De momento solo es un plan sobre la mesa del nuevo Gobierno socialista, pero los cambios de fiscalidad medioambiental que vislumbra el Ejecutivo podrían pasar por una elevación de los impuestos al diésel para equipararlos a los de la gasolina, tal y como se recogía en los presupuestos alternativos que presentó el PSOE cuando estaba en la oposición.

"Estamos trabajando en una fiscalidad medioambiental a propuesta del Ministerio de Transición Ecológica", admitió esta semana la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. "No se busca tanto una capacidad recaudatoria, sino que las empresas eviten comportamientos agresivos con el medio ambiente".

Estas son las claves de la subida al diésel que prepara el Gobierno.

Hay varios motivos. La Comisión Europea lleva años pidiendo a España que eleve sus impuestos especiales, sobre todo la 'tributación verde', para desincentivar la emisión de gases nocivos a la atmósfera y cumplir con los objetivos medioambientales que exige la UE a los países miembro. Además, las finanzas públicas españolas siguen presentando déficit y la deuda sigue disparada, por lo que sería una medida beneficiosa para avanzar hacia el equilibrio fiscal del país.

Este carburante, el más utilizado por el parque móvil en España, es uno de los principales culpables de la emisión de partículas de óxido nitroso (NOx), una de las grandes preocupaciones en las grandes ciudades. La propuesta del Gobierno consistiría en la equiparación entre los tipos de gravamen que soportan el gasóleo y la gasolina, que ahora son de 30,7 y 40,25 céntimos por litro, respectivamente. Además, España es uno de los países de la UE que menos grava los carburantes.

Elevar el gravamen del diésel a los 40,25 euros por litro que se imponen ahora sobre la gasolina reportaría 2.140 millones de euros en ingresos al Estado. Es decir, lo mismo que se gastará este año el Gobierno en subir las pensiones al 1,6%. Si la subida se aplicase de forma escalonada y repartida en cuatro años, como parece que es el plan del Ejecutivo, se obtendría anualmente una cifra aproximada de 600 millones de euros.

Según los cálculos realizados por Kelisto.es, la subida del diésel elevaría el precio de este carburante hasta 14,3 céntimos por litro (una subida 11,7%) y esto le supondría a los conductores 777,7 millones más de impuestos. Eso, en total. ¿Y a nivel particular? Como en España circulan 13,03 millones de coches diésel —el 57% del parque móvil— aumentaría el gasto anual medio de sus propietarios de 670 euros a 736 euros cada. "Es un 9,8% más", calculan en Kelisto.es.

De momento la medida se encuentra sobre la mesa del Gobierno y forma parte de su plan tributario, pero aún no se ha tomado una decisión definitiva. Eso sí, de hacerse en breve coincidiría con la subida pronunciada que experimentan los carburantes en las últimas fechas por el encarecimiento del petróleo. El gasóleo, de hecho, se ha encarecido un 17,4% en el último año... casi ocho veces más que el 2,3% que sube la inflación en ese tiempo.

"La subida del gasóleo será diferente dependiendo de la región", explican en Kelisto. El motivo es que algunas regiones gravan el carbutante con tasa autonómica y otras no. Las que más lo notarán, apuntan en este portal, serían Cantabria, Castilla y León o La Rioja, con un aumento de 14,3 céntimos por litro (un 11,7% más con respecto al precio actual). En el lado contrario se situarían Andalucía, Cataluña y Comunitat Valenciana, entre otras, con una subida de 9,5 céntimos (+7,8%).

Estarían eximidos de pagar la subida los transportistas y los agricultores, que disfrutan de una bonificación del gasóleo.

La Asociación del Transporte Urbano Colectivo (ATUC) pide que al menos una cuarta parte de lo que se recaude —unos 500 millones—se destinen a financiar e invertir en transporte público. La asociación recalca que, de esta manera, se contribuiría a que cada vez más usuarios opten por el transporte público para sus desplazamientos y a reducir el número de coches en circulación, disminuyendo así también los niveles de contaminación. Según ATUC, la financiación del sistema cuesta unos 5.000 millones de euros anuales, de los que aproximadamente la mitad se cubre con los ingresos por billete y la otra se sufraga con recursos públicos.

El 'dieselgate', evidentemente, despertó hace dos años la preocupación mundial por la contaminación de los vehículos diésel. Que se descubriese el fraude que Volkswagen perpetraba en los tests de homologación de sus coches para que superasen los exámenes pese a emitir más NOx de lo permitido, hizo abrir los ojos hacia unas partículas más contaminantes que el dióxido de carbono (CO2), un gas que, por el contrario, expulsan en mayor medida los coches de gasolina. El tráfico rodado origina el 50% de las emisiones contaminantes en los centros urbanos y, de ellas, más del 90% corresponden al tránsito de coches

Ninuguna se ha anunciado oficialmente, pero la propuesta alternativa de Presupuestos para 2018 que el PSOE presentó a las cuentas de Mariano Rajoy, allá por mayo, contemplaba un aumento de los ingresos de 6.420 millones que procederían de varias fuentes. Aparte de los 600 millones que se recaudarían por la mayor imposición al diésel, según el Gobierno se ingresarían otros 4.000 millones por elevar el tipo mínimo efectivo —después de las deducciones y exenciones— del Impuesto de Sociedades al 15%, y unos 1.900 millones por subir el IRPF al 52% para las rentas superiores a 150.000 euros.