Manuel Chaves y José Antonio Griñán
Los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto a los 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía en la sala de la Audiencia de Sevilla donde ha comenzado el juicio. EFE/Julio Muñoz

La segunda sesión del juicio por el denominado procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE), que se dirige contra los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos, se ha prolongado este jueves por espacio de casi cinco horas y ha finalizado a las 14,54 horas tras la lectura de los escritos de defensa de ocho de los acusados, entre ellos los de Chaves y Griñán, cuyos abogados han insistido en que sus patrocinados "ni conocieron ni pudieron conocer" el presunto fraude.

El juicio contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos acusados por el denominado procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas de los ERE ha comenzado a las 10.18 horas de este jueves con la lectura de los escritos de defensa, y con los 22 acusados ocupando los mismos asientos que en la primera sesión.

El letrado de la Administración de Justicia de la Sección Primera, Rafael Castro, ha dado lectura a parte del escrito de defensa presentado por el letrado de Chaves, Pablo Jiménez de Parga, que solicita la absolución de su patrocinado, porque "ni conoció ni pudo conocer las supuestas irregularidades vinculadas" a la concesión de ayudas sociolaborales.

Es probable que las cuestiones previas no comiencen hasta este viernesA continuación, se ha leído el escrito de defensa -concretamente de las páginas 13 a 21- del ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, que está representado por el abogado José María Mohedano.

Tras ello, el secretario judicial ha leído 20 páginas del escrito de defensa de Griñán, a quien también representa Mohedano, quien pide la absolución de su patrocinado porque "nunca" intervino en la concesión concreta de las ayudas y "no se ha acreditado que conociera el presunto uso irregular de fondos públicos, dado que no era de la competencia de su Departamento de Hacienda".

El abogado del exconsejero Antonio Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, ha solicitado la lectura únicamente de "pasajes significativos" de su escrito de defensa dada la extensión del mismo, de 81 páginas, y se ha ofrecido a leer él mismo el escrito en lugar del secretario judicial, lo que ha sido admitido por el tribunal.

También han procedido a la lectura parcial de sus escritos de defensa los abogados del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, Gonzalo Martínez Fresneda, y de la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, Rafael Alcácer Guirao.

Tras un receso de media hora, el juicio se ha reanudado con la lectura por parte de los abogados de los escritos de defensa de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, representada por Víctor Moreno Catena, y del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, tras lo que el tribunal ha dado por concluida la segunda sesión del juicio. De su lado, la defensa del exconsejero de Empleo José Antonio Viera ha renunciado a la lectura de su escrito de defensa.

"Sospecha ominosa", "conclusiones ridículas", "acusaciones enmarañadas" y "esperpénticas" o "errores garrafales" son algunos de los calificativos usados por los letrados de Chaves, Griñán o los exconsejeros de la Junta como Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo, para desmontar la existencia de delitos de prevaricación, malversación y asociación ilícita, por los que sus clientes se enfrentan a entre 2 y 10 años de cárcel.

Han negado la ilegalidad del "mal llamado procedimiento específico" por el que, entre 2001 y 2011, el Gobierno andaluz repartió más de 850 millones de euros en ayudas sociolaborales de forma "arbitraria" y "sin control", para reducir a "discrepancias entre criterios contables" los reparos por "inadecuado" que puso a este sistema el interventor, también imputado porque ni lo paró ni alertó de menoscabo de fondos públicos.

Cuestiones previas

El juicio continuará este viernes con la lectura de los escritos de defensa restantes, tras lo que las cuestiones previas, con casi toda seguridad, no tendrán lugar hasta el día 9 de enero, cuando estaba previsto inicialmente que comenzaran a declarar los 22 acusados.

Fuentes del caso han informado a Europa Press de que los abogados de los acusados plantearán media docena de cuestiones previas, siendo una de las más reseñables la que presentará el abogado de Griñán y del ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, José María Mohedano.

En este sentido, el letrado reclamará la nulidad de todas las actuaciones desarrolladas en la fase de instrucción por el juez de refuerzo Álvaro Martín al considerar que se vulneró el derecho al juez predeterminado por la ley que consagra el artículo 24.2 de la Constitución Española, por su designación como encargado de la instrucción de la causa de los ERE, tras la llegada de María Núñez Bolaños como nueva titular del Juzgado.

Y es que el abogado considera que este nombramiento sólo habilitaba a Álvaro Martín para realizar labores de apoyo o asistencia a la juez titular, todo ello en un caso que comenzó a instruir en enero del año 2011 la magistrada Mercedes Alaya.

Petición rechazada

Antes de comenzar con la lectura de los escritos de defensa en la jornada de este jueves, la abogada del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, Encarnación Molino, ha pedido a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla que se leyera el escrito de conclusiones provisionales presentado en esta pieza separada el día 17 de octubre de 2016 por la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía en el caso.

La letrada ha señalado que, después de que en la jornada de este miércoles se diera lectura a los escritos de acusación presentados por la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular que ejerce el PP-A, debería darse lectura al escrito presentado por los letrados de la Junta, que pidieron el archivo de la pieza política de los ERE. "Si no se leyera, quedaría incompleta la visión de las acusaciones", ha indicado Molino.

Uno de los abogados ha pedido que se lean las conclusiones del escrito de la Junta, pero se ha rechazadoEl magistrado ponente del juicio, Juan Antonio Calle Peña, ha rechazado dicha solicitud porque "no procede la lectura de un escrito de alguien que ya no es parte en el procedimiento" y que se ha "apartado" del mismo tras reclamar su archivo.

De este modo, la segunda sesión de la vista oral que se celebra en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla comenzará con la lectura de los escritos de defensa, todo ello después de que la primera jornada del juicio se haya centrado única y exclusivamente en la lectura de los extensos escritos de acusación formulados por la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular que ejerce el PP-A.

En declaraciones a los periodistas tras terminar la primera sesión del juicio, Alférez ha expuesto que los abogados defensores estaban "valorando si pedir que sean leídos todos los escritos de defensa", de la misma forma que han sido leídos los escritos de acusación, si bien finalmente solo se están leyendo algunas páginas de los mismos.

"Para colmar las garantías procesales se ha de dar lectura a los escritos de acusación, cosa que ya se ha hecho, y mañana las defensas valoraremos si se leen o no los escritos de defensa", ha dicho Alférez, señalando que "las garantías procesales son más importantes que lo farragoso o no de las sesiones".

El escrito de anticorrupción

La lectura de los escritos de acusación de Anticorrupción y del PP-A --Manos Limpias ha renunciado a que se lea el suyo al ser plenamente coincidente con el de la Fiscalía--, que se extendió por espacio de casi cuatro horas, corrió a cargo del letrado de la Administración de Justicia -antiguo secretario judicial-- de la Sección Primera de la Audiencia, Rafael Castro.

La jornada del miércoles se empleó íntegra en leer los escritos de acusaciónEn este sentido, el Ministerio Público atribuye a los 22 acusados un delito continuado de prevaricación, por el que pide diez años de inhabilitación, mientras que también ve responsables de un delito continuado de malversación de caudales públicos a 15 de los 22 ex altos cargos procesados.

Por ambos delitos, el Ministerio Público reclama seis años de cárcel y otros 30 años de inhabilitación para Griñán, mientras que a Chaves le reclama una condena de diez años de inhabilitación por el delito de prevaricación, no acusándolo de malversación.

Mientras tanto, el PP-A, que acusa a los 22 ex altos cargos de delitos de prevaricación, malversación y asociación ilícita, reclama dos años de cárcel y 22 de inhabilitación para Chaves y ocho de prisión y 42 de inhabilitación para Griñán.

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