y hacer cumplir la Ley de Transparencia, en una "recomendación" para que el Gobierno hiciera públicas sus agendas de trabajo.

Debían ponerse a disposición del público viajes oficiales realizados o recibidos; actos institucionales; eventos, actos y conferencias, recepciones y comidas; ruedas de prensa y entrevistas; reuniones con personal a su cargo y otras personas como representantes de empresas, fundaciones, sindicatos, partidos u ongs, así como viajes y desplazamientos.

Esta obligación no figura en la Ley de Transparencia, pero en enero de 2017 el Consejo de vio impelido a hacer esta recomendación, con el objetivo de que fuera tan obligatoria como el resto de cuestiones previstas en la norma, debido a las muchas solicitudes de información que había recibido de ciudadanos sobre cuestiones que sólo podían contestarse teniendo acceso a la agenda de trabajo de los miembros del Gobierno.

El Consejo consideró "necesario determinar cuáles son los datos y la información a las reuniones, visitas y actividades de los miembros del Gobierno y los altos cargos que constituyen información pública y, por lo tanto deberían hacerse pública".

A esto mismo se refería Batet cuando esta semana señaló que la publicación de las agendas de trabajo de ministros y secretarios de Estado, los primeros en llevarla a cabo, es "una demanda de hace muchísimo tiempo".

La política de agendas abiertas no es nueva en España. Según el experto en transparencia y editor de la web gobiernotransparente.com, Rafael Ayala, todo empezó con los Gobierno del cambio, con la llegada a los gobiernos de ciudades de Madrid o Barcelona de plataformas ciudadanas donde la transparencia se venía trabajando antes a nivel de sociedad civil.

Fuera de España, sin embargo, ya había políticos españoles obligados a contar con quién se reúnen o con quién almuerzan. La Comisión Europea abrió las agendas de sus comisarios, entre ellos del español y responsable de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete.

Gracias a esta información, el diario.es informaba en octubre de 2015 que, un año después de empezar a andar la Comisión que preside Jean Claude Juncker, Cañete era el comisario que más lobbies había recibido.

"Se trata de un seguimiento a la gestión política", dice Ayala, un "qué" íntimamente ligado al "para qué", es decir, cuál es el objetivo de que un político, un ministro en el caso más inminente, se reúna con cierta organización y, sobre todo a la inversa, para qué quiere esa organización reunirse con un ministro.

"Para saber quién está tomando las decisiones se necesita saber con quién se reúnen los que toman las decisiones". Así de claro lo explica Victoria Anderica, directora del Proyecto de Transaparencia del Ayuntamiento de Madrid, donde 15 días después de llegar el equipo de Manuela Carmena se publicaron las agendas de la alcaldesa y de sus concejales.

Posteriormente, se aprobó una ordenanza y la publicación de las agendas de trabajo se fue ampliando progresivamente hasta abarcar en la actualidad a todos los concejales, de Gobierno y de la oposición, a los puestos directivos y altos cargos del Ayuntamiento y a todo el personal eventual, es decir, los cargos de confianza de los políticos que, evidentemente, también se reúnen con personas y colectivos y tienen capacidad de influir en las decisiones que se toman.

Anderica cifra el éxito de la iniciativa a que hoy hay registradas "más de 65.000 reuniones públicas en las agendas" de todo el personal, político, funcionario y eventual, del Ayuntamiento de Madrid. Aunque admite que siempre es posible que se escape algún encuentro, desde 2015 no ha debido haber grandes omisiones cuando la comisión de seguimiento del cumplimiento de la ordenanza de transparencia, donde los concejales de la oposición son mayoría, no ha detectado fallos significativos.

En el caso del Ayuntamiento de Madrid, la "buena voluntad" para ser transparentes que detectó Anderica nada más llegar se reforzó con la aprobación de una ordenanza, es decir, por el hecho de que los políticos estuvieran obligados por ley a hacerlo. De momento, en los planes del Gobierno está seguir la "recomendación" de que hizo en 2017 el Consejo de Transparencia.

En España el abanico del grado de obligatoriedad para que un político cuente con quién se reúne es amplio. En ausencia de una norma general, se extiende desde políticos individuales que, sin tener obligación normativa, publican sus agendas en un acto de transparencia hasta instituciones que ponen facilidades que sus miembros se resisten a seguir.

Roberto Jaramillo, concejal de Podemos en el ayuntamiento de Valencia y miembro de la Diputación provincial es uno de los primeros. Él no sólo publica su agenda de trabajo, también la difunde en Twitter casi de manera simultánea a sus encuentros.

Más al sur, en Andalucía, el equipo del nuevo delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, anunciaba el mes pasado que se abrirán las agendas de la Delegación y de las ocho subdelegaciones provinciales.

En el Congreso de los Diputados existe una iniciativa similiar, a la que de momento pocos diputados se han sumado. Hace unos meses, la Cámara ofreció a sus 350 miembros incluir en sus perfiles personales de la web un apartado específico para publicar su agenda. En principio se trataba de volcar en la web de cada uno de ellos la agenda del Congreso, es decir, su participación en el Pleno o en las comisiones de las que formen parte. En realidad, nada distinto a lo que se publica en las agendas semanales pero personalizado.

Pues bien, de momento, 48 de los 350 diputados han accedido. Entre los que sí, hay diputados de todos los colores, entre ellos la vicepresidenta tercera, la popular Rosa Romero, que abrazó enseguida la iniciativa porque asegura que ella ya publicaba de forma habitual su agenda de trabajo.

Sin embargo, aún son menos los diputados, casi una excepción, que alimentan la información institucional del Congreso con actos, reuniones y encuentros que mantienen fuera de las puertas del Congreso y que también forman parte de su actividad política. Los diputados Susana Sumelzo e Ignacio Urquizu son casi la excepción.