El Gobierno de Mariano Rajoy ha conseguido el aval que esperaba del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para reabrir la central nuclear más antigua de España, la de Santa María de Garoña (Burgos), y plantear, de forma definitiva, la ampliación de la vida útil del resto de plantas nacionales más allá de los 40 años para los que fueron diseñadas inicialmente.

El voto favorable de los cuatro miembros del pleno del CSN nombrados a propuesta del PP se impuso al de la socialista Cristina Narbona, que denunció que el dictamen técnico elaborado por las direcciones generales de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del organismo regulador contiene dos circunstancias inéditas.

La primera es que Nuclenor, la sociedad a través de la que las eléctricas Endesa e Iberdrola gestionan Garoña, no ha concluido las obras estructurales que el CSN le exigió por carta en el año 2015. Dos de ellas de ellas (la mejora del aislamiento del reactor y la protección de los equipos de la turbina ante una posible caída del techo) están "prácticamente finalizadas", según afirmó a preguntas de 20minutos el responsable de Seguridad Nuclear, Antonio Munuera. Otras dos (el nuevo sistema de tratamiento de gases y la separación completa del cableado del sistema eléctrico, que existe por duplicado para evitar un desabastecimiento total en caso de emergencia) están en fase de implantación.

"No implicaba obligatoriedad. Es una carta como otras que se envían", trató de justificar el consejero Fernando Castelló cuando se le recordó que la misiva establecía la finalización de los trabajos como un elemento "necesario" para emitir un informe favorable. Así lo expresó también Fernando Marín, presidente del CSN, a pesar de que defendió lo contrario durante su última comparecencia en el Congreso de los Diputados. Marín aseguró ayer, a preguntas de los medios, que no recordaba sus palabras.

La Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (ASTECSN) también contradice la versión oficial del CSN. "Dichas modificaciones deberían estar implantadas como condición previa (...) Así se le indicó al titular de la central mediante carta emitida en abril de 2015", apuntan los especialistas. Endesa e Iberdrola, por su parte, se negaban a hacer más inversiones en Garoña a menos que se les garantizase su viabilidad, como ha ocurrido ahora, según fuentes del sector.

La segunda excepcionalidad es que el regulador renuncia a fijar un plazo de vigencia de la autorización (Garoña la ha solicitado hasta 2031, cuando cumpla 60 años). Esa potestad queda, ahora, en manos del Gobierno. Por primera vez desde 1999, insistió Cristina Narbona, no se establece el límite temporal habitual de 10 años bajo el que sí funcionan las otras cinco centrales españolas. Ello incumple la guía de seguridad vigente y las buenas prácticas reconocidas por los organismos internacionales de energía atómica.

"La guía está revisándose ahora, pero sigue vigente. En ningún sitio se justifica la eliminación de la renovación en períodos de 10 años. Solo cuando uno va a los comentarios encuentra que Unesa [la patronal del sector eléctrico] ha pedido eliminarlo porque, textualmente, podría interferir en la reapertura de Garoña", denunció la exministra de Medio Ambiente durante la rueda de prensa urgente convocada por el CSN para explicar su decisión.

La autorización para que Nuclenor reconecte la planta a la red depende ahora del Ministerio de Energía, que se da seis meses para hablar con todos los actores antes de tomar una decisión definitiva. Nuclenor estima que podría acabar las obras más importantes que se le demandan en un plazo de 12 meses. En conjunto, el CSN ha condicionado su apoyo definitivo a 10 acciones y 15 actuaciones complementarias.

Sin embargo, PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PNV y parte del Grupo Mixto se oponen frontalmente a la reactivación. "Si el Gobierno sigue adelante propondremos a los grupos una ley que cierre definitivamente Garoña", declaró Juan López de Uralde, coportavoz de Equo.

La oposición cree que el ministro Álvaro Nadal quiere usar el informe del CSN para sentar un precedente y alargar la vida del resto de las nucleares, cuyas autorizaciónes para operar caducan al final de la presente legislatura: 2020 para Almaraz I y II (Cáceres), 2020 y 2021 en el caso de los reactores I y II de Ascó (Tarragona), 2020 para el II de Vandellós (el I, también en Tarragona, ya está en proceso de desmantelamiento), 2021 para Cofrentes (Valencia) y 2024 para Trillo (Guadalajara). Juntas producen más del 20% de la electricidad española.

Javier Dies, consejero del CSN a propuesta del PP, recordó ayer que Francia, EE UU, Suecia o Canadá ya han superado la barrera de los 40 años de uso de las nucleares y se encaminan hacia las seis décadas, cuando no a las ocho.

El PP reconoce que las renovables "son el futuro" -este es el motivo de que vaya a sacar a subasta la instalación de 1.000 megavatios para la generación de electricidad mediante energías limpias-, pero advierte de que la dependencia energética de España impide desconectar de golpe las plantas radiactivas. Las energías alternativas, sostiene el partido, aún no pueden producir de forma constante todo el volumen necesario para el sistema, situado en 265,3 teravatios para todo el 2016, un 0,8% más que en el año anterior, según Red Eléctrica.

La nuclear, recuerda el PP, es una energía con un coste de producción barato, por lo que los 466 megavatios de Garoña podrían ayudar a contener los precios de la electricidad. Las organizaciones ecologistas insisten, en cambio, en que la central salió del sistema en 2012 sin que ello supusiese una subida.

Garoña no solo es la más antigua de las seis centrales nucleares españolas, sino que también es la más pequeña con solo 466 megavatios de potencia, frente a los más de mil con que cuentan el resto de factorías.

Su funcionamiento fue puesto en cuestión hace más de una década. El segundo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo prorrogó parcialmente de 2011, justo cuando cumplían 40 años de producción, a julio de 2013. La medida no contentó a Nuclenor, que demandó al Estado en base a un informe del CSN que avalaba la extensión de la vida útil de la central hasta 2019, pero la Audiencia Nacional desestimó su reclamación.

La empresa desconectó Garoña de la red en diciembre de 2012, seis meses antes lo previsto, alegando que el mantenimiento de la central y los nuevos impuestos que el primer Ejecutivo de Mariano Rajoy impuso sobre los residuos nucleares le provocaría unas pérdidas de 96 millones de euros. La Comisión Nacional de la Competencia y los Mercados multó a Nuclenor con 18,4 millones de euros por dejar de producir sin la autorización correspondiente.