El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha llegado a la Audiencia Nacional a las 9.27 horas para declarar por segunda vez imputado de un delito de sedición por la "inacción" que, según la Guardia Civil, mantuvo la Policía catalana en los días previos al 1-O y durante el referéndum.

Ha llegado de paisano, vestido con un traje gris y semblante serio, acompañado por dos hombres y ha declinado hacer ningún comentario al casi centenar de periodistas que se congregaba en las puertas de la Audiencia Nacional.

Trapero está citado a las 10.00 horas junto con los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, y la intendente de los Mossos Teresa Laplana, todos ellos investigados por un delito de sedición penado de entre 8 a 15 años de cárcel.

Sánchez y Cuixart, han llegado a las 9.47 horas a la Audiencia Nacional para declarar por segunda vez imputados por sedición por su papel "esencial" en la hoja de ruta independentista del Govern. A su llegada, les han aplaudido una veintena de diputados independentistas con consignas como "No estáis solos", a las que han respondido sonriendo.

La jueza y la Guardia Civil creen que "forman parte de un comité estratégico con unas funciones concretas a ejecutar" para conseguir la independencia de Cataluña e, incluso, les sitúan "en una posición decisoria similar" a la que ostenta la cúpula de la Generalitat, mientras que Trapero sería el brazo ejecutor del plan independentista.

Antes que ellos declaran ya en calidad de testigos dos guardias civiles y la secretaria del Juzgado número 13 de Barcelona que, ante el asedio por el que varios agentes permanecieron casi 24 horas encerrados en la Consellería de Economía el pasado 20 de septiembre, tuvo que salir del edificio por un teatro anexo camuflada entre el público.

Los investigados ya comparecieron el pasado día 6 ante la juez Carmen Lamela, que les volvió a citar a la vista de un segundo informe del instituto armado que extiende los hechos investigados al 1-O.

En dicho atestado la Guardia Civil acusa a Trapero de "inacción" y de ser el brazo ejecutor del plan independentista, mientras que a Cuixart y Sánchez les sitúa dentro del "comité estratégico" para conseguir la independencia de Cataluña, con capacidad "decisoria similar" a la cúpula de la Generalitat.

Dada la expectación que sus comparecencias pueden generar, se ha mantenido el fuerte cordón policial desplegado alrededor de la Audiencia Nacional el pasado 6 de octubre para garantizar el perímetro de seguridad.

En este nuevo atestado, la Guardia Civil extiende los hechos hasta el día del referéndum y considera "evidente" que el comportamiento de los mossos durante la preparación y la celebración del 1-O no respondía a la voluntad individual de los agentes.

Al contrario, era parte de un "plan premeditado para evitar actuar y que no podía más que proceder de la cúpula policial de Mossos", comandada por Trapero "y en conexión directa con miembros del comité estratégico", entre ellos Puigdemont.

Sin embargo, según declaró el mayor de los Mossos el día 6, la actuación del cuerpo durante el asedio a la Guardia Civil fue "correcta y necesaria" pese a que no se les avisó "con suficiente antelación".

El líder de ANC únicamente contestó a las preguntas de su abogado y definió la "manifestación" del 20 de septiembre como "pacífica y no violenta" y que no pretendía "alterar el orden". Jordi Cuixart, sin embargo, declinó contestar a las partes.

Ambos plantearon una declinatoria de competencia a favor de los juzgados de Barcelona, que fue rechazada por Lamela en un auto en el que reiteraba la competencia de la Audiencia Nacional en la investigación del delito de sedición al tratarse de unos hechos que supusieron "un ataque a la forma de gobierno".

Para Lamela, no se tratan de hechos "aislados" sino que formaron parte de una hoja de ruta para la independencia, donde ANC y Òmnium juegan un papel "esencial".