Carmena demanda a Botella ante el Tribunal de Cuentas por la venta de inmuebles de la EMVS

  • Se trata de una demanda dentro del proceso civil que el tribunal ha abierto con motivo de la venta de 1.890 viviendas públicas a fondos de inversión.
  • El Consistorio les reclama el reintegro de 127 millones de euros en concepto del dinero que dejó de percibir la administración local por las operaciones.
  • Un informe de la Cámara de Cuentas regional concluyó el pasado junio que la venta se produjo de "sin la existencia de pliegos de condiciones de la venta".
  • Esta formulación de demanda se produce después de que la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto por vía penal la causa. 
La exalcaldesa de Madrid, Ana Botella.
La exalcaldesa de Madrid, Ana Botella.
EUROPA PRESS

El Ayuntamiento de Madrid ha presentado este jueves en el Tribunal de Cuentas una demanda contra la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella (PP), y su entonces equipo de Gobierno municipal por la venta de 1.890 pisos de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) a fondos de inversión inmobiliaria.

El Consistorio que encabeza Manuela Carmena (Ahora Madrid) les reclama el reintegro de 127 millones de euros en concepto del dinero que dejó de percibir la administración local por la operación.

La demanda se centra en dos operaciones. Por un lado, la enajenación de 34 viviendas y dos plazas de garaje en 2013 a las sociedades Avellanar Inversiones S.L. y Madrid Town Inversiones S.L., por un precio de 2.072.246 euros. La segunda, se centra en la venta de 18 promociones completas de viviendas protegidas (1.860 pisos), de sus elementos vinculados (garajes y trasteros) y de otros no vinculados (locales) —un total de 5.315— en 2013 a las sociedades Fidere Vivienda S.L.U. y Fidere Gestión S.L.U. por un precio global de 128.500.000 euros.

Según informa el Ayuntamiento, se trata de una demanda dentro del proceso civil que el tribunal ha abierto con motivo de la venta de vivienda protegida de la EMVS al este fondo de inversión.

El actual equipo de Gobierno entiende que la operación supuso un posible perjuicio económico a las arcas municipales y se dirige contra la alcaldesa en el momento de la venta, Ana Botella, y todos los miembros de su Junta de Gobierno, junto al entonces consejero de la EMVS, Fermín Oslé.

Esta formulación de demanda se produce después de que la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto por vía penal la causa de la venta de 1.860 viviendas a este fondo de inversión.

Esta decisión se produce tras los recursos de apelación presentados por el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación de Afectados por la Venta de Inmuebles de la EMVS contra un auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid de enero de este año que sobreseía provisionalmente la causa.

Según el nuevo auto, el recurso incluía el informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid del pasado mes de junio, que concluyó que la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) vendió 1.860 pisos "sin la existencia de pliegos de condiciones de la venta" y "aplicando exclusivamente las reglas del mercado".

Proceso irregular

Lo hizo "sin establecimiento previo del valor de mercado del bien a enajenar, que se fijó por acuerdo negociado entre el comprador y el órgano de contratación, y sin estudios o tasaciones previas que fijaran dichos valores", recoge el fallo.

Para los magistrados, de este informe "no puede predicarse la tacha de sospecha de partidismo" y, "aunque no se trate de un informe que fije de manera definitiva y vinculante nuevos hechos", sí aporta "datos inexistentes" hasta ahora.

En sus antecedentes de hecho, los magistrados aseguran que "aunque fue oportuno el sobreseimiento provisional entonces", ahora resulta "imposible de mantener", por lo que han procedido a reabrir la causa.

Esgrimen como razones que el informe de la Cámara de Cuentas otorga indicios de la presencia de delitos de prevaricación (sustitución de la ley por la voluntad del funcionario), malversación (apropiación o destino a terceros que se apropian de caudales públicos) y fraude (concierto entre entidades y funcionarios por un lado y terceros por otro, en perjuicio de entes públicos).

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