Los miembros del jurado han considerado probado que el día 9 de octubre, D.S.G, salió de su casa de San Juan de Paluezas con una escopeta y cartuchos, para intentar matar a una zorra que le comía las gallinas, mientras se dirigía a un bar situado en Villaverde de la Abadía.

También han considerado probado que el ahora culpable se fue del bar anteriormente mencionado hacia el paraje conocido como 'Pousafoles', donde dejó la escopeta cargada sobre el capó de su vehículo y se puso a recoger castañas de unos árboles familiares.

Fue en ese momento cuando, según el relato que ha dictaminado probado el jurado popular del caso, su sobrino, J.R.S., llegó al citado paraje y se acercó a él para, tras una acalorada discusión, recibir un único disparo que impactó contra su hemitórax izquierdo y le causó la muerte en el acto.

Para el jurado popular, D.S.G., profirió dicho disparo con la intención de matar a su sobrino, pero sin el propósito de hacerlo de forma sorpresiva y sin impedir que este pudiera reaccionar.

Tras disparar a su sobrino, el declarado culpable llamó al 112 explicando lo sucedido y, posteriormente, se dirigió al cuartel de la Guardia Civil de Ponferrada, donde se entregó y mostró el arma con la que se había cometido el crimen.

Finalmente, se han considerado atenuantes del crimen que, en el momento de su ejecución, D.S.G. se encontraba levemente afectado por una ingesta previa de alcohol, lo que disminuyó sus capacidades intelectivas, así como que la discusión entre tío y sobrino le hiciera entrar en un estado de temor y miedo que redujo su capacidad decisoria y efectiva.

Por todo ello, el jurado popular reunido en la Audiencia Provincial de León ha declarado a D.S.G. culpable de un delito de homicidio doloso por haber dado muerte de forma voluntaria a su sobrino, J.R.S., sin el propósito de hacerlo de forma sorpresiva, ni tratando de impedir que éste último pudiera reaccionar y defenderse y sin ningún riesgo para él, al pensar y creer que J.R.S. portaba un arma.

Una vez declarado culpable, D.S.G. se encuentra a la espera de que la Audiencia Provincial de León emita una sentencia condenatoria y establezca la pena correspondiente. Para él, tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular solicitan una pena de 10 años de cárcel, mientras que la defensa pide cinco.

Asimismo, solicitan una indemnización de 20.000 euros para la madre de la víctima y 6.000 euros para cada uno de sus tres hermanos.