El Ayuntamiento de Barcelona resolvió en 2017 un total de 1.362 casos de familias que iban a ser desahuciadas, el 41,7% de los 3.268 que gestionó. Así lo recoge el informe anual de la Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER) que ha presentado este martes la alcaldesa, Ada Colau, y que también muestra que de estas 1.362, 218 (16%) pudieron mantener su domicilio, mientras que para el resto las soluciones fueron otras.

Y es que del total de situaciones resueltas, un 58% se solventaron con una combinación de ayudas sociales del Consistorio y recursos residenciales no municipales, como por ejemplo, viviendas de alquiler en el mercado o de amigos o familiares. El 42% restante se resolvió con residencias que aportó el Ayuntamiento o mediante la conservación de la vivienda habitual de los afectados.

El regidor de Habitatge, Josep Maria Montaner, ha señalado que las 218 familias que pudieron conservar su piso en 2017 lo lograron a base de renegociar el contrato de alquiler mediante la UCER y que en la mayoría de casos los propietarios eran particulares. "Solo un 3% de los acuerdos fueron con entidades financieras", ha dicho.

El informe de la UCER señala, por otro lado, que los desahucios bajaron un 22,4% de 2014 (antes de que Colau estuviera al frente del gobierno municipal) a 2017, al pasar de 3.244 a 2.519, y un 6,4% entre el año pasado y el anterior (2.691).

En paralelo, las familias en riesgo de perder su vivienda atendidas por el Ayuntamiento subieron un 246% de 2014 a 2017 (de 679 a 2.351) y un 49,4% desde 2016 (1.574) hasta el año pasado.

Las 2.351 unidades familiares que recibieron atención municipal en 2017 representaron un total de 7.760 personas, de las que 5.383 eran adultas y 2.377, menores.

Nou Barris fue el distrito en el que el Consistorio prestó ayuda a más familias (390), seguido de Sants-Montjuïc (389) y Ciutat Vella (373), y donde se contabilizaron menos servicios fue en Les Corts (46).

En cuanto al régimen de tenencia de los afectados, el estudio revela que en el 51% de los casos estos estaban de alquiler y denuncia que la subida de los precios de los alquileres tiene un impacto "muy grande" en Barcelona, porque el 38% de los hogares son de arrendamiento.

Durante la presentación del informe de la UCER, Colau ha amenzado con llevar al despacho del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, "los miles de casos de desahucios" de la ciudad para que conozca "la realidad", si el Gobierno "persiste en facilitarlos". En este sentido, ha criticado que el Congreso haya debatido este martes una reforma de la ley "para acelerar aún más" estos procesos.

Además, ha exigido al Ejecutivo que se pase de los 467 millones de euros anuales que se destinan a políticas de vivienda a los 2.000, que impulse una reforma fiscal que acabe con las sociedades que especulan con los alquileres y que reforme la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para que los pisos vacíos se cedan para vivienda social. Y es que la alcaldesa se ha quejado de que el Ayuntamiento está haciendo un "sobreesfuerzo" para ayudar a las familias en situación de emergencia habitacional y lo ha considerado "insostenible".