Ángeles Carmona concede a 20minutos la primera entrevista después de la polémica sentencia de La Manada. La presidenta del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —que se ha fijado el objetivo de visibilizar a todas las víctimas de la violencia de género, no solo las que la sufren en el seno de la pareja y trabajar para que las mujeres confíen en la Justicia— dice que ya se nota en los juzgados el efecto de la sentencia de Pamplona con un incremento en los últimos días de las denuncias por abusos y agresiones sexuales. Lo achaca al eco mediático de la sentencia y al movimiento #cuéntalo de las redes sociales.

Carmona opina que lo más necesario ahora es la elaboración de "una ley específica de violencia sexual" y recuerda que es uno de los mandatos del pacto de estado de violencia de género. Una ley orgánica que introduzca la perspectiva de género permitiría que las víctimas de estos delitos reciban asistencia integral: psicológica, sanitaria, económica, y un acompañamiento especializado. "Esa ley incluirá, seguro, la modificación del Código Penal".

Mientras llega la ley, su observatorio tiene previsto solicitar al Ministerio del Interior que se disgregue por sexos en la estadística a las víctimas de violencias sexuales, para saber cuántas mujeres denuncian. "Hasta ahora hemos hecho muchísimo en el ámbito de la violencia en pareja, a partir de ahora hay que ampliar todos los esfuerzos a otros tipos de violencia contra la mujer, entre ellos la violencia sexual", asegura.

¿Ha podido leer la sentencia de La Manada? ¿Qué opina como presidenta del Observatorio judicial violencia de género sobre la misma?

Sí que me la he leído, es una sentencia que merece mucho interés y está teniendo mucha repercusión mediática. Sobre el fondo del asunto no me voy a posicionar para respetar la independencia judicial, sobre todo teniendo en cuenta que es una sentencia que no es firme. Ahora bien, sí me gustaría decir dos cosas. En primer lugar, los hechos que relata probados son actos de violencia de género, y esto es importante resaltarlo. Es violencia de género, porque la violencia sexual es una violencia ejercida contra la mujer por el hecho de ser mujer. Luego, el tribunal ha valorado todos los elementos de prueba que tenía a su disposición de acuerdo con la ley y la jurisprudencia y ha habido una condena. También es importante resaltar que no hay impunidad en estos casos y desde luego en los hechos probados se contiene la propia versión que la víctima ha relatado. El tribunal sí que ha dado credibilidad a la víctima. Ahora, donde hay discrepancia es en la calificación jurídica de los hechos y para eso están los recursos. Con la apelación a segunda instancia y el Supremo, la sentencia se puede revisar por otros tribunales, más garantías no puede haber.

¿Y qué opinión le merece el voto particular que ha sido tan criticado por determinadas expresiones como calificar de "jolgorio" los abusos?

Sí lo he leído. Sobre el voto particular no me puedo pronunciar sobre si existe o no existe algún tipo de expresión que puede conllevar alguna sanción disciplinaria, porque soy miembro de la comisión disciplinaria y en el supuesto de que llegue el caso (tras la denuncia de Women'Link admitida a trámite contra el voto particular por el CGPJ) voy a tener que pronunciarme.

¿A qué achaca la masiva respuesta en las calles contra la sentencia?

Esto es algo muy positivo. Las calles, la sociedad están empezando a sensibilizarse contra la violencia de género, y eso es algo que veníamos echando de menos: esa implicación, ese apoyo masivo a las mujeres victimas de violencia de género, y en concreto de violencia sexual. Yo creo que las manifestaciones del 8 de marzo han marcado un antes y un después en esas reivindicaciones de las mujeres. Las movilizaciones por el caso de La Manada son consecuencia de ese movimiento que está aquí y que ha llegado para quedarse. Que ha calado en España, pero no solo, es algo internacional.

¿No cree que la sociedad está mandando un mensaje de su desconfianza hacia la Justicia?

Bueno, yo creo que si existe desconfianza, a lo mejor por las críticas que ha sufrido esta sentencia, es muy injusto. La sociedad no debe tener desconfianza en la administración de la Justicia, porque llevamos muchísimos años trabajando en este tema de la vulnerabilidad de todas las personas por la violencia de género. Hay muchos recursos y muchos juzgados especializados, nuestra legislación es pionera en el mundo y ha sido premiada y replicada en otras legislaciones... Por supuesto que la gente tiene derecho a criticar cuando una resolución no gusta, por eso las resoluciones son públicas, pero si se ha difundido esa desconfianza es injusta absolutamente. El trabajo y el esfuerzo que se hace cada día en los órganos judiciales es muy considerable. Nunca podremos medir la cantidad de vidas que han podido ser salvadas, de mujeres que han podido ser protegidas y han podido salvaguardar su integridad, incluso sexual, por la cantidad de órdenes de protección, de condenas...

