El máximo responsable de la web del proceso participativo del 9N sobre la independencia, Joan Cañada, ha asegurado este martes en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que no introdujeron más contenidos en esta página una vez que el Tribunal Constitucional (TC) suspendió la consulta el 4 de noviembre de 2014.

En su declaración como testigo en el juicio del 9N, también ha explicado que informó a la entonces vicepresidenta del Govern, Joana Ortega -acusada en la causa-, de la "imposibilidad" de hacer desaparecer la web, que todavía hoy se puede encontrar en Internet.

"Por lo que a mí me consta, no se introdujo otro dato en la web después del día 4. Que pasara por mí no se introdujo ningún contenido", según Cañada, a quien Ortega había encargado el diseño y coordinación de la consulta.

Sin embargo, el fiscal sostiene que la web se mantuvo activa tras la suspensión y que Ortega "en ningún momento ordenó desactivar" los vínculos a la página y ni siquiera retirar los logotipos de la Generalitat, hasta llegar a publicarse en la misma los resultados de la consulta.

La Fiscalía trata de demostrar que el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, y las entonces conselleras Joana Ortega e Irene Rigau continuaron con los preparativos de la consulta tras la suspensión y que no lo dejaron en manos de los voluntarios, como los acusados sí sostienen.

Cañada, pese a ser el máximo responsable de la página web, ha explicado al tribunal que no es un experto en informática, que sus conocimientos "son pocos", y que los trabajos de la página se los encargaron al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI) que, a su vez, lo encomendó a empresas privadas.

Antes de empezar a contestar las preguntas del fiscal, Cañada ha expresado al tribunal su "profunda admiración" por Mas, Rigau y Ortega, y una especial estima por esta última, pero ha asegurado que eso no impediría decir la verdad en su declaración como testigo.

El director del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) durante el 9N, Jordi Escalé, ha reconocido hoy que se repartieron ordenadores de la Generalitat para la votación los días 7 y 8 de noviembre, cuando el Tribunal Constitucional ya había suspendido la consulta.

Escalé, que actualmente trabaja para el sector privado, ha comparecido también este martes como testigo en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Durante un exhaustivo interrogatorio al que le ha sometido el fiscal Emilio Sánchez Ulled, Escalé ha asegurado que antes del 4 de noviembre ya habían instalado el programa elaborado por T-Systems, para poder efectuar la votación, en unos 7.000 ordenadores adquiridos por la consellería de Enseñanza, así como sistemas de seguridad para que no hubiera vulneración de datos de participantes.

El testigo ha explicado que, antes del 4 de noviembre, ya se habían repartido algunos ordenadores en unos 500 municipios catalanes, si bien el resto de terminales, los que iban destinados a institutos en los que se podía votar el 9N, se repartieron durante los días 7 y 8 de noviembre, para no interferir en la "actividad normal" de los institutos.

El fiscal le ha preguntado entonces cómo puede ser que T-Systems hubiese facilitado el sistema para que se instalara en los ordenadores antes del 4 de noviembre, teniendo en cuenta que la proveedora no certificó la entrega del programa hasta el día 6 de noviembre, a lo que el testigo ha respondido indicando que con anterioridad ya les habían facilitado un programa máster.

Escalé ha asegurado que no le constaba que del 4 al 9 de noviembre funcionarios del CTTI estuviesen implicados en el proyecto del 9N, porque todo el trabajo ya estaba hecho y no era necesario.

Durante su declaración, el testigo también ha reconocido que un responsable de T-Systems le envió una carta en la que le planteaba dudas legales sobre si tenían que proseguir con el pedido y encargarse del mantenimiento de los ordenadores una vez suspendida la consulta, por lo que lo puso en conocimiento de su superior, el entonces conseller de Empresa y Ocupación Felip Puig.

Cuando recibió la respuesta -en la que la Generalitat garantizaba por escrito que la compañía no incurría en ninguna irregularidad si seguía adelante con el encargo-, Escalé la remitió a la contratista, que también había comprometido, con anterioridad al 4 de noviembre, un servicio de refuerzo de técnicos para el día de la votación, por si había algún problema informático.

El testigo ha alegado también que no recordaba si a partir del día 4 de noviembre el CTTI formó a voluntarios para que conocieran el programa informático diseñado para la consulta, aunque ha precisado que algunos trabajadores de este centro eran voluntarios.

El responsable del CTTI también ha indicado que la web creada por la Generalitat para la consulta "www.participa2014.cat" se podría haber eliminado, aunque nadie del gobierno catalán se lo pidió, pese a la suspensión de la consulta por el TC el 4 de noviembre.