La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció este miércoles que su departamento trabaja en un nuevo marco legal para prohibir el corte de agua a las familias vulnerables que no pueden pagar este suministro mientras las administraciones tramitan posibles ayudas sociales al respecto.

Así lo destacó en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, donde compareció a petición propia para explicar las líneas generales de trabajo de su departamento, si bien su asistencia fue solicitada por el PP, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos y el Grupo Mixto.

"Ningún hogar debe ser privado de un bien básico para la vida como el agua y los poderes públicos deben velar para que no se vea vulnerado ese derecho fundamental. Por tanto, trabajaremos por el reconocimiento de ese derecho al agua como un derecho humano", comentó.

En este sentido, apuntó que habrá un "nuevo marco legal" que impedirá que el suministrador de agua pueda suspender el servicio de abastecimiento a una familia "por razones económicas cuando los recursos familiares no permitan cubrir su pago en tanto se tramitan las posibles ayudas sociales que puedan permitir acceder a la cobertura básica y haya resolución administrativa".

Ligado a este aspecto, Ribera indicó que la pobreza energética es uno de los asuntos que más "ha dolido y avergonzado" en España durante la crisis económica, y recordó que 6,8 millones de españoles fueron considerados vulnerables en 2016 y no pudieron mantener una temperatura adecuada en sus hogares o se retrasaron en el pago de algún recibo eléctrico.

Subrayó que el bono social eléctrico aborda "de forma parcial" la pobreza energética y debe mejorarse la accesibilidad de la electricidad en las casas en colaboración con las administraciones que han impulsado herramientas de lucha contra la pobreza. Por otro lado, Ribera calificó de "deficientes" los niveles de depuración de las aguas residuales y apuntó que la UE ha impuesto a España una multa de 46,5 millones de euros por incumplir la normativa en 17 ciudades.

"Existen carencias importantes en la depuración de aguas residuales en nuestro país", dijo, ante lo cual consideró "urgente" un plan de choque a través de un Plan Nacional de Depuración y Saneamiento.

La ministra, además, ha manifestado que "el diésel tiene los días contados" y que su "impacto" en la calidad del aire "es lo suficientemente importante como para ir pensando en un proceso de salida". En todo caso, sobre una posible subida de impuestos que pudiera afectar a este carburante, la ministra se ha remitido a su colega María Jesús Montero, titular del departamento de Hacienda.

Preguntada por las restricciones al tráfico que preparan ciudades como Madrid, Ribera las ha celebrado como una medida "muy razonable y muy normal", pues cree necesario facilitar la movilidad pero también que esta "afecte cada vez menos, en la medida de lo posible, a la salud de los ciudadanos".

"Evidentemente, el diésel tiene los días contados. Durará más o menos, pero sabemos que su impacto en partículas y en lo que respiramos es suficientemente importante como para ir pensando en un proceso de salida", ha declarado. En este sentido, ha señalado que el Gobierno debe plantearse qué "señales fiscales y regulatorias" puede aprobar para acompañar a los gobiernos municipales "en ese proceso de cambio" de la movilidad.

La ministra ha aclarado que "no se puede culpabilizar a quien compra" y que, en todo caso, a la hora de adquirir un vehículo diésel el consumidor debe saber "que el coste de compra de un coche nuevo de una categoría u otra no está reflejando el coste real del impacto que tiene ese coche".

"Un consumidor responsable es lo mejor que podemos tener, pero para facilitar comportamientos de consumidor responsable tenemos que asegurarnos de que las señales de mercado, las señales fiscales, nos permitan discriminar de una manera intuitiva, natural, sin tener que hacer análisis profundísimos sobre qué es lo que significa cada una de nuestras opciones de compra", ha concluido.