El PSOE quiere que la futura Ley Orgánica de Protección de Datos, cuya reforma se tramita actualmente en el Congreso de los Diputados a iniciativa del Gobierno, reconozca el derecho de los trabajadores a no atender comunicaciones de sus empleadores una vez haya concluido su jornada laboral.

Los socialistas registraron ayer sus enmiendas al proyecto de ley, y entre ellas figuran medidas –que adelantó la Cadena SER y a las que ha tenido acceso 20minutos– para garantizar derechos digitales.

El PSOE, en concreto, plantea reconocer por ley que los trabajadores pueden no atender llamadas, mensajes o correos fuera de su horario y hasta el día siguiente. Las empresas, tras escuchar a los representantes de los trabajadores, tendrían que elaborar una política interna que, en función de las características del puesto, definiría los detalles de este derecho.

En palabras del secretario general socialista, Pedro Sánchez, en una futura reforma de la Constitución deberían reconocerse múltiples "derechos vinculados a la era digital, pero mientras tanto el legislador no puede mirar hacia otro lado".

El PSOE también propone que empresarios y trabajadores acuerden qué grado de privacidad tienen los empleados en los dispositivos informáticos proporcionados por la empresa, y que las compañías deban informar expresamente a sus plantillas si usan de cámaras de vigilancia en el lugar de trabajo.

Fuera del ámbito laboral, los socialistas piden que se reconozca el derecho de acceso universal a Internet para que todos los ciudadanos puedan conectarse a la red "independientemente de su condición personal, social, económica o geográfica". También quieren garantizar la neutralidad de la red, de modo que las empresas de telecomunicaciones no puedan discriminar a usuarios por razones técnicas o económicas.

Entre las enmiendas registradas ayer hay otra centrada en la protección de los menores, que regularía por ejemplo la publicación de datos o imágenes por parte de centros educativos y otras entidades vinculadas a personas de menos de 18 años.

Los medios de comunicación digitales, por su parte, tendrían que publicar una aclaración en las noticias que citasen a particulares cuya situación hubiera cambiado con posterioridad y que se sintieran perjudicados por la información original.

Redes sociales y plataformas equivalentes, finalmente, tendrían que velar por la veracidad informativa y eliminar, previa queja o aviso, los contenidos que "atenten contra el derecho constitucional a recibir o comunicar información veraz".