Pena de muerte
Una camilla preparada para administrar la inyección letal, en una imagen de archivo. ARCHIVO

Dos responsables de Naciones Unidas y otras voces pidieron este miércoles al gobernador del estado estadounidense de Virginia que perdone a un condenado a muerte, afectado por delirios psiquiátricos según sus defensores.

Está previsto que William Morva, un asesino de doble nacionalidad húngara y estadounidense, reciba una inyección letal el jueves, pero el caso de este hombre de 35 años ha relanzado un debate en Estados Unidos sobre las ejecuciones de presos que sufren patologías mentales.

"Estamos profundamente preocupados por las informaciones que sugieren que el primer juicio de Morva no respetó las reglas de equidad", señalaron en un comunicado Agnès Callamard y Dainius Puras, expertos especiales de la ONU sobre ejecuciones arbitrarias y el derecho a la salud física respectivamente.

"Estamos inquietos por el deterioro de su condición psico-social", añadieron estos expertos, denunciando como "forma de discriminación" la ausencia del ingreso del paciente en un centro de asistencia psiquiátrica.

Morva fue encarcelado en los años 2000 por un intento de robo a mano armada y un día de agosto de 2006, mientras se encontraba en el hospital para ser cuidado de unas heridas leves, golpeó al policía que le vigilaba, tomó su arma y disparó a un guardia de seguridad, Derrick McFarland, causándole la muerte. Al día siguiente, en una persecución en el campus universitario de Virginia Tech, mató de un disparo a otro policía, Eric Sutphin.

Morva fue condenado a muerte en 2008 a pesar de que dos médicos le diagnosticaron desórdenes de tipo esquizofrénico. Además de los dos responsables de la ONU, varios legisladores y la mayor organización estadounidense de defensa de los derechos civiles, ACLU, pidieron que Morva se beneficie de una medida de clemencia.

La pelota se encuentra ahora en el campo del gobernador demócrata de Virginia, el católico Terry McAuliffe, que, a pesar de haberse declarado personalmente opuesto a la pena de muerte, ha permitido ejecuciones en su estado.