La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha colgado este viernes en su web una serie de recomendaciones legales para los funcionarios ante "los cambios políticos que se avecinan", en referencia a la Declaración Unilateral de Independencia y la puesta en marcha del artículo 155, ambas iniciadas este viernes.

El texto, en catalán, recoge lo que denomina como 'Reflexión jurídica general' y en el dice que "el artículo 155 de la Constitución española es un mecanismo de reacción ante el incumplimiento de una comunidad autónoma de las obligaciones que le impongan la ley o la Constitución, o ante una actuación que atente contra el interés general de España", arranca, para continuar con que esta acción "permite adoptar las medidas necesarias para que la Comunidad Autónoma cumpla forzosamente sus obligaciones, medidas que deben ser aprobadas por mayoría absoluta por el Senado. Estas medidas, en ningún caso, pueden suponer suprimir o reducir los derechos fundamentales de los ciudadanos (que sólo se pueden suspender de acuerdo con el mecanismo establecido en el artículo 55 de la Constitución), ni mucho menos pueden conllevar la derogación directa ni indirecta de las leyes".

ANC prosigue asegurando que "las leyes sólo se pueden modificar o derogar con los mecanismos que establece de forma expresa la Constitución, pero en ningún caso mediante acuerdos unilaterales del Estado, a propuesta del Gobierno. En consecuencia, las medidas del 155 no pueden comportar ni la derogación ni la inaplicación del Estatuto de autonomía de Cataluña, que tiene naturaleza de ley orgánica e integra el bloque de constitucionalidad".

Prosigue preguntándose retóricamente "¿por qué este 155 atenta contra los derechos fundamentales?" y responder que "las medidas impulsadas por el Gobierno del Estado atentan gravemente contra los derechos fundamentales de los catalanes, y suponen la derogación o inaplicación de parte del Estado de autonomía de Cataluña, sin apoyo legal ni jurídico para hacerlo", y desgrana a continuación las razones.

"La destitución del presidente y el Gobierno. Esta es una atribución que, de acuerdo con el artículo 67.7 del Estatuto, tan sólo se puede efectuar por renovación del Parlamento consecuencia de unas elecciones, por moción de censura o denegación de una cuestión de confianza, por fallecimiento, dimisión o incapacitación permanente, física o mental, reconocida por el Parlamento. Las medidas propuestas con la excusa del artículo 155 vulneran el Estatuto, y el mismo artículo 23 de la Constitución, que garantiza el derecho fundamental al sufragio, a la participación y la representación política. En cuanto al cese del Gobierno, el artículo 68.4 del Estatuto establece que está directamente ligado al cese del presidente; por tanto, las medidas propuestas vulneran la misma normativa especificada en el cese del presidente.

Prosigue asegurando que "las medidas propuestas, que afectan a la totalidad del Gobierno de la Generalitat, suponen un grave atentado al principio de democracia (principio preeminente ante el principio de estado de derecho) regulado en el preámbulo de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea. La afectación de departamentos como Educación o Interior, o los medios públicos de comunicación, también atenta contra el derecho de información, regulado por el artículo 11 de la Carta (libertad de los medios de comunicación y su pluralismo político); atenta contra la libertad de educación, establecido en el artículo 14; atenta contra la igualdad y no discriminación, que regulan los artículos 20 y 21 de la Carta. Además atenta también contra los derechos a la seguridad y de libertad de prensa, regulados por los artículos 17 y 20 de la Constitución".

En cuanto a la situación de los funcionarios y las autoridades de la Generalitat ante las medidas del 155, la ANC publica que "la obligación de los funcionarios y autoridades de cumplir la ley no ampara obedecer órdenes claramente contrarias a la legalidad vigente, que se desprende de los tratados de la Unión Europea (d aplicación directa en España), de la Constitución española, del Estatuto de autonomía y el resto de normativa. La obligación de los funcionarios de cumplir la ley implica que los funcionarios no deben cumplir las instrucciones que alguien pueda dar amparándose en estas medidas del artículo 155 propuestas por el Gobierno del Estado, desde el momento que son medidas claramente contrarias al ordenamiento jurídico".

La ANC habla de dos escenarios posibles a partir de la aplicación del 155 "cuando el Parlamento deberá levantado la suspensión de la Declaración de independencia de Cataluña y el Gobierno de España tratará de aplicar su dictado de excepción":

1) "Que la República Catalana pueda oponerse de manera efectiva. Los funcionarios son llamados a sostener el gobierno y el parlamento legítimos".

2) "Que la violencia policial y militar española se imponga en primera instancia, parcial o totalmente. Haremos resistencia pasiva también desde la misma administración, ante una autoridad no electa, ilegítima, que pretende dar instrucciones que contradicen los fundamentos del estado de derecho y persiguen los derechos fundamentales de la ciudadanía a la que nos debemos".