"El IVA está siendo generador de desigualdades entre los grupos de distintas discapacidades, y las más perjudicadas son las personas con baja visión". Así de contundente se expresa Matías Sánchez Caballero en la carta que le ha remitido al Defensor del Pueblo y en la que expone la "discriminación" que supone para las personas con alto déficit visual pagar entre un 10 y un 21% de IVA a la hora de comprar productos de apoyo, mientras equipos usados por otros colectivos son gravados con el 4%.

Él es la cabeza visible de un grupo de trabajo de reciente creación denominado Aviba. Con unos 25 miembros, su objetivo es ganar en accesibilidad para las personas con baja visión y contribuir a mejorar su calidad de vida y su autonomía. Para ello, entre sus principales reivindicaciones se encuentra la de un cambio tributario. "En la primera reunión decidimos mandarle una carta a la defensora del pueblo", cuenta al otro lado del teléfono.

A la espera de tener respuesta a esa misiva, Matías ha llevado el tema hasta el Congreso. Este miércoles se reunió en la Cámara baja con la vicepresidenta primera de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, María Luz Martínez Seijo, y con el portavoz de dicha comisión, Joan Ruiz i Carbonell, ambos del PSOE. "Me han solicitado más información. Me han dicho que trabajarán con lo que les envíe y que realizarán una petición formal al Parlamento", apunta.

Ante ambos diputados, Matías denunció que "el tipo súper reducido no se aplica en ninguno de los dispositivos que utilizan las personas con problemas visuales". En esos casos, el porcentaje mínimo es del 10% que se paga por ejemplo por unas líneas Braille. "Y eso porque se considera que es un producto específico para alguien con una discapacidad. Pero como una lupa de bolsillo, que es la que yo uso para ver las letras pequeñas y que además me la ha prescrito la óptica, la puede comprar cualquiera, tiene el 21%", critica, el mismo porcentaje que le han aplicado en unas gafas de sol con un filtro de luz en las que acaba de gastar 300 euros.

En la carta remitida al Defensor del Pueblo, Aviba menciona la norma UNE-EN ISO 9999, sobre productos de apoyo, todos aquellos "disponibles en el mercado para prevenir, compensar, mitigar o neutralizar una deficiencia, discapacidad o minusvalía". "De dicha norma se extraen los filtros de luz, gafas y lentes de contacto, sistemas de lentes para aumento, binoculares y telescopios, productos para ampliar y ajustar la gama y el ángulo del campo de visión y sistemas de vídeo para aumentar la imagen", agrega el texto.

"Me están aplicando el 21% a un producto que sirve para mitigar mi problema", se queja este hombre. "Si los derechos de las personas con discapacidad dicen que todos somos iguales, por qué algunos pagan el 4% y yo el 10 o el 21", se pregunta.

En España hay aproximadamente cuatro millones de personas con discapacidad, según el Instituto Nacional de Estadística, de las que el 25% presenta una deficiencia visual. Los últimos datos disponibles, referentes a 2008, reflejan que de ese aproximadamente millón de ciudadanos, 58.300 son ciegos y 920.900 tienen baja visión. La discapacidad visual puede ser moderada, cuando la agudeza visual se sitúa entre 0.3 y 0.1; grave, entre 0.1 —desde el que es posible afiliarse a la ONCE— y 0.05, y ceguera, con valores inferiores a 0.05.

"Entre el ciego total, que no distingue ni siquiera la luz, hasta quien ve perfectamente hay un rango tremendo", señala Matías. "Entendemos por baja visión aquella persona que tiene un déficit visual grave y que no lo puede arreglar ni con operaciones ni poniéndose gafas", explica. La agudeza visual inferior a 0.3 está reconocida con una discapacidad del 33%, el mismo porcentaje a partir del cual la Ley del IVA fija que se aplicará el tipo súper reducido a las sillas de ruedas, vehículos y prótesis, órtesis e implantes internos, siempre que se presente un certificado.

Matías no se opone a que las personas con baja visión tengan que mostrar un documento que acredite su grado de discapacidad para poder beneficiarse del 4%. Es más, propone que sean productos que se prescriban, "igual que cuando alguien va a la farmacia con una receta".

A este madrileño de 47 años le detectaron miopía magna cuando era un niño. Fue perdiendo visión de forma gradual, algo a lo que no le prestó atención, hasta que con 28 años acudió a renovarse el carné de conducir. En ese momento recibió "el primer golpe": "Me dijeron que no superaba la prueba. Lo primero que pensé es que serían las lentillas, que estaban viejas, y me aconsejaron que las renovara porque estaba en el límite. Lo hice y pasé, pero por los pelos".

Su agudeza visual fue empeorando paulatinamente hasta bajar al 0.1 y, con una discapacidad del 78%, hace unos seis años tuvo que terminar pidiendo una incapacidad laboral. "Empezaba a acercarme demasiado al ordenador y llegó un punto en el que ya no veía ni acercándome", recuerda este ingeniero de telecomunicaciones.

Sus problemas de visión le obligaron a dejar el empleo pero no le han impedido seguir activo y ha enfocado su vida a asesorar y ayudar a personas que se encuentran en su misma situación. Tras cursar un programa superior en Diseño para Todos y Accesibilidad Universal en las TIC y hacer dos máster, uno en Tecnología Digital y Sociedad del Conocimiento y otro en Comunicación y Educación en la Red, en 2013 comenzó a dar talleres y charlas sobre nuevas tecnologías y cómo hacer que las personas con baja visión puedan usarlas.

Metido de lleno en esa nueva faceta fue cuando se enteró, en torno al año 2015, de las diferencias impositivas entre los productos de apoyo existentes para mitigar las deficiencias de las distintas discapacidades.

Como representante de Aviba, Matías se ha puesto en contacto con las diferentes asociaciones de enfermedades oculares para, a través de la unión, ganar en fuerza. "Cada patología presenta sus problemas pero hay una cosa que tenemos en común: la falta de accesibilidad", defiende. Además ha enviado una carta a la sociedad de profesionales especialistas en baja visión "porque ellos también están interesados en esto".

Su labor por el momento se centra en las instituciones nacionales pero no descarta acudir a instancias internacionales. "Si no nos hacen caso aquí, si el Defensor del Pueblo nos dice que no, ya estoy en contacto con el Foro Europeo de la Discapacidad", advierte.