La Junta Única de Resolución (JUR) determinó que Banco Popular era una entidad solvente en un informe elaborado el 5 de junio de 2017, dos días antes de su venta a Banco Santander, al tiempo que la resolución tuvo lugar por la crisis de liquidez que sufría el banco.

Así se desprende de el informe provisional de Popular elaborada por la autoridad comunitaria presidida por Elke König, que se finalizó el 6 de junio y contiene información disponible hasta el 5 de junio. El objetivo de este documento era establecer si la entidad era inviable o existía la probabilidad de que lo fuera.

"La valoración provisional no indica que, en la fecha de la valoración, el banco sea insolvente. En particular, la autoridad de resolución no tiene indicación para considerar que el Grupo Banco Popular infringe los requisitos de capital", señala la JUR en este informe, que ha desvelado este viernes en parte tras haberse negado anteriormente a hacerlo público.

La presidenta de Santander, Ana Botín, se mostró a favor de publicar este documento, si bien manteniendo los aspectos referidos a las alianzas de Popular bajo confidencialidad. La JUR ya había señalado que la publicación de algunos detalles del informe podría alterar la estabilidad financiera y dañar los intereses comerciales de Santander, por lo que advirtió que mantendría el carácter confidencial de algunos aspectos referidos en el informe.

La delicada situación de liquidez de Banco Popular obligó a Deloitte a elaborar el informe sobre la valoración de la entidad que desembocó en su resolución en un periodo de tiempo "extremadamente corto", según expresa la propia auditora en dicho documento.

Deloitte explica que el trabajo "principal" se desarrolló a lo largo de doce días desde la fecha en la que tuvo acceso a la "información relevante", al mismo tiempo que señala que el tiempo necesario para "un proyecto de esta naturaleza" lleva "al menos seis semanas".

En consecuencia, la auditora y la institución comunitaria presidida por Elke König acordaron, el 28 de mayo de 2017, priorizar la revisión de la información disponible poniendo el foco "únicamente en los activos y pasivos clave en los que existe una incertidumbre considerable en su valoración".

Por tanto, Deloitte señala que no tuvo acceso a "cierta información crítica" y advierte de que el informe cuenta con un "alto grado de incertidumbre" y es "provisional". La firma también explica que la mayoría de la información de la que disponía eran datos del 31 de marzo de 2017.

El informe contempla tres escenarios de valoración de Popular en caso de resolución, uno de ellos positivo (+1.300 millones de euros), otro central (-2.000 millones de euros) y un último negativo (-8.000 millones de euros). En el momento de la resolución de Popular, las autoridades evitaron ofrecer el escenario positivo.

Según Deloitte, los activos inmobiliarios contaban con un déficit de provisiones de 2.600 millones en el mejor de los escenarios en caso de resolución, mientras que en el escenario central esta cifra se sitúa en 3.100 millones de euros negativos y en el peor de ellos en 3.400 millones de euros negativos.

En las conclusiones de este documento, la institución comunitaria subraya sin embargo que la solvencia de la entidad estaba en aquellos días "bajo condiciones de estrés" y que los mercados estaban descontando un déficit en la cobertura de préstamos fallidos así como la implementación de futura regulación; dos factores que estaban afectando a la posición de liquidez" del Popular.

Finalmente, la JUR apunta que fue precisamente la posición de liquidez y las condiciones de financiación del banco las causas que desembocaron en que el el Mecanismo de Supervisión del BCE declarase que la entidad era inviable o existía probabilidad de que lo fuese.

La JUR ha desvelado este viernes partes del informe preliminar elaborado por la propia institución, así como partes del informe de valoración de Deloitte, la decisión de resolución, el plan de resolución de Banco Popular de 2016 y la carta del proceso de venta. Este último documento describe los términos para realizar una oferta de adquisición y fue enviada el 5 de junio a BBVA y a Banco Santander, dos de los cinco posibles compradores.

Sin embargo, la JUR ha explicado en un comunicado que "a la luz de la inminente inviabilidad" de la entidad, se envió una carta de proceso de venta modificada a los dos mismos bancos con una reducción del plazo de presentación de ofertas" que invitaba a BBVA y a Santander a remitir una oferta "esa misma noche". Finalmente, Santander presentó la única oferta, por lo que la JUR dio instrucciones al FROB para que "ejercitase la amortización de las acciones existentes", que luego se vendieron a Popular.