El PP lleva menos de un mes en la oposición, pero su principal línea de ataque al Gobierno de Pedro Sánchez parece clara: los conservadores cuestionan abiertamente los apoyos que recibió el socialista para llegar a la Moncloa y siembran dudas sobre las "contrapartidas" que tendrá que pagar el presidente por sus votos en la moción de censura. Ante esa línea, el presidente pide al PP que no incendie el debate territorial.

Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, incidió en ese argumento en su primer cara a cara con el líder del Ejecutivo, este miércoles, en la primera sesión de control a Sánchez. Hernando le preguntó abiertamente "cuál es el precio que va a pagar" a quienes "han dado un golpe contra la Constitución, contra la unidad de España, contra la monarquía", al PNV y a "los amigos de la vieja ETA".

Según el conservador, Sánchez "ya ha empezado a pagar algunos precios". ¿Cuáles? El diputado popular considera que las declaraciones públicas de ministros que apuntan a una posible reforma constitucional o a la posibilidad de recuperar partes del Estatut de Cataluña rechazadas por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 2010 son algunas de las cesiones a los independentistas.

También citó el levantamiento del control previo de los pagos de la Generalitat –que es, en realidad, consecuencia del cese de la aplicación del artículo 155– y la reapertura de algunas embajadas de la administración catalana en el exterior. El conservador acusó incluso al Gobierno de estar "dispuesto a utilizar la política penitenciaria" para "hacer política". "Mi lealtad y la de mi grupo será con España, los españoles, la Constitución y el rey, no con usted", espetó Hernando a Sánchez.

El presidente, por su parte, pidió al PP una "reflexión" para que, como "partido de Gobierno" que es, no "agite la confrontación territorial". "Para eso están otros grupos que nunca han gobernado y resultan más creíbles que ustedes", consideró Sánchez, para quien "no es creíble" que el PP critique ahora durante a aquellos con los que "ha estado gobernando estos años" Rajoy, en referencia al PNV.

El socialista dijo que parte de la actual crisis territorial se debe a "la estrategia" que el PP siguió cuando estaba en la oposición a Zapatero, basada en "azuzar el agravio territorial", así como a su "ausencia" de una hoja de ruta efectiva cuando los conservadores estuvieron en el Gobierno. "Eso hace que ahora tengamos una crisis de enorme envergadura", comentó.

Por todo ello, pidió al PP que "haga oposición, pero no a costa de debilitar la convivencia", y que sea "tan leal como lo fue el PSOE con el PP ante la grave crisis territorial". "El Gobierno no va a pedirles su apoyo (...), pero sean leales con el Estado", zanjó.

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, dijo por su parte que "dialogar no es ceder, ni venderse al enemigo" y afeó al PP que "hable de pactos ocultos que ya saben que no existen". Batet agregó que los conservadores deben decidir si quieren estar "en la solución" y contribuir "activamente" a ella, o si quieren "continuar anclados en el problema para ver si sacan rédito político y electoral de él".

Juan Carlos Girauta, diputado de Cs, advirtió por su parte a Batet de que el PSOE no tiene "ni la mitad de una mayoría absoluta", por lo que la reforma constitucional es un plan "demasiado ambicioso para sus fuerzas". Girauta, además, tachó de "grave" que la ministra haya afirmado que la Constitución "ya no representa a la inmensa mayoría del pueblo español".

Batet replicó que "la única cuestión que hay que saber" es si el partido de Rivera va a mantenerse en sus "trincheras" para "alimentarse electoralmente" del problema catalán o si, por el contrario, se suma a las soluciones. "Hay que optar por la política, por el diálogo, que no quiere decir ceder, y por llegar a consensos, que no quiere decir venderse", concluyó.