Uno de los análisis que se ha hecho de la lectura social de la sentencia es que en la calle y en los juzgados no se entiende lo mismo por violación.

Tienen razón. En la carta que han escrito tres magistradas a la víctima se refieren a eso, precisamente. El término violación no es jurídico, no está en el Código Penal. La semántica es muy importante, porque pone en el mundo un hecho. Es cierto que al no contener el término violación en la sentencia, ha habido discrepancias. Los delitos sexuales se pueden considerar como abuso o como agresión, dependiendo de si hay o no violencia e intimidación. Además, según dice la jurisprudencia, esa amenaza debe se expresa. Me gusta mucho como se expresó hace unos días un vocal del CGPJ. Dijo que en el caso de actos sexuales se pueden dar tres circunstancias: que la mujer consienta, y no es delito, que no consienta, y sean abusos, o que se produzca en contra de su consentimiento, que sería agresión sexual. Pero dejemos que los expertos delimiten esa calificación jurídica a través de los recursos.

Hasta la ONU se ha pronunciado, calificando la pena de "suave" y diciendo que la sentencia "subestima la gravedad de una violación".

La sentencia no es firme, y no me voy a pronunciar sobre si las penas son suaves o no suaves.

Hay quién echa en falta formación de género en los jueces, ¿considera necesario extenderla fuera de los juzgados específicos de violencia de género?

En el CGPJ hacemos un esfuerzo enorme en relación a la formación de jueces. Todos los que integran los juzgados de violencia de género hacen obligatoriamente un curso de formación especializada, que es una formación en concienciación de qué es la violencia de género, también la psicológica, estereotipos de género, tienen que hacer prácticas y luego tienen que hacer visitas a los recursos asistenciales, a las casas de acogida. Para que sepan a qué recursos pueden derivar a las víctimas. Solo en 2017 se han realizado casi veinte cursos específicos de violencia de género o igualdad. Hemos ofertado 4000 plazas. Es mucha la aceptación, contando con que son 5.000 los jueces en España. Sin duda alguna tenemos que pedir más formación a los jueces y juezas, y especificamente en la violencia sexual. Hace solo un mes hemos aprobado seguir dando cursos en este sentido.

¿Qué cree que pasará en apelación? ¿Llegará el caso hasta el Supremo?

Claro, depende de las partes, sin duda alguna. Yo pienso que es muy probable. Si el TSJN agrava la pena, será la defensa la que recurra al Supremo y si no lo hace, igual van al Supremo las dos partes. Sería muy, muy, muy interesante que el Tribunal Supremo se pronunciara, porque la jurisprudencia del Supremo es la que luego impregna la del resto de los tribunales.

¿Qué opina de que el Ministerio de Justicia encargara una reforma de los delitos sexuales en el Código Penal a una comisión sin mujeres?

A la hora de formar una comisión que vaya a ver un tema de violencia de género, como es la violencia sexual, es imprescindible que haya mujeres, pero no solo en esa es donde habría que introducirlas. En todas las comisiones es preciso que haya paridad, en virtud de la ley de igualdad. Aunque aplaudo que el ministro haya decidido que se incluyan mujeres en esta comisión que revisará los delitos sexuales.

Este fin de semana se ha detectado un fallo judicial que ha dejado a la vista la identidad de la víctima de La Manada, ¿no cree que puede detraer de denunciar a futuras víctimas por falta de confianza en las instituciones?

Desde luego lo que ha pasado con los datos personales de la víctima es un fallo garrafal y no podemos permitirlo en ningún momento. Ha habido una brecha en la protección de la víctima. Eso no quiere decir que no deban confiar en las instituciones. Hay que rectificarlo, poner todas las medidas para que no vuelva a ocurrir, pero hay millones de asuntos que jamás se revela la identidad de las víctimas. La protección de datos debe ser prioritaria, porque la vulnerabilidad en la que deja a una víctima, en este caso a una niña de 18 o 20 años, no se puede permitir.