La PAH de Barcelona interviene en un caso de la nueva modalidad de desahucio sin previo aviso

Miembros de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) y una afectada por un desahucio abierto en las puertas del bufete de abogados Alfi.
Miembros de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) y una afectada por un desahucio abierto en las puertas del bufete de abogados Alfi.
JULIO GUERRA
Miembros de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) y una afectada por un desahucio abierto en las puertas del bufete de abogados Alfi.

Miembros de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) han acudido este viernes a la sede del bufete de abogados Alfi, representante legal de la inmobiliaria Ento S.L., para defender a Voski, una mujer que se enfrenta a un desahucio abierto o sin previo aviso a partir del quince de junio, debido a una resolución del Juzgado de Primera Instancia número 35 de Barcelona.

"Esta situación (desahucio abierto) implica que a partir de esta fecha pueden venir cualquier día a desahuciarla", ha explicado Santi Más, portavoz de PAH, en las puertas de la sede de Alfi (ubicada en la avenida diagonal), acompañado de alrededor de 20 miembros de la organización.

"Es un gran propietario que se niega a negociar con Voski para garantizarle un alquiler social, para que ella pueda tener un realojo", ha indicado Más.

También ha denunciado que estos casos se repiten en la ciudad de Barcelona, donde "los fondos buitre y grandes propietarios desahucian a familias para maximizar sus propios beneficios". Ha recalcado que estas entidades "no tienen ningún tipo de preocupación social por las familias que sacan a la calle".

Discapacitada y sin poder trabajar

En ese sentido, la Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER) del Ayuntamiento de Barcelona dio a conocer en abril pasado que en 2017 gestionó 3.268 casos de desahucio, de los que pudo resolver un total de 1.362. Sin embargo, solo el 16% de las familias afectadas lograron mantener su domicilio.

Por su parte, la afectada ha indicado que su situación es "estresante" porque "no sé dónde voy a irme". Voski ha contado que en febrero de 2017 la operaron y está en situación de discapacidad, por lo que no puede trabajar.

Desde la inmobiliaria Alfi han respondido a los miembros de PAH que van a hablar con la propiedad para ver si le pueden trasladar los programas de alquiler social del Ayuntamiento. "Si el propietario quiere colaborar y entender cuál es la situación de vulnerabilidad de las familias, él no tendría ningún perjuicio económico. Al contrario, tendría beneficios", ha manifestado Más.

"Si no lo hace es porque es un especulador, y lo único que quiere es maximizar sus beneficios sin importarle el costo social que pueda tener su actividad", ha sentenciado.

Denuncia en los juzgados

El pasado jueves la PAH realizó una acción de denuncia en los juzgados ya que no entiende "por qué ahora algunos juzgados de Barcelona están usando esta vía que es altamente agresiva y brutal con las familias". Mas subrayó que "la ley obliga a que se pueda instar a los desahucios con fecha y hora".

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