Los comerciantes se rebelan contra el cierre del centro al tráfico

Cartel informativo de Madrid Central en Cibeles.
Cartel informativo de Madrid Central en Cibeles.
JORGE PARÍS
Cartel informativo de Madrid Central en Cibeles.

Madrid Central, la futura gran área de prioridad para residentes del distrito Centro, que impedirá la entrada del coche privado a los no residentes (excepto los vehículos Eco y Cero), ha encontrado una dura oposición a apenas 50 días de su implantación, prevista para el próximo 23 de noviembre.

Más de una treintena de asociaciones de comerciantes, transportistas, hosteleros y empresarios del ocio, entre otros, anunciaron ayer la constitución de una plataforma de afectados por Madrid Central, una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid que consideran que se ha desarrollada de forma apresurada, sin los informes necesarios y que perjudica tanto sus intereses particulares como el interés público, por lo que solicitan retrasar su implantación para "repensar el calendario de aplicación".

Los empresarios argumentan que no se ha tenido en cuenta el impacto económico que tendrá en sus negocios la entrada en funcionamiento de esta gran APR de Centro, donde hay establecidas más de 30.000 empresas y cerca de 300.000 puestos de trabajo que podrían verse perjudicados. Tampoco creen que las restricciones al tráfico privado para las personas que no son residentes vayan a mejorar mucho la calidad del aire en un distrito «que no cuenta con altos niveles de contaminación».

La plataforma también denuncia que pese a que en las reuniones con el Ayuntamiento de Madrid han trasladado al Consistorio las necesidades básicas que debe cumplir este plan para garantizar el adecuado funcionamiento de las empresas y proveedores que operan en el distrito no se han atentidos sus peticiones. "Siguen sin resolverse las necesidades básicas cuando faltan 50 días para el 23 de noviembre", señala este colectivo en un comunicado.

Estas organizaciones, entre las que se encuentran Madrid Foro Empresarial, la Asociación de Comerciantes de Lavapiés o la Asociación de Hosteleria de la Comunidad de Madrid (La Viña), harán público un manifiesto el 10 de octubre para intentar "forzar el diálogo con el Ayuntamiento".

Fuentes municipales señalan a este medio que "la prioridad es la salud", ya que Madrid "lleva una década incumpliendo los niveles de contaminanción, que es nociva y causa miles de muertes". Además recuerdan desde el Consistorio que la medida es fruto de tres años de diálogo con las asociaciones representativas del tejido empresarial y aseguran que la movilidad en transporte público está garantizada.

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¿Cuál es la principal razón por la que se oponen a Madrid Central?

Principalmente por la desinformación y las prisas excesivas por la implantación. Se va a poner en marcha esta medida sin haberse realizado ningún estudio de impacto ambiental ni económico en la zona.

¿Por qué es necesario retrasar la implantación de la APR?

Creemos que una medida como esta que afecta al tejido socialy económico requiere una implantación mucho más lenta. No hay aparcamientos disuasorios ni se ha mejorado el transporte público. No puedes obligar a la gente a que cambie de coche en dos años.

¿Están en contra de las medidas para mejorar la calidad del aire?

Somos los primeros interesados en vivir en un entorno más sano y habitable. Pero no nos gusta el oscurantismo con el que se ha hecho todo. Sin ninguna base ciéntifica ni económica.

¿Se sienten los más perjudicados?

La medida perjudica a todos los que habitamos el distrito Centro, pero especialmente al pequeño comercio de proximidad. Nos han quitado hasta las matrículas de cortesía. Veo un punto de discriminación cuando pagamos los mismos impuestos. No entendemos por qué tienen los vecinos y nosotros no cuando tenemos aquí nuestros comercios.

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