El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) que impute al presidente de esa región, Pedro Antonio Sánchez, por cohecho, fraude y revelación de información por su presunta participación en la trama Púnica, en contra del criterio de Anticorrupción. Velasco ha elevado una exposición razonada al TSJM al apreciar indicios de que Sánchez pudo haberse beneficiado de servicios de reputación personal prestados por empresas de la red Púnica y pagados con dinero público.

En su exposición razonada, el magistrado justifica su decisión en que el investigado concertó trabajos con el informático experto en reputación en Internet Alejandro de Pedro (conocido como el conseguidor de la Púnica) para "limpiar" con dinero público su imagen en las redes sociales con motivo de la campaña para las elecciones a la presidencia de la región en 2015. Con esta acción "lastimó los intereses de la Administración Pública que no debe correr con semejantes gastos particulares", según precisa el magistrado instructor, que añade que en el momento de los hechos, Sánchez era consejero de Educación y concertó este acuerdo para lavar su imagen "dada la cantidad de investigaciones penales a las que había y estaba siendo sometido por su actuación pública".

El juez admite en su auto que el contrato no se llegó a materializar porque pocos días después de llegar al acuerdo estalló el caso Púnica y se ordenaron las detenciones de los cabecillas de la trama, pero cree que ello no impide que se le pueda imputar un delito de fraude, ya que este se consuma por el solo hecho de concertar el contrato. Añade que si el contrato se hubiera realizado habría sido un delito de malversación. El magistrado se atiene a una reforma del código penal en la que se sanciona igualmente la conspiración para cometer delitos, aunque estos no se culminen.

Velasco explica que los trabajos reputacionales, presupuestados en 4.600 euros al mes, son constitutivos de delito de fraude porque, aunque no se llegaron a cobrar dado que días después estalló la trama Púnica, sí existió "acuerdo y concertación", "lastimando los intereses de la Administración Pública, que no debe correr con semejantes gastos particulares".

La Fiscalía, por su parte, informó en contra de esta imputación en un documento controvertido que firmó la teniente fiscal de Anticorrupción después de que las fiscales del caso se negaran a hacerlo, una circunstancia que motivó la comparecencia del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en el Congreso. Según el criterio del Ministerio público, se opone a imputar a Sánchez porque considera que "no llegaron a formalizarse los contratos de publicidad" y, por tanto, no hubo perjuicio para las arcas públicas.

Al elevarlo al TSJ de Murcia, ahora será el tribunal superior de la región el que deberá investigarlo y, juzgarlo si así procede, dada su condición de aforado.

Paralelamente, el presidente murciano no ha acudido al Comité Ejecutivo del PP nacional que se ha celebrado este lunes en la sede del partido en Madrid, porque su prioridad "es la Región de Murcia" y va a dedicar el día a "preparar el debate de la moción de censura" presentada por el PSOE, y que se celebrará este jueves, según ha informado el portavoz del PP en la región, Víctor Martínez.

No obstante, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha señalado tras concoerse la noticia que la dirección nacional del partido mantiene su misma posición de apoyo a Sánchez, porque entiende que su situación procesal no ha cambiado y ha defendido ir "paso a paso" en este asunto. "Si hay algún cambio en relación a la situación procesal del presidente de Murcia podremos cambiar nuestra opinión, pero hoy por hoy sigue siendo la misma", ha dicho Casado en rueda de prensa tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP que ha presidido el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y en la que no se ha tratado el caso del presidente murciano.

La noticia se suma a la investigación de la que Sánchez ya es objeto por el caso Auditorio, en el que se investigan las irregularidades cometidas en las obras del Auditorio de Puerto Lumbreras, municipio del que fue alcalde, y a la moción de censura contra él que ha presentado la oposición y que se debate esta misma semana.