La Fiscalía ha pedido al juez la reapertura de dos piezas del caso Villarejo, la denominada Land —sobre los promotores de la urbanización La Finca de Pozuelo— y Iron —sobre un bufete de abogados—, al haber aparecido "nuevos y sólidos" indicios contra las siete personas para las que se archivaron estas investigaciones.

En un comunicado, la Fiscalía Antocorrupción asegura que estos nuevos hallazgos permiten seguir "ampliando" las pruebas "sobre las actividades delictivas de una organización incrustada en puestos de la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía especialmente sensibles para la seguridad del Estado en los últimos quince años".

Con este fin, la Fiscalía ha remitido sendos informes al juez del caso, Diego de Egea, en los que le reclama que deje sin efecto el archivo decretado en ambas piezas, que ha sido recurrido por Anticorrupción, al entender que el magistrado cerró estas investigaciones de forma "precipitada".

Estos nuevos indicios han aparecido a raíz del análisis de la documentación en soporte papel y digital intervenida en los registros de la operación Tándem en la que en noviembre fue detenido el excomisario José Villarejo.

Esos nuevos datos, dice el ministerio público, permiten seguir ampliando las fuentes de prueba en todas las líneas abiertas en la presente investigación sobre las "actividades delictivas de una organización incrustada en puestos de la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía, especialmente sensibles para la seguridad del Estado en los últimos quince años".

Los indicios recabados "aconsejan reabrir la instrucción" de dichas piezas separadas que, a juicio de la Fiscalía, "se habrían cerrado precipitadamente por el instructor", el juez Diego de Egea, lo que llevó a la presentación el 13 de agosto de 2018 de sendos recursos en ambas piezas, pendientes de resolución por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Entiende Anticorrupción que hay "nuevos y sólidos indicios en estas piezas", lo que justifica su petición de dejar sin efecto los sobreseimientos acordados sin esperar a la resolución de los recursos, lo que "permitiría el más amplio e inmediato ejercicio del derecho de defensa de los investigados afectados por las decisiones de sobreseimiento provisional".

El juez instructor de la 'Operación Tandem' decidió el pasado mes de agosto dejar en prisión al excomisario José Manuel Villarejo, investigado por delitos de extorsión y revelación de secretos que le reportaron 5,5 millones de euros de facturación, y acordó una fianza de un millón de euros para la salida de la cárcel de su socio Rafael Redondo.

Villarejo fue detenido el pasado 3 de noviembre y tras prestar declaración el juez le envió a prisión provisional. Desde entonces se encuentra ingresado en la prisión de Estremera. Se le investiga por delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, y blanqueo de capitales (en la causa principal), así como por descubrimiento y revelación de secretos y extorsión.

La Fiscalía sospecha que Villarejo se sirvió de su condición privilegiada como policía para hacer seguimientos y escuchas ilegales con fines de extorsión, por lo que se han ido abriendo piezas separadas en la causa. La venta de informes de inteligencia está siendo investigada en las dos causas para las que se solicita la reapertura.

En la pieza 'Iron' se investiga el presunto clonado del servidor por parte de un grupo de abogados para tener la base de datos de clientes del despacho del que se marcharon para abrir un despacho competidor, el bufete Balder IP Law. En la pieza 'Land' se estudia un informe encargado por la hija del promotor de la exclusiva urbanización madrileña La Finca, Susana García-Cereceda, que le pidió que investigara a otros miembros de la familia con los que estaba en lucha por la herencia millonaria del patriarca.