Vehículo diésel repostando
Vehículo diésel repostando. IE BUSINESS SCHOOL

Los "días contados" que la ministra Teresa Ribera concedió ayer al combustible diésel en España durante su comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso ha despertado el recelo de ciudadanos y colectivos que usan este combustible para sus desplazamientos  y su trabajo diario.

Este jueves las reacciones han caído en cadena. Para el sindicato UGT sus declaraciones son "inaceptables" por generar alarmismo en el sector automovilístico y en los conductores de vehículos diésel. Que no son pocos. Hasta 17,9 millones de vehículos cuenta la DGT en las carreteras españoles. De ellos, 13 millones son turismos particulares. "Rechazamos este tipo de política de titulares, debería conocer el sector de la automoción", dicen.

Precisamente la industria automovilística —un sector que aporta el 10% del PIB y emplea a 200.000 trabajadores— salió hoy en tromba a impugar la opinión de la ministra. La patronal de concesionarios Faconauto considera que su análisis es "precipitado" y que la descarbonización de la movilidad debe ser progresiva. El gremio de vendedores, Ganvam, la acusa por su parte de emprender una "cruzada" y "demonizar" al diésel lanzando "dardos sin fundamento".

Los nuevos diésel, más limpios que la gasolina

"Las tecnologías actuales del diésel expulsan menos gases de efecto invernadero, justo lo que nuestro país debe reducir para cumplir los objetivos ambientales", dicen en Ganvam. El Euro 6 de gasóleo, de hecho, emite las mismas partículas de óxido nitroso que los de gasolina.... y menos dióxido de carbono (CO2).

La polémica llega precisamente en una semana en la que el gasóleo se ha encarecido un 4,6%, según plasma hoy en el Boletín Petrolero de la UE. Una subida que casi triplica la de la gasolina (+1,9%) y que reduce la tendencia decreciente de ambos carburantes en el último mes. El litro de diésel cuesta ahora 1,28 euros, un precio desconocido desde hace cuatro años.

Y será aún más caro si finalmente fructifica el plan de elevar los impuestos al diésel hasta equiparlos a los que gravan la gasolina. Una idea que el Gobierno lanzó como globo sonda, pero que de momento no se ha dispuesto sobre papel. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se limtó ayer a decir que la reforma fiscal no afectaría "a ciudadanos, pymes o autónomos". La ministra Ribera, por su parte, volvió a pasarle la pelota sobre este asunto a su colega de gabinete.

Pedro Linares, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, explicó este jueves durante la presentación del primer Barómetro de Transición Energética en España que elevar la imposición del diésel tiene dos efectos a pie de calle: el primero, desincentivar su compra respecto a los coches de gasolina —algo que ya está pasando, las matriculaciones diésel representan el 37% del total y hace dos años alcanzaban el 75%— y el segundo, elevar el coste de poseer estos vehículos.

Una elasticidad muy reducida

"En algunos sectores de la economía se producirá un trasvase, pero en otros habrá un shock y una reducción de actividad", dice Linares. La clave es eso que los economistas llaman 'elasticidad', es decir, la facilidad con la que un consumidor puede desechar un bien para elegir otro. ¿Qué facilidad tiene un conductor de abandonar su coche diésel y comprarse otro que sí le permita circular por los centros urbanos? ¿Y un transportista?

"Muy reducida", responde este experto que forma parte del grupo de investigación Economics for Energy. "La subida de impuestos al diésel tendrá un efecto muy pequeño a corto plazo sobre las emisiones por este factor de inelasticidad y sí lo tendrá en cambio sobre la economía". En otras palabras, que difícilmente un conductor abandonará su coche diésel por comprarse otro de gasolina o eléctrico... y en cambio su bolsillo sí sufrirá con la medida.

A largo plazo es otro cantar. Ahí el efecto, según Linares, será más importante en favor del medioambiente y afectará menos al bolsillo. La clave aquí es la antigüedad media de los vehículos en España: 12 años. "El impacto sobre las emisiones será mayor a medida que se sustituya el parque móvil", dice. De ahí que el grupo de expertos al que pertenece recomiende "subvenciones" a la compra de nuevos vehículos para que se beneficien las personas con menos renta.

Mientras tanto, unos ciudadanos se verán más afectados que otros. Los residentes en Madrid y Barcelona, dice Linares, tienen alternativas de movilidad que les permitirían sustituir el diésel con transporte público o carsharing. "Pero en otras ciudades como Valencia puede ser más duro porque no hay tantas alternativas de transporte urbano y la gente no podrá renunciar a su coche, por lo que subirá el coste de su movilidad".